El presente texto forma parte del artículo «Hablemos de las universidades» en el que se nos ofrece un recorrido por los principales desafíos a los que se enfrenta la institución universitaria planteados desde una perspectiva global. El texto nos invita reflexionar sobre la singularidad y relevancia de las universidades, destacando la importancia de su integración en las sociedades que las acogen.
ALFONSO GONZÁLEZ HERMOSO DE MENDOZA
En busca de un sentido compartido
Cuando la UNESCO quiso dar continuidad a los informes de la Comisión Faure, «Aprender a ser: El mundo de la educación hoy y mañana», de 1972, y de la Comisión Delors, publicado en 1996, «La educación encierra un tesoro», alumbró en 2021 «Reimaginar juntos nuestros futuros, un nuevo contrato social para la educación». Este informe resulta claro en su diagnóstico y propuesta: el liderazgo de las universidades demanda un nuevo pacto con la sociedad. «Este acuerdo debe construirse desde nuevas premisas que permitan que las universidades sean cocreadoras con el resto de la sociedad de sus objetivos y respuestas, orientadas a la consecución del bien común».
Dar cuerpo a la declaración de la UNESCO demanda talento y valentía. Solo así se podrá dar forma a este «Nuevo pacto», con indicadores precisos y compartidos e información que permita evaluar y rendir cuentas sobre las propuestas de valor de las universidades. Esto es, sobre en qué medida contribuyen a la creación de la sociedad que queremos.
Un nuevo liderazgo que coincide con las propuestas de la Asociación de Universidades Europeas, que ese mismo año publicó «Universities without walls. A vision for 2030». En esta declaración se recoge de manera inequívoca que «dado que las sociedades pluralistas están bajo amenaza, las universidades deben apoyar los valores cívicos a través de una participación activa… Nuestra evolución hacia las “sociedades del conocimiento” ha situado a las universidades en el epicentro de la creatividad y el aprendizaje humanos, fundamentales para la supervivencia y el progreso en nuestro planeta. La clave del éxito serán las universidades abiertas, que refuercen la visión de las universidades sin muros, participando profundamente con otras partes de la sociedad al mismo tiempo que mantienen firmes sus valores».
Es ahora, con la crisis de financiación y la amenaza del control ideológico de la actividad de las universidades, cuando una buena parte de la comunidad académica se plantea la necesidad de una comunicación más efectiva y de una defensa activa del valor de la ciencia ante el público y los responsables políticos. La supervivencia y el liderazgo global de la ciencia dependen, en parte, de su capacidad para reconstruir la confianza y el apoyo social, mostrando cómo la investigación mejora vidas y contribuye al bien común.
Tirar los muros siempre genera incertidumbres, como supuso en el siglo XIX para las ciudades deshacerse de sus murallas, porque abre posibilidades imprevisibles de establecer nuevas relaciones, a la vez que obliga a cambiar aquello que nos es propio.
A la hora de valorar la pérdida de liderazgo social de las universidades, es importante recordar que la autonomía no está al servicio de la institución, sino de la sociedad, por lo que podemos afirmar que no hay una única expresión de lo que es una universidad. Es más, hay tantas naturalezas posibles como maneras haya de garantizar la libertad académica y el acceso a la educación y al conocimiento en los distintos entornos a los que nos podamos referir.
Las universidades adquieren su sentido en relación con su entorno y, no lo olvidemos, con otras universidades; esto es, entendidas como una red. Las universidades se construyen y se sostienen apoyándose unas en otras. La autonomía universitaria es la expresión de un espacio de colaboración no especulativa y de naturaleza suprainstitucional dedicado a la gestión del conocimiento y a la educación.
Hacer ver que las universidades son una red de espacios de libertad al servicio del bien común es un desafío enorme. Como nos recuerda Simon Marginson, de la Universidad de Oxford y editor en jefe de la revista Higher Education: «Lo que nos falta todavía en la educación superior internacional es un orden ético compartido y un consenso sobre el bien común global, basado en la igualdad y la diversidad cultural y epistémica, que pueda unirnos a través de la profunda división colonial entre Occidente y el resto».
Por otro lado, la clásica pregunta sobre qué parte del programa universitario mantiene un compromiso ético con sus comunidades o se corresponde con la replicación de las élites económicas y culturales, cada vez más globales y desarraigadas de los intereses locales, merecería seguir siendo atendida en el ansiado cambio cultural de las universidades para el siglo XXI, que posibilite la recuperación de la noción de bien público y reinstaure la confianza entre todos los actores del sistema.
Hablar de compromiso ético en la universidad es hablar de mérito. La universidad debe ser el espacio donde el mérito —entendido como una combinación de talento, esfuerzo, utilidad social y lazos cívicos— se reconozca y premie. Sin ignorar, como nos recuerda Sophie Coignard, que «el mérito está constantemente amenazado por factores como la perpetuación de los privilegios, la desigualdad de oportunidades y el inmovilismo social, riesgos que pueden convertir la meritocracia en una simple justificación de la reproducción social y de las élites».
Por ello, la universidad debe promover un «mérito bien templado», que luche activamente por reducir las desigualdades, asegurando que la movilidad social y la igualdad de oportunidades sean reales y efectivas para todos los estudiantes, independientemente de su origen, evitando así que el mérito se convierta en un «taparrabos» de los privilegios y en una herramienta para agravar las desigualdades.
La quiebra de la ejemplaridad
Sin asumir la ejemplaridad como un valor consustacial la universidad pierde su razón se ser. La ejemplaridad es un imperativo que llama a actuar de manera cívica y social, reconociendo el impacto que todos tienen en su entorno. Fuera de ella, la universidad se diluye y pierde su sentido. La fragilidad y la fortaleza de la universidad se confunden, en tanto que solo puede mantenerse en cuanto atentar contra ella sea percibido por los que soportan como un escándalo, y esta es la clave, con independecia de estar de acuerdo no con las posiciones concretas de cada momento.
La ejemplaridad supone un plus de responsabilidad extrajurídica que se concreta en un ambiente ineludible de integridad y responsabilidad, en un compromiso con una educación en valores para discernir lo bueno y lo malo en un mundo complejo y en la subordinación de sus actividades a la consecución de un impacto positivo en la sociedad. Las universidades deben asumir su condición de modelo para otras instituciones, tanto en la necesidad de crear un entorno en el que las reglas sean respetadas por convicción, promoviendo una cultura de respeto, como en la promoción de la colaboración con otras organizaciones sociales dirigida a mejorar las condiciones de vida de las personas.
En la crisis de 2008, los universitarios jugaron un papel clave en la creación de una situación insostenible que llevó a la ruina a millones de personas. El movimiento «Me Too» tuvo, y desgraciadamente tiene, algunos de sus casos más relevantes en el entorno universitario. Ver en los medios de comunicación referencias a profesorado que miente en su currículum, posiblemente el principal pecado que puede cometer un universitario, ha dejado de ser excepcional. Los sesgos en el trato a personas racializadas siguen siendo objeto de denuncia. La selección de personal o el otorgamiento de prebendas por razones de cercanía se integra con demasiada frecuencia en la normalidad de la vida universitaria. Mirar para otro lado ante los conflictos de intereses para conseguir financiación se considera en ocasiones inevitable. Cada vez que una universidad encubre un abuso de poder, un conflicto de intereses, una decisión en beneficio particular, una discriminación, un acto de nepotismo o una falta consciente a la verdad, no solo se amenaza la reputación de la institución afectada, sino que se cuestiona a la universidad como institución.
Prueba de ello es que académicos de referencia hayan pedido la limitación de la autonomía universitaria ante la incapacidad interna de las universidades para enfrentarse a estos comportamientos. Una situación de excepción que cuestiona todo el entramado institucional que soporta a las universidades.
La fortaleza de las universidades se corresponde con su ejemplaridad. Actuar desde la integridad académica y educar en la honestidad intelectual son el fundamento del pacto social de las universidades. La defensa y promoción de una cultura de la integridad se ha convertido, como hacía evidente la UNESCO en el año 2016, en «un reto contemporáneo para la calidad y credibilidad de la educación superior».
Cancelación y movimiento anti-woke
Los valores y prácticas de las universidades también se han visto comprometidos por los movimientos de cancelación. Actitudes hiperbólicas de carácter identitario, surgidas desde los propios departamentos universitarios, que han exacerbado las condiciones de la convivencia e impuesto la censura o la autocensura en aras de lo identificado como políticamente correcto. Los movimientos de cancelación han propiciado el alejamiento de las universidades de su condición de espacios de diálogo, ajenos a la violencia o la intimidación y propiciadores de una educación emancipadora.
La guerra de Gaza ha vuelto a traer al escenario universitario, con especial encono, como en su momento sucedió con la guerra de Vietnam, el debate sobre cuáles son los límites de las universidades en su intervención política en la sociedad. La incriminatoria comparecencia de tres rectoras de la «Ivy League» en el Congreso de EE. UU. y su posterior dimisión dan fe de ello.
La toma de posición de las universidades en temas socialmente relevantes tiende a ser vista por los contrarios a las opiniones que se expresan como una violación de la necesaria «neutralidad política». Determinadas declaraciones de carácter político, se afirma, suponen la negación del espacio para el desacuerdo académico de buena fe. Mientras, otras posiciones hablan de nuevas «formas de censura».
Cancelación y neutralidad se muestran como dos caras de una misma moneda que se expresan en el acoso y la censura que están deteriorando la libertad académica y, con ella, el propósito sobre el que se cimienta la universidad. Son muchas las tensiones a las que se enfrentan las universidades, pero, sin duda, la esencial es esta: la universidad adquiere sentido en cuanto espacio autónomo para garantizar la libertad de conocimiento. No es casualidad que el Gobierno laborista en el Reino Unido anunciara una versión revisada de la Ley de Educación Superior (Libertad de Expresión), después de haber pausado esta legislación al tomar el poder.
Las universidades se agostan cuando temas legítimos de debate universitario se han convertido en campos de minas en los que los estudiantes y los profesores dudan en entrar. Urge la formación en el discurso cívico y la condena expresa, sin sanciones formales, del discurso flagrantemente irrespetuoso. En una encuesta entre estudiantes de Inside Higher Ed y Generation Lab, casi todos los encuestados apoyaron los esfuerzos institucionales para promover el diálogo civil, y el 40 % estaba al menos algo preocupado por el clima para el diálogo civil y la libre expresión estudiantil en su institución.
Esta reflexión no puede cerrarse sin recordar que el movimiento anti-woke, aunque proclama ser defensor de la libertad de expresión y se presenta como heredero de los valores fundamentales de Estados Unidos, en la práctica recurre a tácticas de «cultura de la cancelación» y ataques a la Constitución. Su supuesta defensa del libre debate es selectiva y contradictoria: promueve la censura de ideas y voces que no se alinean con su agenda, mientras critica a la izquierda por hacer lo mismo. Tanto la «cultura de la cancelación» como la censura han sido prácticas presentes en ambos extremos del espectro político.
Activismo y participación: una sociedad entre todos
De igual manera, la línea de separación del «Scholactivism», o activismo académico —la utilización de la investigación académica para abordar problemas sociales urgentes y promover cambios necesarios—, con el ineludible compromiso con la objetividad y el rigor académico, se ha vuelto otro frente ideológico que supera los aspectos epistémicos, amenazando la convivencia universitaria.
No deja tampoco de generar tensiones en las universidades la toma de posición de la comunidad científica frente a las políticas públicas o, más bien, ante la falta de políticas públicas en temas de gran impacto social, como fue el COVID o el asesoramiento climático independiente. Es lo que ha venido en llamarse «Shadow Science Advice» o «consejos científicos en la sombra»: para unos, actuaciones que generan desconfianza en la ciencia en general o pueden estar influenciadas por intereses partidistas o ideológicos; para otros, contrapesos necesarios a las decisiones gubernamentales, que promueven una mayor transparencia y legitimación de las decisiones, a la vez que cuestionan políticas que podrían carecer de justificación científica adecuada.
Especial mención merece, en este apartado en el que se cuestionan los límites de la actividad académica, las restricciones a su investigación a las que se enfrentan los investigadores, impuestas, de manera directa o indirecta, desde fuera de su lógica científica; es lo que se ha venido en llamar «Undone science». Concepto con el que se quiere destacar cómo ciertos temas de investigación —como pueden ser los vinculados a la salud de las mujeres, los contaminantes industriales o el efecto de la posesión de armas de fuego— son excluidos de diversas formas de la actividad científica debido a factores políticos, empresariales o ideológicos. La «Undone science» no solo refleja la ausencia de investigación, sino también cómo esta falta puede perpetuar desigualdades y mantener el statu quo.
El discreto poder real en las políticas publicas
Las universidades ejercen su influencia más determinante en las políticas públicas no en el momento de la decisión final, sino en la fase previa de definición de la agenda, cuando los problemas se nombran, se seleccionan las pruebas relevantes y se perfilan las opciones disponibles antes de que lleguen a cualquier mesa de negociación formal. En esta etapa, universidades y centros de investigación producen los diagnósticos técnicos, los datos comparados y los marcos conceptuales que los responsables políticos utilizan después para justificar sus decisiones.
Cuando un ministerio encarga un informe, convoca a un panel de expertos o financia un estudio piloto, está delegando en instituciones académicas la tarea de acotar qué cuenta como problema y qué se considera una solución razonable. Esa capacidad de enmarcar el debate —antes de que el debate exista públicamente— resulta más decisiva que cualquier intervención posterior en sede parlamentaria.
Esta influencia es sustancial precisamente porque rara vez se discute en público. Se ejerce mediante comisiones asesoras, redes de expertos, comparecencias técnicas, consultorías y la circulación informal de académicos entre la universidad y la administración, canales que no dejan el rastro visible de una votación o una comparecencia mediática.
Por eso, cualquier análisis de la gobernanza universitaria que se limite a indicadores superficiales —rankings, presupuestos, número de publicaciones— pasa por alto la dimensión más consecuente de esa influencia: la capacidad de las universidades para moldear silenciosamente qué preguntas se hacen los gobiernos y con qué evidencia las responden, mucho antes de que cualquier ley llegue a discutirse.
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