«La investigación en la universidad se va muriendo lentamente» argurmenta el profesor Garesse. «Para poder organizarse y realizar sus funciones de un modo eficiente se necesitan dos requisitos indispensables que hoy no se cumplen: una financiación adecuada y una autonomía plena con una estricta y rigurosa rendición de cuentas. El contexto socio-económico y geográfico de las diferentes universidades es distinto, y necesitan poder organizarse de una forma eficiente para poder afrontar sus retos específicos»,
Rafael Garesse es Licenciado en Farmacia por la Universidad de Granada y realizó su tesis doctoral en el Instituto de Enzimología del CSIC. Tras una estancia postdoctoral en Cambridge, se incorporó al Departamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, donde es catedrático de Bioquímica y Biología Molecular. Su brillante carrera investigadora y su reconocimiento como maestro en su labor docente le condujo de manera imprevista a compormeterse en la gestión universitaria: fue Vicerrector de Investigación entre 2009 y 2017, año en el que fue elegido Rector de la UAM, finalizado su mando se ha incorporado a la CRUE como vicepresidente adjunto. El profesor Garesse es una de las voces más respetadas y escuchadas del sistema universitario español.
La Constitución de 1978 considera a la institución universitaria y a la garantía de su autonomía como un elemento esencial del Estado social y democrático de Derecho. ¿Cuál puede ser el papel de la Universidad en la sociedad del aprendizaje?
Sin ninguna duda, la universidad tiene que desempeñar un papel central en la sociedad del aprendizaje. La misión de la universidad ha evolucionado profundamente en los últimos 30 años. Hemos pasado de una universidad muy centrada en dotar al estudiantado de los conocimientos necesarios para ejercer una profesión, relativamente aislada en su famosa torre de marfil, a una universidad mucho más abierta y comprometida con la sociedad y con su territorio.
Actualmente el aprendizaje se realiza a lo largo de la vida y deben implicarse tanto la academia como la sociedad, es en cierta manera bidireccional. Pero la universidad debe ser el punto de referencia y de encuentro, y la formación debe contemplar menos contenidos formales y ampliar la formación en valores, en creatividad, en compromiso social, en cultura y en competencias transversales. Estamos en un momento crítico para consolidar un modelo de universidad que podríamos denominar cívica.
¿Este cometido social y político de la Universidad, se ve comprometido por la proliferación de entidades, presenciales o digitales, que se presentan a la sociedad como universidades?
El aprendizaje y la formación de un país deben estar sustentados en una universidad pública de calidad, que es la única que puede garantizar la igualdad de oportunidades y la equidad. Pero no solo puede convivir con las universidades privadas, sino que es una convivencia necesaria, ya que en muchos aspectos se complementan. Lo importante son las condiciones para que un centro que imparta formación superior sea reconocido como universidad.
Aquí la exigencia debe ser elevada y rigurosa, y en las universidades privadas similar a lo exigible a las universidades públicas. Si es así, y hay buenos ejemplos que lo demuestran, perfecto.
La libertad académica demanda un marco jurídico diferenciado para las universidades del que gobierna el resto de las administraciones públicas. ¿Tienen las universidades españolas un estatuto adecuado para el ejercicio de la autonomía universitaria?
Los estatutos de las universidades públicas necesitan una reforma muy importante que las dote de una mayor autonomía. La universidad es un ecosistema muy complejo, y las misiones de la universidad han aumentado considerablemente en los últimos años: formación, investigación, transferencia, innovación, compromiso social y cooperación, emprendimiento y un largo etcétera.
Para poder organizarse y realizar sus funciones de un modo eficiente se necesitan dos requisitos indispensables que hoy no se cumplen: una financiación adecuada y una autonomía plena con una estricta y rigurosa rendición de cuentas. El contexto socio-económico y geográfico de las diferentes universidades es distinto, y necesitan poder organizarse de una forma eficiente para poder afrontar sus retos específicos.
Me temo que la Ley Orgánica de Universidades (LOSU) que se acaba de aprobar no garantiza ni una financiación adecuada ni el grado de autonomía necesario. En mi opinión no ha existido ni la altura de miras ni la visión de estado necesarias para elaborar una Ley que debería de ser clave para el futuro de la sociedad.
La gran novedad de nuestro sistema universitario en los últimos veinte años ha sido la irrupción de las agencias de calidad. ¿Hasta qué punto su actividad colisiona con la autonomía universitaria?
Colisiona de un modo frontal. El sistema de acreditaciones del profesorado, cuya buena intención es indiscutible, es el ataque más importante que existe a la autonomía universitaria. Una vez que un profesor o profesora está acreditado, la presión para dotar la plaza es muy grande, por tanto el crecimiento y evolución de la universidad se decide desde fuera. Por otro lado, cada universidad puede tener una estrategia diferente y unas condiciones para seleccionar y promocionar a su personal propias. Eso es autonomía real. Otra cosa es que luego sea necesario responder, evaluar a las instituciones y rendir cuentas.
La universidad se ha transformado en una institución en la que su personal se dedica a rellenar casillas que le permitan acreditarse. Hay un artículo de la LOSU que me parece tremendo. Es el 78, dedicado a los Profesores Ayudantes Doctores, ni más ni menos que el recambio generacional del del Sistema Universitario Español, es decir, su futuro. En su apartado c dice así:
«Las Profesoras y Profesores Ayudantes Doctores desarrollarán tareas docentes hasta un máximo de 180 horas lectivas por curso académico, de forma que la actividad docente resulte compatible con el desarrollo de tareas de investigación para atender a los requerimientos para su futura acreditación«.
Investigar no por vocación, no para generar nuevo conocimiento, no para mejorar a la sociedad…..¡sino para acreditarse! Creo que sobran las palabras
No me extiendo, pero algo parecido pasa con la acreditación de las titulaciones, sin duda necesaria, pero cargadas de una burocracia asfixiante y una falta de flexibilidad que dificulta todo.
¿Tiene el sistema científico español el tamaño y los recursos suficientes para mantener una estructura dual: universidades por un lado y organismos públicos de investigación, nacionales y autonómicos, por otro?
Aproximadamente el 60% de los grupos de investigación que obtienen financiación en convocatorias de concurrencia competitiva del Plan Estatal son universitarios. En algunas áreas importantes, como ciencias sociales, ciencias jurídicas, ingeniería, matemáticas o humanidades este porcentaje está próximo al 100%. Por tanto, la universidad es el agente más relevante de nuestro sistema de ciencia y tecnología, algo similar a lo que sucede en otros países.
A pesar de ello la investigación en la universidad se va muriendo lentamente, ya que un porcentaje creciente de profesorado, en general los investigadores/as más brillantes, se van incorporando a centros con infraestructuras más adecuadas y una gestión más eficiente.
Un porcentaje también creciente de jóvenes que se habían incorporado a la universidad obtienen plazas en el CSIC en concurrencia competitiva, donde perciben que pueden desarrollar una carrera científica más fácil y estimulante. Este flujo podría ser positivo si fuera bidireccional y si existiera una buena integración de estos centros en el ecosistema universitario, algo perfectamente posible pero por lo que no se está apostando, excepto en algunas Comunidades Autónomas. Es necesario recuperar el espíritu de campus de excelencia internacional, otra apuesta ilusionante que quedó en nada por falta de financiación.
En mi opinión, la idea de campus universitarios, donde convivan de manera armónica universidad, centros de investigación de OPIS y de Comunidades Autónomas, Institutos de Investigación Sanitaria, centros tecnológicos, Parques Científicos y empresas sería un paso adelante de gigante para nuestro sistema de ciencia y tecnología. Cooperación en lugar de competencia.
Confianza en lugar de desconfianza. Este concepto de campus existe en muchos países europeos. Sin duda es un cambio de cultura perfectamente factible, una inversión a corto plazo con una enorme rentabilidad a medio plazo. Si hay algo que me resulta doloroso escuchar y que es sumamente habitual en la universidad, y probablemente en general en nuestro país es “esto aquí es imposible, no se puede hacer”.
¿Cómo valora la integración del sistema universitario con el sistema sanitario?
La colaboración entre los sistemas universitario y sanitario es imprescindible y fue un gran logro de nuestro país en la década de los años 70 del siglo pasado. Una parte de la docencia en la formación de profesionales de la medicina, enfermería y otras profesiones sanitarias es imprescindible que se realice en los hospitales y centros de atención primaria. Ello no quiere decir que la integración de ambos sistemas funcione perfectamente.
En los últimos años los problemas en la acreditación del profesorado vinculado, la mejorable integración en la universidad de los profesores asociados en ciencias de la salud, los raquíticos presupuestos de las universidades y los problemas de gestión han ido generando una separación, un cierto desafecto, entre algunos hospitales y las universidades, que es necesario corregir con urgencia. La cooperación entre la universidad y el sistema sanitario, tanto en docencia como en investigación es absolutamente necesaria y está en juego la salud de la población.
Una anécdota curiosa pero cierta. Hoy en día prácticamente todos los hospitales importantes son universitarios, pero salvo excepciones es dificilísimo averiguar cuando se visita un “Hospital Universitario”, ni presencialmente ni en la web, de que universidad se trata. Sin duda tenemos que mejorar mucho. Otra cosa muy fácil de lograr si hay buena voluntad y se considera estratégico. Otro logro que requiere una buena autonomía universitaria y una buena financiación.
Dos cuestiones unidas sobre profesorado e investigación. ¿Puede considerarse un profesor a tiempo completo como universitario sin acreditar ninguna actividad investigadora? ¿Tienen cabida en la Universidad la figura de los investigadores a tiempo completo?
Desde la creación en el año 1968 de las universidades autónomas (UAM, UAB y Universidad de Bilbao, actualmente UPV-EHU) España optó por un único modelo de universidad, la Universidad Intensiva en Investigación (Research University), algo que, al menos, es actualmente discutible.
La LOSU, al igual que sucedía en la anterior Ley Orgánica de Universidades, en su artículo 11-2 afirma “La investigación, al igual que la docencia, es un derecho y un deber del personal docente e investigador. Por ello, el personal docente e investigador podrá desarrollarlas con intensidades distintas a lo largo de su trayectoria académica, sin perjuicio de las normas establecidas en cada universidad”.
Siempre me ha parecido curioso este artículo. Si la investigación es un deber del PDI, la universidad debería poner a su disposición los medios idóneos, es decir unas infraestructuras adecuadas en todas las áreas de conocimiento y una financiación suficiente para poder ejercer este deber. Pero no es así. Las instalaciones e infraestructuras generalmente no son las adecuadas y la financiación para poder investigar se obtiene por concurrencia competitiva, tanto en España como en Europa.
Por tanto, es un deber difícilmente exigible, y de hecho en la actualidad solamente el 10% del PDI lidera grupos de investigación bien estructurados y obtiene financiación del Plan Estatal. El resto o forma parte de estos grupos de investigación o simplemente no investiga. O lo que es mucho peor, investiga como buenamente puede únicamente para cumplir el expediente poder acreditarse y/o obtener un sexenio, algo contrario a lo que debe guiar una investigación de calidad.
En mi opinión el problema está en la base, en armonizar de un modo adecuado docencia e investigación. Lo que sí es un deber de la universidad pública es ejercer una docencia y una investigación de la máxima calidad. Y esto se consigue con profesores/as muy implicados/as en docencia, incluida la innovación docente, y profesores/as muy implicados/as en investigación, incluida la transferencia de los resultados a la sociedad. Unos serán líderes en docencia y otros en investigación. Eso genera un ambiente adecuado para que todo el PDI pueda ejercer ambas actividades de forma satisfactoria, pero con responsabilidades e intensidades diferentes.
Y para ello, una condición indispensable es que se pueda progresar en la carrera académica por méritos docentes y/o por méritos investigadores. Ello implica desarrollar métodos de evaluación de ambas actividades rigurosos y justos, lo cual es perfectamente posible. Pretender que el 100% del PDI haga de todo con igual intensidad, que todos sean exactamente iguales, no funciona y lleva a hacerlo todo regular. Es un disparate que pretendamos ofertar una formación excelente a nuestros jóvenes con una docencia de primer nivel y sin embargo para promocionar en la carrera académica evaluar únicamente el número de publicaciones y, eventualmente, los años de docencia pero no su calidad.
En resumen, creo que sí, que todo el PDI debe ejercer la docencia y la investigación pero con intensidades y responsabilidades diferentes. Esto no es nada extraño. Por ejemplo, todo el personal de los Organismos Públicos de Investigación o de los Hospitales son docentes en mayor o menor medida además de investigar o realizar su labor asistencial. La sociedad actual requiere que todos seamos profesores y aprendices, mucho más en la universidad. Pero desde luego no todos con la obligación de hacer exactamente lo mismo, porque sencillamente, no es posible.
La primera década del siglo XXI trajo un importante incremento en la inversión pública en ciencia y en universidades en España. Muchos de los becarios de investigación de aquella época están trabajando fuera de España. Muchos de los ayudantes de aquellos años están en situaciones precarias cubriendo las necesidades docentes de las universidades. ¿Cómo podemos armonizar esta dualidad de carreras? ¿Cómo podemos mitigar este despilfarro y esta injusticia?
Una de las consecuencias de la crisis de 2008 fue la enorme disminución de la inversión en ciencia y en educación superior que se produjo en nuestro país, un grave error que no cometieron otros países, que muy al contrario, aumentaron la inversión para poder resistir la crisis de una forma sólida. Por ello existe una generación que está pagando las consecuencias.
La recuperación del talento que está trabajando en el exterior se podrá conseguir únicamente ofreciéndoles unas condiciones de trabajo atractivas tanto en las universidades como en el resto de instituciones del ecosistema de ciencia y tecnología español.
En el caso de los jóvenes que se quedaron en nuestro país y que han cubierto las necesidades docentes de las universidades, la solución está en el cambio a un modelo de universidad diferente, donde tanto la docencia como la investigación estén apoyadas y valoradas adecuadamente y todo el mundo tenga oportunidades para desarrollar una carrera plena.
Para ello volvemos a las dos condiciones imprescindibles y urgentes: financiación y autonomía adecuadas. Y naturalmente buen gobierno. Es necesario primero poder gobernar, y después rendir cuentas de un modo riguroso.
En estos momentos la situación no invita precisamente al optimismo, al menos en la universidad. En el CSIC la situación es diferente, y en los próximos años su oferta pública de empleo va a incorporar al sistema a muchos jóvenes científicos con talento para hacer frente al necesario recambio generacional.
La universidad, por desgracia, además de su endémica infrafinanciación, se enreda demasiado en debates internos estériles y la incorporación de jóvenes, la enorme mayoría como profesores ayudantes doctores, está muy condicionada por la necesidad de cubrir necesidades docentes. Por ello es tan necesario un cambio de modelo de universidad.
Desde la idea de la transferencia de tecnología a la de coproducción de conocimiento entre las universidades y las empresas y actores sociales. ¿En qué situación nos encontramos?
Creo que durante los últimos años hemos mejorado mucho. Hasta hace poco tiempo predominaba el lema de “empresas fuera de la universidad”, algo que por fortuna actualmente es excepcional escucharlo. Prácticamente en todas las universidades se consideran ya a las empresas y otros agentes sociales, tanto públicos como privados, socios estratégicos. Para ello ha sido fundamental que se interiorizara en la mayoría del PDI el concepto de universidad como servicio público.
Sin embargo queda mucho camino por recorrer, ya que por un lado es un cambio cultural importante en las instituciones, particularmente en algunas áreas de conocimiento, y por otro, el tejido empresarial de nuestro país está formado fundamentalmente por PYMES. Todavía estamos en la fase de generar la confianza necesaria para implicarnos conjuntamente en la generación de conocimiento útil para la mejora de la sociedad, lo que permitirá un importante crecimiento tanto de las empresas como de las universidades.
Otras dos preguntas vinculadas a la inversión y la investigación. ¿Sirven los planes nacionales de investigación para propiciar estrategias en las universidades que permitan su diferenciación y especialización?.¿Está amenazada la actividad investigadora en las universidades españolas por la obsolescencia de las infraestructuras?
Los Planes Estatales tienen diferentes líneas instrumentales que permiten financiar la actividad basal de los grupos de investigación más competitivos de nuestro país, y alrededor del 60% están en las universidades públicas. Si se analiza la distribución de estos grupos y las áreas de conocimiento en la que trabajan se detecta una cierta especialización en algunas universidades, pero creo que son el resultado de su historia, y de iniciativas personales, más que de una estrategia pensada y definida por la propia universidad.
En mi experiencia, la única vez que se pensó en una estrategia definida fue en los campus de excelencia internacional, una iniciativa muy interesante si se hubiera desarrollado y apoyado con seriedad, pero que quedó en el olvido.
Para poner en marcha estrategias de investigación específicas en cada universidad se necesitaría una actuación decidida de fortalecimiento institucional que llevara una financiación basal no competitiva de la investigación. Todo ello sometido a una evaluación periódica externa rigurosa. Ello permitiría a las universidades apoyar áreas concretas que consideraran estratégicas y en poco tiempo se formarían grupos bien organizados y estructurados en estas áreas con capacidad de obtener financiación competitiva nacional e internacional.
Y las universidades inevitablemente se diferenciarían y especializarían en función de su tamaño, organización, objetivos y localización geográfica. Una y otra vez volvemos a la idea de universidad cívica, muy implicada son su territorio y entorno socioeconómico.
Con respecto a las infraestructuras científicas, la crisis tuvo consecuencias muy importantes, ya que es necesario mantenerlas siempre actualizadas o en poco tiempo pierden su utilidad. El efecto fue dramático en algunas Comunidades Autónomas, ya que las convocatorias durante muchos años se financiaron con Fondos Feder, lo que originó un importante desequilibrio regional. Se dio la paradoja de que entornos con una masa crítica investigadora muy grande tenían infraestructuras obsoletas y otros con una masa crítica pequeña tenían infraestructuras razonablemente actualizadas.
Afortunadamente, en las últimas convocatorias de los Planes Estatales se ha recuperado una mejor financiación de las infraestructuras científicas que está permitiendo su actualización en todas las Comunidades Autónomas. Adicionalmente las ICTS son un apoyo fundamental para la investigación, y algunas de ellas son de primera línea internacional.
Lo importante es mantener las infraestructuras científicas permanentemente actualizadas, también los pequeños equipos de los grupos de investigación, porque de otro modo se pierde competitividad que es muy difícil de recuperar.
También es fundamental implementar una carrera profesional estimulante para los técnicos y gestores, no solo porque es una cuestión de justicia, sino porque es clave para el funcionamiento correcto de los servicios científico-técnicos, para los grupos de investigación y para la investigación en general.
Sin embargo, en mi opinión, la pérdida de infraestructuras científicas competitivas no fue el problema más importante durante la crisis, sino la disminución de la financiación de un porcentaje significativo de grupos de investigación, que mantenían hasta ese momento una actividad interesante y se quedaron en el camino. Una gran mayoría de estos grupos eran universitarios y eso ha generado un gran desencanto que va a ser difícil recuperar. Y no olvidemos nunca que una buena pirámide siempre se apoya en una base sólida.
Otro tema diferente son las infraestructuras básicas, departamentos, facultades y edificios de diferente índole de las universidades, particularmente las que tienen más de 50 años. En algunos casos necesitan una inversión urgente que es imprescindible para su mantenimiento y actualización al entorno digital que vivimos y en algunos casos es una cuestión que bordea la dignidad del personal que trabaja y se forma en ellas.
En el marco definido por la legislación del Estado cada comunidad autónoma determina las funciones y capacidades de las universidades públicas de su territorio. ¿Cómo de homogéneo es el sistema universitario español?
Prácticamente todas las universidades públicas son generalistas, con la excepción de la universidades politécnicas, y todas siguen el modelo de universidad intensiva en investigación. Esto dota al sistema de cierta homogeneidad y ha tenido un efecto muy positivo, ya que en España un porcentaje muy elevado de jóvenes tiene una buena universidad pública a una distancia razonablemente cercana a su lugar de residencia. Esto ha sido clave para que pudieran acceder a una formación universitaria numerosos jóvenes independientemente de su nivel socioeconómico y ha favorecido la equidad, aunque aún quede un largo camino por recorrer. Las universidades también han desempeñado durante los últimos años una función muy importante en el desarrollo regional.
A pesar de ello, cada universidad tiene su propia idiosincrasia, su propio espíritu, que está condicionado por múltiples factores incluido su tamaño, su localización geográfica y su historia. Esto hace que cada universidad sea única y diferente, lo que es muy positivo, ya que sería malo que el sistema universitario fuera totalmente homogéneo, y por el contrario, las diferencias lo hacen mucho más fuerte. Y por supuesto, el apoyo en un sentido amplio, no solo económico, que cada Comunidad Autónoma da a sus universidades es esencial para el desarrollo de sus funciones y para aprovechar sus fortalezas.
Sería muy conveniente que en las Comunidades Autónomas con un sistema universitario público formado por varias universidades existiera además una mayor coordinación, algo que rara vez sucede. No hay que tener miedo a las diferencias, ya que somos diferentes y todos tenemos mucho que aportar, pero la diferencia es algo que en nuestro país se acepta mal. La clave está en aceptar que somos diferentes, que cada universidad tiene fortalezas y debilidades y que es necesario cooperar en lugar de competir.
¿Podemos hablar de autonomía universitaria, y de su reverso el compromiso social de la Universidad, sin que exista un contrato programa entre las Comunidad Autónoma y cada universidad pública?
Para que las universidades públicas puedan desarrollar todo su potencial, que es enorme, en mi opinión se necesitan como he comentado previamente tres condiciones. Un gobierno colegiado pero eficiente y ágil, una autonomía real y una financiación adecuada. La tercera condición depende en gran medida de las Comunidades Autónomas, y parece sensato pensar que una financiación basada en un contrato programa sería el marco más adecuado, ya que permitiría alinear los intereses de las universidades con su región, incluida su proyección nacional e internacional, un área donde las universidades son esenciales.
Debería contemplar al menos una financiación basal suficiente para desarrollar su actividad y mantener sus infraestructuras y una financiación por objetivos, donde se podría aprovechar al máximo las fortalezas de cada universidad. En investigación, en oferta docente y en compromiso social.
Por ello, acordar un modelo de financiación adecuado y moderno del sistema universitario público es en estos momentos de vital importancia, no solo a nivel regional, sino a nivel nacional, ya que el futuro de nuestra sociedad depende en gran medida de ello. Primero confianza y apoyo estratégico, y después evaluación rigurosa y rendición de cuentas. Es una inversión ganadora al 100%, una inversión de futuro.