III El presente texto forma parte del artículo «Hablemos de las universidades» en el que se nos ofrece un recorrido por los principales desafíos a los que se enfrenta la institución universitaria planteados desde una perspectiva global. El texto nos invita reflexionar sobre la singularidad y relevancia de las universidades, destacando la importancia de su integración en las sociedades que las acogen.
ALFONSO GONZÁLEZ HERMOSO DE MENDOZA
¿Qué universidad es mejor que otra?
Parecería evidente que la organización del mercado global de la educación superior demandaría una jerarquización que facilitara la comercialización de la oferta formativa y del conocimiento, a la vez que sirviera para generar legitimidades políticas y sociales. Esta necesidad dio lugar, desde el año 2003, a la aparición de los ránquines globales. Clasificaciones que miden y comparan la «excelencia» de cada universidad en el mundo a través del impacto de su producción científica, y lo hacen de una manera competitiva y en términos absolutos. Bajo esta perspectiva, el ejercicio de la autonomía universitaria pasa a ordenarse en torno al «ideal de Harvard».
Con el beneplácito de las élites académicas, mayoritariamente confortables con este paradigma, los políticos convirtieron en causalidad la correlación existente en los países más desarrollados entre competitividad científica y competitividad económica (recordemos la célebre «paradoja europea»), y asumieron en su discurso la consecuente entelequia de la transferencia de tecnología. La excelencia competitiva y el impacto académico pasan a ser el valor compartido que ordena las políticas universitarias, y lideran el debate mediático.
La importancia de los ránquines ha llegado a ser tal que el número y posición de las universidades presentes en ellos pasó a ser considerado como un valor político en sí mismo, como una cuestión de Estado en la que se dirime la reputación nacional. Recordemos las políticas que, con mayor o menor criterio y recursos a la hora de reorganizar sus sistemas universitarios, llevaron a los «Campus de excelencia» en España, la «Exzellenzinitiative» en Alemania o la «Opération Campus» en Francia.
Es de destacar que, más allá de la convergencia entre patriotismo y negocio, algunas de las universidades mejor situadas en los ránquines, como Harvard, Yale o Berkeley (EE. UU.), Rhodes (Sudáfrica), Zúrich (Suiza) o Utrecht (Países Bajos), están cuestionando abiertamente su valor y retirando su participación.
Tan es así que los responsables de los ránquines saben que, después de veinte años de indudable éxito, para mantener su modelo de negocio soportado en ser los referentes en el marketing de los mercados globales de la educación superior, necesitan modificar sus productos. Para ello están incorporando nuevos indicadores vinculados a la satisfacción de las empresas o a la empleabilidad de los egresados, así como están creando familias de ránquines que ofrezcan una visión menos simplista de lo que realmente es y aporta una universidad a la sociedad.
La dificultad de medir
Frente a la aceptación generalizada e inopinada por parte de universitarios y políticos de la jerarquización y ordenación de la educación superior que suponen los ránquines globales, es de destacar que Naciones Unidas, a través de la Universidad de Naciones Unidas, alertaba recientemente de la subversión de valores y de los riesgos que trae consigo referenciar las políticas de las universidades a sus objetivos. «Estas clasificaciones impelen a las universidades a subordinar su misión en la lucha por ascender en unas clasificaciones consideradas injustas y depredadoras», señalaba.
Encontrar outputs adecuados para medir el rendimiento de las universidades es un desafío fundamental porque la educación superior no se ajusta a los marcos tradicionales de eficiencia utilizados en otros sectores. La investigación existente sobre eficiencia universitaria se basa en modelos microeconómicos que no funcionan bien, ya que no está claro qué debe considerarse como output.
Se pueden cuantificar métricas como horas de docencia, créditos impartidos o artículos publicados, pero no todo lo valioso puede ser contado ni todo lo que se cuenta refleja el verdadero valor aportado. Por tanto, la dificultad radica en que la educación superior produce múltiples resultados, muchos de ellos intangibles o difíciles de medir, y los indicadores actuales suelen servir más para el consumo interno del sector que para demostrar su valor real ante la sociedad.
En el reto de encontrar nuevas métricas, tanto para la gestión interna como para la rendición de cuentas a la sociedad, por más que sea una tarea compleja, técnica y políticamente, las universidades se juegan su reconocimiento futuro y su función social. Las universidades, y de manera especial las públicas, necesitan un acuerdo social sobre los indicadores que deben medir lo verdaderamente importante de su actividad. Información que debe servir de soporte para una evaluación consensuada sobre lo que queremos como sociedad poner en valor con su actividad.
Cada vez son más las universidades que renuncian a sacrificar la admisión y el éxito estudiantil a los parámetros de los ránquines de investigación, e instituciones de prestigio como la Fundación Carnegie para el Avance de la Enseñanza y el Consejo Americano de Educación plantean priorizar en sus clasificaciones las que han llamado «universidades de oportunidad», que soportan su valor en el impacto real en su estudiantado de acuerdo con sus condiciones concretas.
Competición, cooperación y «coopetición»
Más allá del gerencialismo, el imperativo de la búsqueda de recursos en el mercado ha justificado lo que podríamos llamar el lado oscuro de la autonomía universitaria. Las instituciones, y los académicos individualmente, han adoptado estrategias de gestión desconexas e ineficientes. Propuestas soportadas en una competición en todos los ámbitos de gestión e incluso de programación académica, sin que las administraciones de tutela hayan sabido, salvo excepciones, establecer criterios de coordinación.
El modelo de «coopetición» sugiere que las universidades pueden beneficiarse de economías de escala, compartiendo servicios y reduciendo costes; de mejoras de la eficiencia al estandarizar y compartir servicios, y de fomentar la innovación al hacer comunes mejores prácticas y conocimientos entre las instituciones. Propuestas especialmente relevantes en el ámbito de la soberanía tecnológica de las universidades, pues las principales barreras a la colaboración no son tecnológicas, sino culturales y de procesos.
Al mismo tiempo, las universidades pueden mantener distintos niveles de competencia en aspectos clave, como son: la calidad de su investigación, la innovación en la enseñanza o el impacto social de sus programas; la experiencia que ofrecen a los estudiantes, incluyendo oportunidades extracurriculares, apoyo al bienestar y enlaces con la industria; o la cultura institucional, pues la misión y los valores son esenciales para atraer a estudiantes y personal que se alineen con esas características distintivas de cada universidad.
El cuestionamiento de las agencias de calidad universitaria
Por un lado, las universidades critican la excesiva burocratización de los procesos de evaluación, en lo que ha venido en llamarse «fatiga de evaluación». Los procedimientos se perciben como repetitivos y retardadores, centrados más en cumplir requisitos formales que en mejorar la calidad educativa. Además, no faltan quienes señalen que la intervención de las agencias, más allá de su control por las administraciones, invade con frecuencia la autonomía universitaria a través de un control «técnico» sobre títulos universitarios e incluso del profesorado universitario.
Por otra parte, las agencias de calidad ven amenazada su independencia técnica a uno y otro lado del Atlántico. En EE. UU., la nueva administración busca instrumentalizar agencias privadas de acreditación, condicionando financiación federal a alineamientos ideológicos. Propuestas como eliminar estándares científicos, perseguir los indicadores de diversidad, equidad e inclusión o promover agencias afines al creacionismo amenazan con la fragmentación del sistema y la validez de los títulos. Barbara Gellman-Danley, presidenta de la Higher Learning Commission (HLC), reclama la necesidad de «luchar contra la extinción de la luz». La proliferación de agencias «ideologizadas» podría crear sistemas universitarios paralelos autorreferenciados.
En Europa, aunque el modelo se presenta más institucionalizado, persisten vulnerabilidades estructurales de las agencias y diferencias regionales de criterio significativas. La presión por el control gubernamental sobre las agencias de calidad universitaria ha sido objeto de análisis por parte de la ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education) y la EUA (European University Association) a través de su Autonomy Scorecard.
La independencia de las agencias de calidad, destaca ENQA, se ve comprometida cuando los gobiernos intervienen directamente en el nombramiento del director ejecutivo, o establecen criterios de evaluación mediante decretos gubernamentales, subrayando la importancia de garantizar la independencia operativa y organizativa de las agencias, así como la necesidad de atender a la tensión que se genera entre garantizar estándares educativos y respetar la autonomía institucional. Las agencias de calidad pueden llegar a ser percibidas como la puerta de atrás de que disponen los gobiernos para limitar la autonomía universitaria y legitimar sus políticas universitarias
Artículo completo «Hablemos de las universidades»
Alfonso González Hermoso de Mendoza
Presidente de la Asociación Espacios de Educación Superior
