Ninguna universidad que se tenga por una institución diseñada para la promoción de la autonomía y la emancipación de sus alumnos debería abandonarlos a las arbitrariedades de la injusticia, tal como algunos jueces han recordado a las entidades de educación superior que han preferido ponerse del lado de los represores, quizás por miedo a que les revoquen la licencia de operación, a que les retiren la financiación, a que denigren su imagen. Pero, ¿qué mayor deshonra puede sufrir una universidad que someterse a los atropellos de un poder externo desnaturalizando su esencia?
JOAQUÍN RODRÍGUEZ
La protesta como condición constitutiva de la vida universitaria
«La universidad», puede leerse en la página que PEN América dedica a las Protestas en el campus, «esta un momento en el que los estudiantes se enfrentan a nuevas ideas y participan en debates acalorados, lo que puede implicar traspasar límites y experimentar con diferentes formas de expresión y activismo. Las protestas estudiantiles son una característica habitual de la vida universitaria, e incluso las manifestaciones polémicas deben protegerse con celo. Las protestas suelen ser signos de compromiso que, cuando se abordan con sensatez, pueden reforzar la misión educativa de la institución en lugar de amenazarla».
No cabe duda de que un campus universitario es el lugar donde debe promoverse la indagación y la investigación, la controversia y el contraste de pareceres, la mirada crítica sobre los acontecimientos que sobrevienen y la capacidad para imaginar y concebir futuros escenarios que difieran de los actuales. Si en el entorno universitario no se suscitaran los valores de la disconformidad y la divergencia, de la denuncia de las transgresiones a los derechos fundamentales, de la reprobación a las acciones que denigran la condición humana, ¿qué nos quedaría sino una institución plana y monótona alienada con los criterios e intereses de los que comandan y dominan la formación de la opinión?
Las protestas estudiantiles son una característica habitual de la vida universitaria, e incluso las manifestaciones polémicas deben protegerse con celo
Conflicto político y disputa por la libertad de expresión
No es un secreto que en los campus norteamericanos se libra una verdadera guerra contra la libertad de expresión de los estudiantes, una contienda que se manifestó, en primera instancia, en las protestas contra el genocidio perpetrado en Gaza y que continuó en la defensa de los estudiantes inmigrantes perseguidos e ilegalmente detenidos por los escuadrones xenófobos que escoltan las políticas de la administración Trump.
Condenar la limpieza étnica realizada contra el pueblo palestino no debería confundirse, en ningún caso, con antisemitismo; en todo caso, se trataría de antisionismo o de protesta contra cualquier política que pretenda la imposición por la fuerza de un criterio arbitrario de superioridad étnica (siempre basado en grotescas y vetustas mitologías). Y defender los derechos de los extranjeros que ya están en el territorio a estudiar, solicitar la ciudadanía y ejercer los derechos que les amparan, debería estar claramente avalado por la Decimocuarta enmienda, la Equal protection, la que prohíbe negar a cualquier persona la igual protección ante las leyes.
defender los derechos de los extranjeros que ya están en el territorio a estudiar, solicitar la ciudadanía y ejercer los derechos que les amparan, debería estar claramente avalado por la Decimocuarta enmienda, la Equal protection, la que prohíbe negar a cualquier persona la igual protección ante las leyes.
Instrumentalización política y límites constitucionales
La administración pública norteamericana, sin embargo, arremetió contra las Universidades de su país blandiendo el pretexto de que se impulsaban y amparaban actividades antisemitas, porque sabían que ni siquiera el más rancio de sus seguidores aceptaría un recorte de la libertad de expresión protegida por la primera enmienda de la Constitución.
La independencia judicial, incluso en contextos de asfixia democrática, sentenció con claridad a favor de las universidades: «el juez federal de distrito William Young dictaminó […] que la política del gobierno federal de perseguir a los estudiantes internacionales y a los miembros del cuerpo docente por ejercer su derecho a la libertad de expresión era ilegal y violaba la Primera Enmienda. “No había ninguna política”, dijo Young. “Lo que ocurrió aquí es una conspiración inconstitucional para eliminar a ciertas personas”».
Pero no siempre basta el respaldo judicial para promover la libertad: muchas universidades, muchos profesores y muchos estudiantes, como siempre que el poder ejerce su presión, han asumido voluntariamente los límites de su autonomía expresiva, han acatado la censura, han sucumbido a la coacción.
muchas universidades, muchos profesores y muchos estudiantes, como siempre que el poder ejerce su presión, han asumido voluntariamente los límites de su autonomía expresiva, han acatado la censura, han sucumbido a la coacción
Autocensura y producción de pasividad social
Si «los expertos jurídicos señalan que cada vez se castiga más a los estudiantes por expresiones protegidas por la Constitución», por expresarse con la libertad que teóricamente defiende, entonces la mayoría dejará de hablar, dejará de exteriorizar lo que piensa, callará, cerrará los periódicos universitarios y los programas de radio del campus, porque a nadie le sale a cuenta arriesgarse a divulgar lo que piensa.
Nadie parece haber aprendido nada de la historia: «el grado más elevado de pasividad que es posible alcanzar le es impuesto a la masa con violencia desde fuera», argumentaba Elias Canetti en Masa y poder reflexionando sobre los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, una inmovilidad consentida totalmente impropia de instituciones que se quieren defensoras de la autonomía y el librepensamiento.
En cuanto a la persecución del presuntamente diferente en un régimen de terror arbitrario, no es más que una continuación de la estrategia del fomento de la pasividad y la inacción, esa fórmula magistral que siempre consiste en inducir la indefensión aprendida.
Nadie parece haber aprendido nada de la historia
Responsabilidad institucional y erosión de la autonomía
Ninguna universidad que se tenga por una institución diseñada para la promoción de la autonomía y la emancipación de sus alumnos debería abandonarlos a las arbitrariedades de la injusticia, tal como algunos jueces han recordado a las entidades de educación superior que han preferido ponerse del lado de los represores, quizás por miedo a que les revoquen la licencia de operación, a que les retiren la financiación, a que denigren su imagen. Pero, ¿qué mayor deshonra puede sufrir una universidad que someterse a los atropellos de un poder externo desnaturalizando su esencia?
Puede, en todo caso, que toda esta aparente algarabía de cancelaciones, de bocas cerradas, de autocensuras, de disputas y altercados entre posiciones rivales, de persecuciones y detenciones, no sea vivida como tal por quienes, supuestamente, deberían estar padeciéndolo.
Ninguna universidad que se tenga por una institución diseñada para la promoción de la autonomía y la emancipación de sus alumnos debería abandonarlos a las arbitrariedades de la injusticia
Percepción estudiantil y evidencia empírica
De acuerdo con el estudio de la Fundación Lumina, The College Reality Check. What Students Experience vs. What America Believes, dos tercios de los estudiantes universitarios afirmaron que la mayoría de sus profesores los alientan a compartir sus puntos de vista, incluidos los que hacen que otros se sientan incómodos. Al mismo tiempo, el 71% alegaron que sus profesores crean un entorno de aula que apoya tanto a los estudiantes que expresan opiniones impopulares como a aquellos que pueden estar molestos por tales puntos de vista. Además, el 93% de los estudiantes afirmó que confían en que están aprendiendo las habilidades que necesitan para conseguir el tipo de trabajo que desean, y el 88% expresó su confianza en que su título o credencial les ayudará a conseguir un trabajo después de la graduación.
La desconfianza de algunos respecto a la universidad, su supuesta impopularidad, no tendría justificación alguna, gracias, quizás, a que sus autoridades y sus profesores siguen ejerciendo cabalmente su magisterio pese a todo y gracias a que los alumnos no permiten que las provocaciones aniden en sus mentes y les impidan comunicarse con sus aparentes opuestos.
«La polarización política a la que nos enfrentamos en este momento está definiendo nuestro estado de ánimo nacional. Pero eso no está definiendo lo que está sucediendo en las aulas y en los campus de todo el país», afirmó la vicepresidenta de la Fundación Lumina. « [Los responsables políticos] deben centrarse en la evidencia y no solo en anécdotas o historias atípicas. Si los estudiantes informan que sienten que tienen libertad de expresión y están obteniendo las habilidades que necesitan, deben prestar atención a eso».
Como puede leerse en la Statement of Principles on Academic Freedom and Tenure promulgado por la American Association of University Professors (AAUP), en el año 1940, «Las instituciones de educación superior se dirigen y gestionan para el bien común y no para la promoción de los intereses del profesor individual o de la institución en su conjunto. El bien común depende de la libre búsqueda de la verdad y de su libre exposición», y no debería haber nada que la recortara ni la amedrentara.
JOAQUÍN RODRÍGUEZ
Investigador del Instituto para el Futuro de la Educación Tecnológico de Monterrey
Miembro de Espacios de Educación Superior
