América Latina no es, para la Unión Europea, una región más en un mundo convulso. Tampoco la Unión Europea lo es para América Latina. España no es un país más en esa relación. Y las universidades no son un actor más, sino el eje sobre el que debería levantarse una alianza estratégica digna de ese nombre. Son cuatro premisas que poca gente discute en público y que casi ningún gobierno incorpora a sus prioridades. Ahí reside la paradoja. Pocas causas concitan un acuerdo tan unánime como la del espacio común de educación superior entre ambas orillas del Atlántico, y pocas han producido consecuencias tan escasas. Llevamos un cuarto de siglo de declaraciones que se suceden con regularidad —Río de Janeiro en 1999, Madrid en 2002, Santiago de Chile en 2013, Bruselas en 2015— y de silencios que las desmienten.
ALFONSO GONZÁLEZ HERMOSO DE MENDOZA
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Otoño en tres ciudades
La XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, que Madrid acoge los días 4 y 5 de noviembre, ha desencadenado una avalancha de encuentros sobre este asunto.
Los días 19 y 20 de octubre, Alicante acogió las sesiones de trabajo del XXV Pleno del Consejo Universitario Iberoamericano (CUIB), organización no gubernamental integrada por las conferencias nacionales de rectores. Los días 21 y 22, la misma ciudad reunió a los ministros iberoamericanos de educación superior y de ciencia, que aprobaron la Carta Iberoamericana de Movilidad Académica y la Declaración de Alicante. Entre el 21 y el 23, la VII Cumbre Académica ALC-UE, convocada en Oporto y Maia por el Foro Académico Permanente, adoptó la Declaración de Maia. Y los días 26 y 27, la Unión Iberoamericana de Universidades celebró en Madrid su I Foro Universitario Iberoamericano del Conocimiento.
Conviene celebrarlo sin ingenuidad. La pregunta pertinente no es cuántas reuniones se han celebrado, sino qué quedará de ellas cuando se apaguen los focos. Mariano Jabonero, secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), lo advertía en una entrevista concedida a EsdeES: «nos gustaría que las Cumbres UE-CELAC fueran un foro en el que construir una agenda de trabajo compartida y no se cierren con reiteradas manifestaciones retóricas, carentes de compromisos o con una simple declaración política que no tiene aplicación práctica alguna». El diagnóstico, formulado para las cumbres birregionales, vale también para las iberoamericanas.
Alicante. Empezamos, como siempre, por la movilidad
La Declaración de Alicante, aprobada el 21 de octubre en la IV Reunión de Ministras, Ministros y Altas Autoridades de Educación Superior, es el resultado más tangible de estas semanas. La Carta Iberoamericana de Movilidad Académica que la acompaña se elevará a la Cumbre de Madrid y aborda cinco situaciones concretas: el acceso a la universidad con un título de secundaria de otro país, el intercambio temporal, el traslado de expediente, las dobles titulaciones y el acceso al posgrado. Introduce una presunción de equivalencia entre títulos de instituciones reconocidas, generaliza el acuerdo de estudios previo a la movilidad y pone en marcha grupos de trabajo sobre microcredenciales y movilidad del profesorado.
Su texto parte de una constatación que debería sonrojarnos: «un estudiante iberoamericano encuentra hoy más obstáculos administrativos para estudiar en otro país de la región que para hacerlo fuera de ella».
La Carta, sin embargo, se define como un instrumento «declarativo y no vinculante», cuyos compromisos se asumen «de forma voluntaria y progresiva», y excluye expresamente el reconocimiento con efectos profesionales. Sus promotores la prefirieron a un convenio sujeto a firma y ratificación. Cabe añadir que Argentina no se ha adherido a la iniciativa: una fisura más, que no debería ralentizar todavía más su desarrollo.
Favorecer la movilidad es, sin duda, vital para un espacio común de educación superior, pero antes debemos saber qué rumbo queremos seguir. No podemos olvidar que la movilidad adquiere verdadero sentido, más allá de la globalización del mercado de la educación superior, cuando se inscribe en un marco político compartido, con una financiación estable que la haga equitativa, una garantía de calidad mutuamente reconocida y condiciones de igualdad y reciprocidad.
Ese marco político es, precisamente, lo que España no ha sabido ofrecer. Su política de extranjería es, en lo que concierne a los estudiantes, notablemente abierta: desde el 20 de mayo de 2025, el Reglamento aprobado por el Real Decreto 1155/2024 ofrece a los estudiantes extranjeros de educación superior, entre otras facilidades, la posibilidad de trabajar hasta 30 horas semanales. A ello se suman la lengua compartida y las posibilidades que las tecnologías de la información abren a la formación a distancia e híbrida. Ninguna de estas ventajas se ha visto acompañada de una política de integración universitaria impulsada desde España, y sólo algunas empresas de educación superior han sabido sacarles provecho.
No es una carencia que haya pasado inadvertida. Érika Rodríguez Pinzón, directora de la Fundación Carolina, recordaba que España «forma parte del Espacio Europeo de Educación Superior y trabaja desde hace años en la articulación de un Espacio Iberoamericano del Conocimiento», para advertir a continuación: «esta ambición, que en parte ya opera en el plano técnico y funcional, tiene que venir respaldada de voluntad política».
Esa voluntad es la que ha faltado. Gabriel Mato, presidente de la Delegación del Parlamento Europeo en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat), lo constataba con franqueza: «España ha sido históricamente uno de los impulsores de esta relación […] Desgraciadamente en los últimos años hemos dejado de jugar ese papel fundamental».
Maia. De la formulación a la concreción
La Declaración de Maia, adoptada el 23 de octubre, trasciende el escenario iberoamericano para inscribir su propuesta en el marco de las relaciones entre ALC y la UE. Trece años después de la primera Cumbre Académica, celebrada en Santiago de Chile, el Foro Académico Permanente renuncia a reclamar nuevas estructuras —«No se propone crear una nueva organización ni duplicar los mecanismos establecidos»— y propone articular las existentes.
Es, ante todo, una invitación a la acción, que no debe quedar «condicionada a la conclusión previa» de la negociación del Acuerdo de Integración Académica. Y detrás de ella hay una masa crítica difícil de ignorar: 8.700 universidades, 52 millones de estudiantes y 4,5 millones de profesores, según las cifras de la propia Declaración.
Ese pragmatismo tiene su reverso. Si la comunidad académica se adapta a la fragmentación de las políticas europeas, en las que la educación superior, la investigación y la acción exterior discurren por cauces administrativos distintos, es porque ningún Estado miembro ha asumido la tarea de corregirla. España tendría mucho que decir en Bruselas, y el momento es propicio: se negocian el programa Erasmus+ para 2028-2034, para el que la Comisión ha propuesto unos 40.800 millones de euros, así está pendiente de aprobación en el Parlamento el X Programa Marco de Investigación e Innovación, Horizonte Europa.
Otro marco de relación es posible, y ya existe un precedente. El 27 de enero de 2026, la Unión y la India cerraron su acuerdo de libre comercio y firmaron, en paralelo, un memorando sobre un marco integral de movilidad que incluye a estudiantes e investigadores. El acuerdo con el Mercosur, firmado en Asunción el 17 de enero de 2026 tras más de veinticinco años de negociación y aplicado provisionalmente desde el 1 de mayo, no se acompañó de un instrumento equivalente. En los acuerdos bilaterales con Chile o México, este último firmado el 22 de mayo de 2026, la educación figura, en el mejor de los casos, como un ámbito más de cooperación.
La conclusión es tan sencilla como incómoda: la construcción del Espacio Común ALC-UE es ya un proyecto técnicamente maduro y académicamente respaldado, pero políticamente incompleto. Una decisión de la Comisión Europea —deseablemente impulsada por España— de establecer una alianza estratégica entre ALC y la UE, con un marco de colaboración abierto a los países que quieran sumarse y comprometido con un futuro compartido, arrollaría por sí sola las cortapisas formales tras las que se refugia la falta de propósito, cuando no la incompetencia, actual.
Esta decisión serviría para liberar la energía de las comunidades universitarias de uno y otro lado del Atlántico en un sin fin colaboraciones cívicas y de oportunidades de negocio, siendo como son plenamente conscientes de que los problemas a los que se enfrentan sus países trascienden sus fronteras y demandan una respuesta compartida desde el conocimiento científico, el respeto a la dignidad humana y el compromiso con las futuras generaciones.
Madrid. Esperando el segundo acto
¿Estamos ante el impulso definitivo de un proyecto vital para ambas regiones, o ante una nueva temporada de la misma función? De momento seguimos en el primer acto: conocemos de sobra a los personajes —gobiernos, organismos internacionales, universidades—, el conflicto está planteado desde Río de Janeiro y los parlamentos se repiten de cumbre en cumbre. Falta el segundo, el de la acción.
Como señalaba en «Las universidades iberoamericanas como referente global», «la creación de este espacio es una decisión política estratégica, que requiere compromiso y voluntad de los líderes de ambas regiones». Esa decisión tiene ahora fechas y lugares: Madrid, los días 4 y 5 de noviembre; Bruselas, sede de la V Cumbre UE-CELAC en 2027; y, entre ambas, la negociación del próximo Erasmus+. España acoge la primera, tendrá voz en la segunda y es parte de la tercera. Tiene, por tanto, la ocasión de demostrar que su vocación iberoamericana y su condición europea no son dos discursos, sino una sola política.
ALFONSO GONZÁLEZ HERMOSO DE MENDOZA
Presidente de Espacio de Educación superior
