El acelerado crecimiento que ha tenido la demanda para acceder a la educación superior durante las últimas décadas, particularmente en la región de América Latina y el Caribe, es un claro signo del valor económico y social que este nivel educativo representa, tal y como se señala en el recién lanzado reporte de UNESCO, UNICEF y CEPAL La encrucijada de la educación en América Latina y el Caribe. Informe regional de monitoreo ODS4-Educación 2030
Los ODS
A diferencia de las agendas mundiales de educación que la antecedieron, como los Objetivos Desarrollo para el Milenio (ODM) o la Educación para Todos (EPT), el ODS 4 toma como una de sus metas centrales la ampliación de las oportunidades de acceso a la educación superior para toda la población (UNESCO, 2016a). Bajo el concepto de aprendizaje a lo largo de la vida, se incluye la preocupación por dar cuenta de un mayor acceso en condiciones de igualdad a esta etapa.
Los determinantes del acceso y del éxito en la educación superior se configuran mucho antes incluso de llegar a ella y tienen su origen en la heterogénea calidad de los sistemas de educación primaria y secundaria, así como las desigualdades de naturaleza social y económica preexistentes. De hecho, por término medio en la región, las probabilidades de acceder a la educación superior son siete veces mayores para los jóvenes de familias de ingresos altos con respecto a los del quintil de menores ingresos, aunque en algunos países centroamericanos la diferencia puede ser equivalente a dieciocho veces
Por el lado de la oferta, países como Argentina, Brasil, México y Uruguay optaron por la consolidación y creación de nuevas IES públicas, con el objetivo de cubrir la creciente demanda. Además de ampliar la oferta pública, algunos países han promovido importantes medidas de financiamiento directo a los estudiantes. La implementación gradual de la gratuidad de la educación superior ha sido un punto clave en las últimas reformas de Chile y México, mientras que países como Argentina, Ecuador, Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela ya cuentan con políticas consolidadas de gratuidad universal.
Entre las iniciativas regionales enfocadas en fomentar el acceso equitativo de poblaciones minoritarias y los segmentos más vulnerables. Entre estas políticas destacan medidas como las cuotas sociales y étnico-raciales en las universidades federales de Brasil o la creación de universidades interculturales destinadas a promover el acceso a formas y contenidos propios de los pueblos indígenas.
El ODS 4 toma como una de sus metas centrales la ampliación de las oportunidades de acceso a la educación superior para toda la población
El aseguramiento de la calidad educativa
Por otro lado, el aseguramiento de la calidad educativa, la acreditación institucional y los procesos de mejora constantes se convirtieron en uno de los ejes de política pública prioritarios en los últimos años. Casi todos los países, con excepción del Estado Plurinacional de Bolivia y las naciones caribeñas, han optado por una fórmula de intervención colegiada y para ello implementaron agencias autónomas enfocadas en asegurar la provisión de un servicio educativo con estándares de calidad.
El aumento exponencial de la demanda, que se dio a inicios de este siglo conllevó, en muchos casos, a un crecimiento descontrolado que no podía ser cubierto por la oferta pública y, por lo tanto, decantó en sistemas de educación superior abiertos a la mercantilización.
Ante las conocidas desigualdades estructurales del continente, los Estados tienen la tarea de establecer políticas públicas que faciliten legitimar los mecanismos superiores alternativos. Ello implica conceptualizar la educación superior más allá de las propias universidades
Un nuevo contrato social
Entre los grandes retos con miras al 2030 también destacan los desafíos asociados a la estratificación de los sistemas, pues su diversificación resulta, sin duda, un canal esencial para la universalización del acceso. Ante las conocidas desigualdades estructurales del continente, los Estados tienen la tarea de establecer políticas públicas que faciliten legitimar los mecanismos superiores alternativos. Ello implica conceptualizar la educación superior más allá de las propias universidades, para así incrementar el acceso a través del fortalecimiento de la educación técnica y la capacidad de movilidad efectiva entre las distintas ofertas formativas.
Además de los retos descritos, es importante destacar que, como bien señala el Comité Internacional para los Futuros de la Educación de la UNESCO (UNESCO IESALC, 2021), el establecimiento de un nuevo contrato social que permita potenciar el efecto transformador de la educación será un componente clave en la agenda internacional en los próximos años.
Llamar a la construcción del nuevo contrato social en que de forma colaborativa se Informe regional de monitoreo ODS4-Educación 2030 afiance la idea de la educación superior como bien público, con la participación de la sociedad civil, los sectores políticos y económicos constituye uno de los primeros puntos de partida para asegurar un apoyo de largo aliento, en particular en momentos en que el
financiamiento público a la educación superior apunta a fuertes recortes.
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