«Imaginemos universidades que auditan sus impactos ambientales, que miden el efecto social de sus proyectos de investigación, que promueven la equidad de género en su estructura académica, que abren espacios de diálogo con la ciudadanía, que diseñan itinerarios formativos en torno al bien común. Y que lo hacen no para proyectar una imagen, sino porque creen en su papel como motor de transformación social»
MIGUEL ÁNGEL ACOSTA
Vivimos un momento en el que la educación superior debe repensar su función. Ya no basta con transmitir conocimientos, ni siquiera con formar en competencias. Hoy se trata de acompañar a las personas a lo largo de trayectorias de aprendizaje que no son lineales, que combinan lo formal y lo informal, lo presencial y lo digital, lo disciplinar y lo transversal. Se trata de formar para un mundo que es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Un mundo donde la inteligencia artificial redefine el trabajo, donde las transiciones ecológicas reconfiguran sectores enteros, y donde los cambios demográficos y sociales nos obligan a repensar qué significa tener una carrera profesional o una vida digna.
En este contexto de transformación acelerada, los desafíos de la educación superior son múltiples y profundos. Quisiera detenerme en cuatro que considero particularmente relevantes para comprender el momento actual que atraviesan nuestras instituciones y para orientar, en consecuencia, nuestras estrategias de futuro.
El primer desafío es el de la relevancia.
Nos enfrentamos a una paradoja inquietante: nunca antes el conocimiento había sido tan accesible, tan distribuido, tan inmediato. Plataformas abiertas, tutoriales, másteres en línea, cursos masivos, inteligencia artificial generativa… todo está al alcance de quien tenga una conexión a internet y la voluntad de aprender. En este nuevo ecosistema de abundancia informativa, la universidad ya no es la única puerta de acceso al saber. Ya no tiene el monopolio del conocimiento. Esto nos obliga a preguntarnos con humildad pero también con urgencia: ¿qué lugar ocupa hoy la universidad en esta sociedad del conocimiento distribuido? ¿Qué valor diferencial ofrece frente a otras formas de aprendizaje?
La respuesta no puede estar únicamente en el prestigio institucional ni en el peso histórico de los títulos. Si el paso por la universidad no se traduce en una experiencia transformadora, significativa, rigurosa y socialmente útil, los títulos universitarios corren el riesgo de convertirse en meros certificados de paso. Y eso es letal para el valor simbólico y práctico de nuestras instituciones. La relevancia de la universidad en el siglo XXI no se medirá por la cantidad de contenidos que imparte, sino por la capacidad que tenga de desarrollar pensamiento crítico, de generar innovación con sentido, de vincularse al territorio y de formar ciudadanos capaces de comprender y mejorar el mundo.
¿qué lugar ocupa hoy la universidad en esta sociedad del conocimiento distribuido? ¿Qué valor diferencial ofrece frente a otras formas de aprendizaje?
El segundo gran desafío es el de la equidad y la inclusión.
En un contexto donde la educación superior debería ser una palanca de movilidad social, de cohesión y de democratización de oportunidades, persisten —y en algunos casos se amplían— brechas profundas de acceso, permanencia y éxito académico. No todas las personas llegan a la universidad con las mismas condiciones. No todos los estudiantes tienen acceso a dispositivos digitales, entornos familiares estables o redes de apoyo académico. Y, a la vez, los perfiles estudiantiles se diversifican: adultos que retornan a formarse tras años de vida laboral, personas que estudian y trabajan a la vez, estudiantes con discapacidad, migrantes, jóvenes de zonas rurales o desfavorecidas, alumnos con trayectorias discontinuas.
Este nuevo mapa exige que las universidades se adapten. Que no diseñen sus políticas y programas desde un estudiante ideal que ya no existe, sino desde una comprensión realista y empática de la diversidad. Eso implica repensar desde los sistemas de admisión hasta las metodologías de enseñanza, desde los calendarios académicos hasta los sistemas de becas y tutoría. Implica poner la equidad en el centro del diseño institucional. Y, sobre todo, implica reconocer que la inclusión no es solo una obligación ética, sino una condición imprescindible para la calidad y la legitimidad de cualquier universidad del siglo XXI.
Este nuevo mapa exige que las universidades se adapten. Que no diseñen sus políticas y programas desde un estudiante ideal que ya no existe, sino desde una comprensión realista y empática de la diversidad
El tercer desafío es el de la sostenibilidad institucional.
Muchas universidades, especialmente las públicas, se encuentran en una encrucijada financiera. Dependen de modelos de financiación rígidos, expuestos a vaivenes políticos, con escasa autonomía para innovar o para diversificar sus ingresos sin poner en riesgo su misión pública. A esto se suma una creciente burocratización de los procesos internos, una inflación normativa, una presión constante por rendir cuentas en múltiples frentes, muchas veces sin una visión clara y coherente de hacia dónde se quiere ir. Todo esto produce un desgaste organizativo que afecta tanto al personal docente e investigador como al alumnado y a los equipos de gestión.
Pero el problema no es solo financiero. En muchos casos, el modelo de gobernanza sigue anclado en lógicas del siglo pasado: estructuras jerárquicas, sistemas de toma de decisiones ineficientes, falta de profesionalización en la gestión, escasa rendición de cuentas interna y una débil cultura evaluativa. La gobernanza universitaria, tal como está diseñada en la mayoría de nuestras universidades públicas, tiende a frenar la innovación, a diluir las responsabilidades y a bloquear las reformas necesarias.
A esto se suma otro factor decisivo: las reticencias internas al cambio. Una parte significativa de la comunidad universitaria —y especialmente de quienes ocupan posiciones de responsabilidad— sigue percibiendo la transformación institucional como una amenaza, en lugar de una oportunidad. El miedo a perder privilegios, la inercia burocrática o la resistencia a modelos más ágiles de gestión frenan la evolución natural que exige el entorno.
el modelo de gobernanza sigue anclado en lógicas del siglo pasado: estructuras jerárquicas, sistemas de toma de decisiones ineficientes, falta de profesionalización en la gestión, escasa rendición de cuentas interna y una débil cultura evaluativa
En este contexto, la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) podría haber representado una gran oportunidad para dar el salto hacia un modelo universitario más flexible, más eficiente, más conectado con las demandas del siglo XXI. Sin embargo, su desarrollo ha sido decepcionante para quienes esperaban una modernización profunda del sistema. Se ha perdido una ocasión valiosa para introducir cambios estructurales en la gobernanza, la profesionalización de los equipos directivos o la mejora de los mecanismos de evaluación y transparencia.
Todo esto ocurre mientras las exigencias sociales y tecnológicas cambian más rápido que la capacidad de reacción de muchas universidades. El resultado es un desfase entre lo que la universidad puede ofrecer y lo que la sociedad necesita. La sostenibilidad, por tanto, no es solo financiera. Es también organizativa, estratégica y cultural. Supone recuperar la capacidad de innovar desde dentro, de simplificar procesos, de poner el foco en lo importante. Y eso requiere liderazgo institucional, visión de largo plazo y alianzas inteligentes con otros actores del sistema educativo, social y económico.
El resultado es un desfase entre lo que la universidad puede ofrecer y lo que la sociedad necesita. La sostenibilidad, por tanto, no es solo financiera. Es también organizativa, estratégica y cultural
Y el cuarto desafío, quizá el más urgente de todos, es el de la legitimidad social.
Vivimos una época en la que las instituciones —todas— están siendo cuestionadas. El descrédito afecta a los parlamentos, a los medios de comunicación, a los partidos políticos… y también, aunque en menor medida, a las universidades. Muchas personas —especialmente las más jóvenes— no entienden bien qué aporta la universidad a su vida cotidiana o al progreso de su comunidad. La ven como un espacio distante, encerrado en sí mismo, alejado de los problemas reales. Esta percepción, aunque no siempre justa, debe interpelarnos profundamente.
La universidad solo mantendrá su legitimidad si demuestra, con hechos, que es útil. No útil en un sentido instrumental o economicista, sino útil en el sentido más amplio y noble: que mejora la vida de las personas, que contribuye al desarrollo sostenible, que fomenta la justicia social, que produce conocimiento relevante para los desafíos contemporáneos. Y para ello debe hacer autocrítica, debe evaluar sus impactos, debe abrirse al diálogo con la sociedad. Aquí es donde entra en juego la responsabilidad social universitaria, no como un discurso decorativo o un apartado en la web institucional, sino como un modelo real de gestión integral del impacto educativo, científico, social y ambiental de la institución.
La responsabilidad social universitaria exige evaluar nuestras prácticas, escuchar a los actores sociales, asumir compromisos concretos y medir resultados. Implica actuar con transparencia, con ética, con corresponsabilidad. No se trata de realizar acciones sociales puntuales o de decorar memorias institucionales con buenas intenciones. Se trata de que la universidad en su conjunto —no solo algunas áreas— se comporte como un actor socialmente responsable, coherente entre lo que dice, lo que hace y los efectos que genera en su entorno.
La responsabilidad social universitaria exige evaluar nuestras prácticas, escuchar a los actores sociales, asumir compromisos concretos y medir resultados. Implica actuar con transparencia, con ética, con corresponsabilidad
Este enfoque exige pasar de una lógica declarativa a una lógica de gestión. No basta con proclamar valores: hay que integrarlos en la estrategia institucional, en la docencia, en la investigación, en la forma en que nos relacionamos con el territorio y en cómo gestionamos los recursos y las personas. La responsabilidad social no es un apéndice. Es una forma de gobernar, de planificar, de enseñar y de aprender.
Algunas universidades ya han comenzado a avanzar en esta dirección. Han creado sistemas de evaluación de impacto social y ambiental, han desarrollado programas formativos vinculados a los grandes retos globales, han abierto sus campus a la comunidad y han impulsado proyectos de innovación social participativa. En paralelo, muchas escuelas de negocio están incorporando en sus programas contenidos sobre sostenibilidad, ética empresarial, economía circular o liderazgo transformacional. Incluso se han creado certificaciones internacionales y redes de cooperación para integrar los principios del desarrollo sostenible en la educación ejecutiva.
Pero estos avances aún son dispersos y, en muchos casos, voluntaristas. El gran reto ahora es convertir estas buenas prácticas en políticas institucionales sistemáticas. Que no dependan de una persona comprometida o de un equipo con sensibilidad, sino que se integren en la cultura organizativa de la institución. Que la responsabilidad social no sea un gesto, sino una exigencia interna.
Imaginemos universidades que auditan sus impactos ambientales, que miden el efecto social de sus proyectos de investigación, que promueven la equidad de género en su estructura académica, que abren espacios de diálogo con la ciudadanía, que diseñan itinerarios formativos en torno al bien común. Y que lo hacen no para proyectar una imagen, sino porque creen en su papel como motor de transformación social.
Este es el camino que debe recorrer la educación superior si quiere seguir siendo relevante, legítima y sostenible. Porque ya no basta con producir conocimiento. Ahora se nos exige algo más: actuar con conciencia, con coherencia y con compromiso hacia las personas y el planeta.
Miguel Ángel Acosta.
Secretario del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas, secretario general de Conferencia de Consejos Sociales de España (CCS)
