Coda. El privilegio de la libertad. No hay educación superior sin educación

El presente texto forma parte del artículo «Hablemos de las universidades» en el que se nos ofrece un recorrido por los principales desafíos a los que se enfrenta la institución universitaria planteados desde una perspectiva global. El texto nos invita reflexionar sobre la singularidad y relevancia de las universidades, destacando la importancia de su integración en las sociedades que las acogen.

ALFONSO GONZÁLEZ HERMOSO DE MENDOZA

Los privilegios de la universidad; libertad y responsabilidad

Esa autonomía institucional ha de bastar para que las universidades resistan las presiones de gobiernos, partidos, intereses económicos o grupos de presión. Pero es igual de necesario ofrecer seguridad a quienes ejercen la libertad académica, mediante reglas claras, garantías de debido proceso y condiciones laborales que reduzcan la vulnerabilidad y el temor a represalias; y contar con liderazgos universitarios dispuestos a defenderla activamente, no solo a proclamarla. La neutralidad institucional no debe confundirse con el silencio cuando los derechos de los miembros de la comunidad universitaria están siendo cuestionados.

La obligación fundacional de las universidades, sea cual sea su titularidad, es autogobernarse para propiciar una educación emancipadora del estudiantado y una generación de conocimiento orientada al bien común y al bienestar de sus comunidades. La universidad es, a la vez, titular de un derecho fundamental de autogobierno y prestadora de un servicio público sometido a intervención administrativa; pero su valor social y su diferencial jurídico radican en ese derecho fundamental a la autonomía.

La calificación de servicio público es la herramienta jurídica que, en teoría, debería blindar a la universidad frente al sometimiento de su actividad a los intereses privados: frente a la subordinación del interés general, ya sea al beneficio de la corporación académica —que busca satisfacer sus propios intereses al margen del escrutinio social— ya sea a los intereses de las empresas o entidades titulares. Ser universidad no es un atributo de una cooperativa profesional ni un distintivo comercial: es una forma de estar comprometido con la sociedad.

En este contexto, la mercantilización y la reciente irrupción de los fondos de inversión en el sistema universitario obligan a preguntarse por la compatibilidad entre la autonomía universitaria y la libertad académica que deben presidir la prestación del servicio público, y los objetivos financieros que estas entidades imponen a sus empresas como referencia básica de la inversión. Muchas de las tensiones que hoy enfrentan las universidades se verían mitigadas si los gobiernos se ocuparan de establecer y garantizar marcos institucionales que propiciaran la libertad académica y la responsabilidad social en su funcionamiento.

Lo universitario no es tanto lo que se hace cuanto desde dónde se hace: los valores y las prácticas que lo definen. Es una forma de gestionar el conocimiento desde la libertad de la comunidad académica y la responsabilidad hacia las comunidades que sostienen su actividad. Sin autonomía podrá haber instituciones que favorezcan el aprendizaje, incluso la educación o la creación de conocimiento, aun con compromiso social, pero no habrá Universidad. Qué es y qué no es universitario se define desde la libertad y la responsabilidad.

Dentro de sus responsabilidades a las universidades les corresponde, además, articular y reclamar ante los gobiernos el derecho a la educación superior. En un Estado social y democrático de derecho, ese derecho no es privilegio de un grupo social ni un gasto prescindible, sino una dimensión constitutiva de la vida democrática: un derecho cuyo titular no es solo la persona individual, sino la sociedad en su conjunto, en sus múltiples expresiones, incluidas las de quienes nunca transitan sus aulas. Baste recordar el empeño de la UNESCO por un «Nuevo pacto social por la educación».

Defender con legitimidad la universidad exige, ante todo, que ésta se mire al espejo y sustituya la autocomplacencia por la humildad intelectual. Frente a los ataques políticos externos —muchas veces injustos u oportunistas—, la respuesta no puede ser el mero enroque corporativo ni una superioridad moral que la vuelva vulnerable; su verdadera fortaleza reside, por el contrario, en ejercer sobre sí misma el mismo espíritu crítico que practica para con el resto de la sociedad.

La universidad no existe para imponer verdades absolutas, sino para crear las condiciones donde florezcan la duda, la conversación y el descubrimiento, ayudando a los estudiantes a pensar mejor e incluso a abandonar certezas previas. Solo desde ese cambio de actitud —asumir que la propia institución debe ser el primer espacio de apertura y autocrítica— será posible reivindicar y proteger eficazmente la libertad académica y el pensamiento libre.

Es importante destacar que la humildad institucional que se le debe es incompatible con la indolencia. Ante el creciente desprecio por el rigor, la probidad, la transparencia y el compromiso ético del trabajo académico que expresan algunas opciones políticas, cabe preguntarse cuál ha sido la respuesta de las instituciones universitarias. Sino ha habido dejación o ensimismamiento mientras se disparaban las burlas a la ciencia desde el negacionismo, se cuestionaba la democracia desde los tecnoplutócratas, se alentaban el seximo, el racismo y la xenofobia desde los populismos o se desmantelaba el Estado del bienestar desde el neoliberalismo. La libertad académica y el derecho a la educación sólo pueden ejercerse en el marco de un Estado social y democrático de derecho, cuya defensa compete a todas las instituciones que lo conforman.

No existe, desde luego, un modelo único de universidad: cada comunidad debe recorrer su propio camino, disponer de un espacio donde dar forma a una razón compartida, en el que las ideologías dominantes y los intereses ocultos puedan someterse a escrutinio riguroso y desde el que sea posible combatir la ignorancia interesada. Un cambio sereno que exige el convencimiento y el compromiso del profesorado, el estudiantado, las administraciones, los antiguos alumnos y los demás interlocutores sociales y económicos. Se trata de conversar antes que de convencer.

Las universidades han sido, en los últimos doscientos años, una fuente de esperanza para nuestras sociedades, y deben seguir siéndolo. Sin esperanza, la Universidad se diluye. Como señala Antonio Lafuente, esperanzarse es mostrarse capaz de anticipar lo por venir y comenzar, desde ya, a transformar nuestras condiciones de vida.

«¿Cómo pueden las instituciones de educación superior ejercer —estructural, económica y sociológicamente— su custodia del pasado histórico e intelectual y fomentar, al mismo tiempo, la libre innovación, la inversión en el juego, principalmente científico, de la posibilidad futura? ¿Y cómo puede conciliarse esta incierta dialéctica con el programa de estudios, inevitablemente simplificado, generalizado y social o políticamente sesgado?», se preguntaba, a comienzos del siglo XXI y desde su experiencia en la Universidad de Chicago, el maestro George Steiner.

Sí, hablemos de universidades, discrepemos abierta y honestamente, como ha sucedido y seguirá sucediendo, porque la Universidad, al igual que la democracia, muere en la oscuridad. Hoy, setenta años después, la pregunta del rector de la Universidad de Chicago Robert Maynard Hutchins en La Universidad de Utopía sigue reclamando una respuesta, de la misma manera que lo hará dentro de otros setenta: «El gran problema de la universidad es el asunto del propósito: ¿para qué está?». Una pregunta que nos acerca a lo que, para su maestro John Dewey, era el único fracaso en la experiencia universitaria: «no encontrar el verdadero propósito de la vida.