En noviembre de 2022, el gobierno laborista de Anthony Albanese heredó un sistema universitario bajo presión: matrículas estancadas, grupos históricamente excluidos seguían sin acceso real a la educación superior, y el mercado laboral proyectaba una demanda de calificaciones que Australia no podía satisfacer. La respuesta fue encargar una revisión integral y sin precedentes del sistema universitario: el Australian Universities Accord.
Doce meses de consultas, audiencias públicas, análisis de datos y más de 400 páginas de trabajo dieron lugar al Informe Final, publicado el 25 de febrero de 2024 por el Ministro de Educación, Jason Clare. El resultado fue un documento con 47 recomendaciones concretas y un horizonte temporal que se extiende hasta 2050, centrado en dos pilares inseparables: la participación masiva y el acceso equitativo a la educación superior.
ISABEL ÁLVARES GARCÍA
¿Por qué se tomó esta decisión y cuándo?
El Accord no surgió en el vacío. Australia enfrentaba una contradicción estructural: al mismo tiempo que el gobierno proyectaba que el 90% de los empleos del futuro requerirán algún tipo de calificación postsecundaria, los datos mostraban que apenas el 60% de la población adulta en edad laboral contaba con ese nivel formativo. La brecha era evidente, y cerrarla exigía algo más que ajustes marginales.
La decisión de emprender esta revisión se tomó en el primer año del gobierno Albanese, con la designación formal del Panel de Revisión en noviembre de 2022. El panel estuvo integrado por figuras eminentes de la academia, la industria, el sindicalismo y la sociedad civil australiana, encabezadas por la ex vicerrectora Mary O’Kane. La instrucción era clara: pensar a largo plazo, sin los tabúes políticos que habían paralizado reformas anteriores.
El contexto inmediato también importaba. La pandemia había agravado desigualdades preexistentes, el programa Job-ready Graduates del gobierno anterior había disparado el costo de ciertas carreras desincentivando el acceso, y las comunidades rurales, los pueblos originarios y los sectores de bajos ingresos continuaban subrepresentados en las aulas universitarias de manera que el sistema llevaba décadas tolerando como si fuera inevitable.
El Accord no surgió en el vacío. Australia enfrentaba una contradicción estructural: al mismo tiempo que el gobierno proyectaba que el 90% de los empleos del futuro requerirán algún tipo de calificación postsecundaria, los datos mostraban que apenas el 60% de la población adulta en edad laboral contaba con ese nivel formativo
Los objetivos: participación y equidad como dos caras de la misma moneda
El corazón estratégico del Accord descansa sobre una premisa: no es posible alcanzar las metas de calificación nacional sin transformar radicalmente quién tiene acceso a la universidad. Por eso, el informe formula dos grandes objetivos articulados.
El primero es cuantitativo y estructural: elevar al 80% la proporción de australianos en edad laboral con una calificación terciaria para el año 2050. Esto implica pasar de 860.000 plazas universitarias subvencionadas por el Estado a 1,8 millones, un crecimiento que requiere incorporar al sistema entre 300.000 estudiantes adicionales para 2035 y 900.000 más para 2050.
El segundo objetivo es distributivo: lograr la paridad poblacional para los cuatro grupos de equidad prioritarios. Actualmente, las personas de nivel socioeconómico bajo representan el 25% de la población australiana pero solo el 17% de las matrículas universitarias. Los pueblos de las Primeras Naciones, las personas con discapacidad y quienes viven en zonas rurales y remotas enfrentan brechas similares o más pronunciadas. El Accord establece que para 2050 estas proporciones deben igualarse, y fija hitos intermedios: para 2035, el 60% de los nuevos estudiantes debería provenir de entornos de bajo nivel socioeconómico, el 53% de áreas regionales y remotas, y el 11% de comunidades de Primeras Naciones.
Estas metas no son aspiracionales en sentido vago: están acompañadas de instrumentos concretos. El Accord propone un sistema de Financiamiento Basado en Necesidades (Needs-based Funding), que vincula parte del financiamiento universitario al desempeño en la incorporación y retención de estudiantes de grupos subrepresentados. También propone la creación de la Australian Tertiary Education Commission (ATEC), un organismo coordinador que supervise el conjunto del sistema terciario, incluida la educación y formación vocacional (VET).
el 60% de los nuevos estudiantes debería provenir de entornos de bajo nivel socioeconómico, el 53% de áreas regionales y remotas, y el 11% de comunidades de Primeras Naciones
¿Quiénes toman estas decisiones y quiénes las implementan?
La arquitectura de gobernanza del Accord es multinivel. El Ministerio de Educación federal lidera la implementación, pero el diseño deliberado del proceso involucró a una red amplia de actores: universidades, sindicatos docentes, representantes estudiantiles, gobiernos estatales y territoriales, comunidades de Primeras Naciones, el sector empresarial y agencias regulatorias como la Tertiary Education Quality and Standards Agency (TEQSA).
Esta co-construcción no fue accidental. El gobierno quería que el Accord tuviera legitimidad institucional suficiente para sobrevivir ciclos políticos. La inclusión del National Cabinet —el consejo que reúne al primer ministro federal con los jefes de gobierno regionales— en las decisiones de gobernanza universitaria refleja la conciencia de que la equidad educativa es un problema sistémico que ningún nivel de gobierno puede resolver solo.
Desde el punto de vista financiero, el gobierno comprometió 3.800 millones de dólares australianos a lo largo de once años como respuesta inicial a las recomendaciones del Accord, a través del Presupuesto 2024-2025. Parte de esos fondos financia el Commonwealth Prac Payment, un pago semanal de 331,65 dólares para estudiantes de enfermería que realizan prácticas obligatorias, eliminando una barrera concreta que afectaba desproporcionadamente a estudiantes de menores recursos.
la coordinación entre el sistema universitario y el de formación vocacional es compleja, la definición consistente de los grupos de equidad varía entre instituciones, y el horizonte de 2050 corre el riesgo de convertirse en una excusa para postergar acciones urgentes
Resultados iniciales y tensiones no resueltas
Los primeros datos son prometedores aunque insuficientes. En 2024, las incorporaciones de estudiantes de Primeras Naciones crecieron un 6,9%, las de bajo nivel socioeconómico un 5,2%, y las de personas con discapacidad un 11,4%. El programa de Outreach Funding, que destina 44 millones de dólares anuales a partir de 2026 para actividades de sensibilización en comunidades subrepresentadas, apunta a sostener esta tendencia desde la etapa previa al acceso.
Sin embargo, los críticos señalan una tensión de fondo: el Accord enmarca la equidad principalmente como un imperativo económico —»habilidades a través de la equidad» (skills through equity)— más que como un derecho en sí mismo. Esta instrumentalización del lenguaje de la inclusión genera interrogantes sobre si las reformas serán robustas cuando el ciclo económico cambie o cuando los grupos subrepresentados ya no sean tan necesarios para llenar el déficit de calificaciones.
También persisten desafíos de implementación: la coordinación entre el sistema universitario y el de formación vocacional es compleja, la definición consistente de los grupos de equidad varía entre instituciones, y el horizonte de 2050 corre el riesgo de convertirse en una excusa para postergar acciones urgentes.
Lo que el Australian Universities Accord deja fuera de toda duda es que Australia ha decidido, por primera vez en décadas, que la equidad en la educación superior no es un complemento del sistema sino su condición de posibilidad. Si esa decisión se sostiene con recursos, instituciones y voluntad política a través del tiempo, el resultado podría ser un modelo de referencia para democracias que buscan reconciliar eficiencia económica con justicia social en sus sistemas universitarios.
La construcción de una nueva legitimidad y la superación de los paradigmas de la excelencia es una realidad emergente y una respuesta socialmente acordada frente a las tensiones a las que se enfrentan en la actualidad las universidades públicas
«Alianza 2050»
El Acuerdo no solo fijó una meta a largo plazo, sino que ya está moldeando identidades institucionales, prioridades de política universitaria y reformas concretas en Australia, tal y como recoge recientemente THE, la red de universidades australianas de investigación ha cambiado sus objetivos para centrarse en la equidad.
Así, la iniciativa Universidades de Investigación Innovadoras se convierte en la «Alianza 2050», nombre que hace referencia al compromiso con la participación establecido en el acuerdo australiano, impulsado un discurso más político y coordinado sobre el “bien público”, la productividad y la atención a estudiantes y comunidades subrepresentadas, además de acelerar el trabajo sobre reconocimiento de aprendizajes previos y la futura armonización del sistema terciario.
La construcción de una nueva legitimidad y la superación de los paradigmas de la excelencia es una realidad emergente y una respuesta socialmente acordada frente a las tensiones a las que se enfrentan en la actualidad las universidades públicas
ISABEL ALONSO GÓMEZ Cordinadora EsdiEs
