VII El presente texto forma parte del artículo «Hablemos de las universidades» en el que se nos ofrece un recorrido por los principales desafíos a los que se enfrenta la institución universitaria planteados desde una perspectiva global. El texto nos invita reflexionar sobre la singularidad y relevancia de las universidades, destacando la importancia de su integración en las sociedades que las acogen.
ALFONSO GONZÁLEZ HERMOSO DE MENDOZA
Nuevos entornos de creación de conocimiento
Las empresas de la ciencia
Cada vez es más frecuente ver cómo grandes investigadores “básicos” se incorporan al ámbito empresarial. Un ejemplo significativo es la filiación de Katalin Karikó y Alexei Ekimov, premios Nobel en Medicina y Física. Demis Hassabis, laureado con el Nobel de Química 2024, ha pasado de CEO de Google DeepMind a un nuevo cargo como presidente de DeepMind y científico jefe de Alphabet. John Jumper, co-laureado con Hassabis ha dejado Google DeepMind para fichar por Anthropic.
Otro indicador de este cambio lo encontramos en la prensa: cada vez más noticias relacionadas con avances científicos relevantes proceden de empresas como Colossal Biosciences, Neuralink, Calico Labs, Altos Labs, Toshiba, Google Quantum, OpenAI, SpaceX o Helion Energy. Todas ellas son corporaciones dotadas de una financiación y de una agilidad en la gestión impensables para las universidades.
Detrás de estos proyectos encontramos a algunas de las personas que han cambiado el mundo en las últimas décadas y que han acumulado las mayores fortunas, como Elon Musk, Larry Page, Sergey Brin, Jeff Bezos, Yuri Milner, Sam Altman o Peter Thiel. La apuesta por la ciencia de vanguardia está lejos del capitalismo filantrópico y de la búsqueda de reputación institucional; se ha convertido en una línea de negocio esencial en los grandes fondos de inversión.
Las cifras que las grandes corporaciones destinan hoy a tecnologías estratégicas desbordan cualquier comparación con la capacidad presupuestaria de los Estados. Solo en inteligencia artificial, los cuatro grandes —Amazon, Alphabet, Microsoft y Meta— prevén un gasto conjunto cercano a los 700.000 millones de dólares en 2026, mientras que el sumatorio de las grandes tecnológicas ha superado el billón de dólares en desembolsos de capital durante este mismo año, con más de 2,5 billones de dólares proyectados hasta 2027.
A ello se suman las inversiones, menos visibles pero también multimillonarias, en comunicaciones cuánticas, industria aeroespacial privada o biotecnología del envejecimiento, impulsadas por gigantes tecnológicos, fondos soberanos y capital de riesgo. Frente a estas cantidades, los presupuestos públicos de innovación, investigación o educación superior de cualquier Estado resultan órdenes de magnitud inferiores, lo que plantea una pregunta ineludible sobre la capacidad real de lo público para regular, competir o simplemente dialogar de tú a tú con actores privados cuya escala financiera ya rivaliza con el PIB de economías nacionales enteras.
¿Qué significa soberanía académico-tecnológica?
Cuando Richard Nixon rechazó la legislación propuesta por la Cámara de Representantes para eliminar la financiación federal a las universidades que permitían las protestas en el campus contra la guerra de Vietnam, algo que nos vuelve a sonar familiar, lo hizo bajo la convicción de que hacerlo sería como «cortarnos la nariz para fastidiarnos». Hoy esta afirmación produce ilaridad, ni la defensa nacioanl, ni la gran industria dependen de la investigación universitaria. El equilibrio de poder ha cambiado en el mundo, tambien en la generación de conocimiento científico.
Desde 2015, SpaceX ha recibido más de 13.000 millones de dólares en contratos de la NASA, convirtiéndose en uno de los mayores socios privados de la agencia. Es una muestra del modo en que la NASA ha trasladado a empresas privadas buena parte del diseño, construcción y operación de sus misiones más críticas, desde el transporte de astronautas hasta el módulo de aterrizaje lunar de Artemis.
El desplazamiento de la seguridad nacional hacia el sector privado tiene en Peter Thiel su ejemplo más nítido. Palantir, cofundada por él en 2003 con financiación inicial de In-Q-Tel, el brazo de capital riesgo de la CIA, ha pasado de proveedor puntual a infraestructura operativa del Estado. En agosto de 2025 selló con el Ejército de EEUU un acuerdo por hasta 10.000 millones de dólares a diez años. El patrón se repite con Sam Altman: tras el veto del Pentágono a Anthropic por sus líneas rojas sobre vigilancia y armas autónomas, OpenAI firmó en horas un acuerdo para desplegar sus modelos en redes clasificadas del Departamento de Defensa, confirmando que Washington delega funciones críticas —inteligencia, vigilancia, gestión de datos militares— en un puñado de empresas privadas ideológicamente próximas al poder.
China sigue una lógica distinta pero convergente: su estrategia de «fusión militar-civil» integra universidades, empresas privadas e industrias estatales al desarrollo tecnológico de defensa, de modo que los avances civiles se trasladan directamente al sistema militar, pero bajo control centralizado del Partido, no de accionistas privados. En ambos modelos, la seguridad nacional deja de ser monopolio estatal para depender de actores corporativos —difiriendo solo en quién controla, en última instancia, ese poder.
Las universidades eran los centros de producción de conocimiento en plena connivencia gubernamental. La Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría transformaron a las universidades en motores del poder estatal, vinculando la investigación a la supremacía militar y tecnológica. La educación superior fue fundamental para el dominio estadounidense en el escenario global.
Este escenario está siendo seriamente puesto en cuestión. No es solo que se esté quebrantando la fe estadounidense en el conocimiento como valor y bien público. En una realidad en la que el valor en bolsa de Apple supera el PIB de estados como Francia, el de Microsoft es comparable al de Alemania y muy por encima del de Brasil, Italia o Canadá, el de Saudi Aramco es mayor que el de Rusia, el de Alphabet (Google) supera el PIB de España, el de Amazon el de México o el de NVIDIA el de casi todos los países de América Latina, las grandes corporaciones sienten que no necesitan para sus negocios a los poderes públicos ni a las universidades del siglo XX y, en consecuencia, promueven nuevas expresiones del poder como el ciberlibertarismo o el tecnofascismo.
Al fin y al cabo, son estas entidades las que construyen y gestionan la infraestructura de computación en la nube e inteligencia artificial para los estados nacionales, los cables submarinos que impulsan el comercio y la comunicación digitales, los drones militares y la tecnología satelital cruciales para la defensa, y ahora, los nuevos sistemas monetarios internacionales. No es casualidad que el secretario de Ciencia y Tecnología del Reino Unido señalara recientemente que «países como Gran Bretaña deberían interactuar con las empresas tecnológicas globales más poderosas como si fueran un estado nación. Los gobiernos deberían mostrar humildad y usar el arte de gobernar al tratar con empresas como Google, Microsoft y Meta». Las universidades no son ajenas a este cambio de paradigma, que hace más urgente que nunca plantearse qué significa hoy la soberanía tecnológica, su ámbito y el papel que les corresponde.
Transformaciones geoestratégicas
A esta situación tenemos que añadir la irrupción de nuevos sistemas universitarios altamente competitivos, como el chino o el indio. Surgidos de proyectos de un capitalismo de Estado como respuesta al modelo neoliberal, apuestan decididamente por el fortalecimiento de sus sistemas universitarios, para lo que disponen de recursos crecientes y planificados, directamente vinculados a la competitividad económica y a la soberanía tecnológica de sus países.
La emergencia china es quizás el hecho más destacable en la producción mundial de conocimiento científico, no refleja un declive estadounidense en abstracto, sino a un desplazamiento relativo de poder académico hacia Pekín..China ocupa ya siete de los diez primeros puestos del Leiden Ranking; Harvard, símbolo de la excelencia americana, ha caído del primer al tercer lugar mundial. En el Academic Ranking of World Universities (ARWU), las instituciones chinas muestran un ascenso continuo, 16 universidades en el Top 100 mundial, frente a 13 en el año anterior..
Las universidades chinas producen casi un 50% más de doctorados STEM que las estadounidenses, según la National Science Foundation, y ese ritmo se ha duplicado en quince años frente a un crecimiento del 41% en EEUU. La fuga de cerebros es literal: al menos 85 académicos estadounidenses se han trasladado a instituciones chinas desde 2024, entre ellos el químico Nobel Omar Yaghi, que deja Berkeley por Tsinghua para dirigir un instituto de materiales impulsado por IA.
Ser competitivo en las áreas de lo que podemos denominar «Big Science» exige cada vez más unos ingentes recursos, una planificación y una organización que superan con mucho las capacidades de la inmensa mayoría, no ya de las buenas universidades, sino de los presupuestos estatales.
La quema de libros digitales por MAGA
En los últimos meses, el gobierno de Estados Unidos ha ejecutado el cierre de más de 8.000 páginas de sitios gubernamentales, muchas de ellas esenciales para la investigación científica en salud, ciencias sociales y medioambiente. De la misma manera, se ha condicionado la financiación futura de la ciencia a la adhesión a los principios del movimiento MAGA (Make America Great Again). La eliminación de estos recursos no solo obstaculiza la ciencia, sino que también impide el acceso a datos históricos fundamentales para la salud pública y la innovación científica.
La destrucción de libros y archivos ha sido históricamente utilizada por regímenes autoritarios para censurar y reescribir la memoria colectiva. La supresión de bases de datos científicas constituye una forma moderna de «quema de libros digitales», que restringe el acceso público a la información y condiciona la investigación a criterios ideológicos. Esta estrategia no solo limita la diversidad de enfoques científicos, sino que también fomenta la autocensura y el silencio de voces críticas, amenazando con ello la confianza pública en la ciencia.
La destrucción de libros por la IA
Documentos judiciales desvelados en el caso Bartz v. Anthropic han sacado a la luz el llamado «Project Panama»: un plan interno que la propia empresa describía como «nuestro esfuerzo por escanear destructivamente todos los libros del mundo», mantenido en secreto incluso internamente. Para construir Claude, la compañía cortó millones de libros impresos de sus encuadernaciones, los escaneó digitalmente y desechó los originales.
La técnica, conocida como «destructive scanning», consiste en cortar el lomo del libro, pasar las páginas por escáneres de alta velocidad y reciclar o tirar los restos. Un juez federal dictaminó que escanear libros comprados legalmente, aunque se destruyan los originales, constituye «uso justo» (fair use) transformativo, lo que ha convertido esta práctica en la vía legal preferida frente al uso de bibliotecas piratas.
El control de la reputación y la limitación a la libertad de expresión
La importancia de la protección de la marca de las universidades, así como la presión política —y, por qué no, la mayor importancia de los gestores—, está llevando a algunas universidades a tomar medidas que restringen la libertad de expresión de los docentes. Así, se les invita a que firmen acuerdos de no desprestigio, comprometiéndose a no criticar ni hacer declaraciones negativas sobre la universidad o sus empleados actuales y pasados. Esta medida ha generado preocupación sobre la limitación de la libertad académica y la participación en la gobernanza universitaria.
Ciencia entre todos
Frente al modelo de universidad dominante en las últimas décadas, que encuentra sus referentes en la competitividad por la excelencia científica, nos encontramos de manera creciente con otras universidades que buscan realizar sus investigaciones fuera de los límites académicos tradicionales, en nuevos entornos y con nuevos actores. Este es el camino que han emprendido aquellas universidades en donde se han implantado los «curriculum conectados» o las llamadas «universidades cívicas«.
Universidades cuyo propósito es generar valor en sus territorios, tanto a través de la investigación científica de impacto local como del conocimiento generado en los procesos de aprendizaje, o de la facilitación de la innovación económica y social y de la creación cultural. Universidades vertebradoras de sus comunidades, a la vez que nodos en redes globales de conocimiento. En último término, como señala Wendy Brown, universidades orientadas por los gritos del mundo, sus peligros y sus necesidades.
En este mismo ámbito de favorecer la coproducción de conocimiento, nos encontramos con los nuevos entornos de investigación que están generando las actividades vinculadas a la ciencia ciudadana. Detrás de la ciencia ciudadana está la propuesta de crear en las universidades lugares de encuentro entre saberes disciplinares e indisciplinares. «Necesitamos que la ciencia se acerque mucho más a eso que hablamos los que no sabemos, pero queremos ser escuchados. Necesitamos más ciencia, y también que sea más cercana, más arraigada, más entre todos», señala Antonio Lafuente.
Solo si otra ciencia es posible, otra universidad será posible. En este sentido, resuenan las propuestas de Isabelle Stengers, abogando por una «inteligencia pública de la ciencia» que atienda a los problemas reales de la sociedad y a las urgencias que enfrenta nuestro planeta; que no se aferre a la neutralidad imposible, sino que asuma su compromiso político con el cuidado del mundo. Una visión crítica de la ciencia que no niegue su valor ni conduzca al «todo vale» para debilitar su capacidad de incomodar al poder económico y político, pero que la libere de sus propias ataduras institucionales, epistemológicas y económicas.
La urgencia de las humanidades
La misión fundamental de las humanidades es más importante que nunca. Las humanidades, tal como las conocemos, surgieron en respuesta a la violencia de las dos guerras mundiales, precisamente porque esos conflictos revelaron que el progreso científico no garantiza el progreso moral. Una educación humanista nos enseña a cuestionar las narrativas dominantes, a reconocer cómo ciertas formas de pensar cobran importancia mientras otras se desvanecen.
La reclamación humanística no puede hacerse desde la nostalgia, sino desde unas nuevas humanidades digitales que nos ayudan a comprender el mundo, cuestionar nuestras certezas y cultivar el pensamiento crítico, la empatía y el juicio ético. En una época marcada por la inteligencia artificial, la desinformación y la polarización, necesitamos herramientas para interpretar el sentido de la experiencia humana, el lenguaje, la historia y la cultura. Las humanidades nos enseñan a pensar con profundidad y a dialogar con otros, a reconocer la complejidad del ser humano y a imaginar futuros más justos y sostenibles. Son una brújula para orientarnos en tiempos de cambio vertiginoso.
En un mundo que prioriza la rentabilidad y la técnica, las universidades deben defender el valor del saber humanístico transdisciplinar como fundamento de una ciudadanía democrática y reflexiva. Fomentar la filosofía, la literatura, el arte o la historia no es un lujo, sino una necesidad para formar personas capaces de comprender y transformar su entorno con sentido ético.
El reto de abrir el currículum universitario
En este apartado de emergencia de nuevos entornos universitarios de conocimiento, no podemos dejar de citar el especial empeño que ha puesto la UNESCO en la incorporación a las universidades de formas plurales de conocer y hacer. Esto es, «en la redistribución del poder y el redescubrimiento de las identidades humanas transformando las funciones y el trabajo de las universidades».
Descolonizar el currículum implica analizar críticamente las influencias históricas que han modelado los contenidos y las formas de enseñanza, con el objetivo de cuestionar las estructuras de poder establecidas y abrir espacios propios para sistemas de conocimiento alternativos.
Para los estudiantes, esto se traduce en una formación más integral y relevante, que los prepara de manera más efectiva para afrontar los desafíos de la sociedad contemporánea al exponerlos a una variedad más amplia de conocimientos, perspectivas y vivencias. Las universidades que adoptan esta transformación curricular fortalecen su rol como centros de producción de conocimiento inclusivos y socialmente responsables.
El diálogo contra el abuso en la ciencia
La ciencia occidental ha saqueado los saberes indígenas, sin entablar un diálogo respetuoso, pues se ha limitado a robar ideas fuera de su contexto y cultura para asimilarlas y comercializarlas bajo una mentalidad colonial. El problema no es que una cultura no tenga derecho a tomar de otras culturas. El problema es cuando una cultura destruye a otra y en el proceso se apropia de sus aportaciones,
Al mismo tiempo que ‘inferiorizaba’, es decir, despreciaba los conocimientos indígenas, mestizos y afros, se apropia de ideas de los intelectuales mestizos, indígenas o afros, sin citarlos nunca. El verdadero cambio de mentalidad consiste en entender que el conocimiento indígena y afrodescendiente no está a la espera de ser «descubierto» o «validado» por el Norte global, sino que exige un diálogo entre iguales en el que la autoría y la dignidad sean innegociables.
Una propuesta que persigue la justicia epistémica es la plena incorporación de otros saberes, como los indígenas, populares o de minorías, que suelen ser invisibilizados o deslegitimados, como en su momento hicieron muchas universidades con los saberes artísticos.
La prestigiosa revista Science hizo historia al publicar, por primera vez, un artículo firmado por científicos indígenas brasileños en colaboración con no indígenas, vinculados a un proyecto del Brasil LAB de la Universidad de Princeton, el 12 de diciembre de 2024. El trabajo, resultado de dos años de investigación, sostiene que la ciencia occidental deberá abrirse a los conocimientos indígenas si desea salvar la Amazonía.
Las epistemologías indígenas ofrecen formas de entender el mundo que complementan y amplían los enfoques científicos tradicionales, especialmente en áreas como la sostenibilidad, la medicina, la gestión de recursos naturales y la resolución de conflictos. Sin embargo, históricamente, estos saberes han sido marginados dentro de la educación superior, lo que ha limitado su reconocimiento y aplicación. Integrar estos conocimientos en los planes de estudio no solo valida su relevancia, sino que también fomenta una educación más inclusiva y equitativa.
Para lograrlo, es crucial colaborar con comunidades indígenas, reconocer sus sistemas de conocimiento como legítimos y garantizar que su enseñanza no sea extractiva, sino respetuosa y recíproca. La inclusión de perspectivas indígenas en la educación permite a los estudiantes desarrollar habilidades críticas y una comprensión más holística del mundo, promoviendo soluciones innovadoras y culturalmente informadas a problemas globales. Este enfoque transforma las universidades en espacios donde el conocimiento se co-construye con diversas comunidades, fortaleciendo la justicia social y el respeto por la diversidad cultural.
La emergencia de nuevos espacios para el conocimiento compromete el futuro de las universidades, ofreciéndoles la oportunidad, no exenta de tensiones, de ser el lugar en donde formalizar un nuevo pacto social que acerque a científicos y ciudadanos, cautelosos ante el poder de las corporaciones y vigilantes de los excesos del poder público.
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