«La libertad de cátedra debe ejercerse con adecuación a las guías docentes y a los planes de estudio. El profesor tiene margen para enfocar los contenidos, plantear debates o expresar distintas corrientes de pensamiento, pero no para apartarse arbitrariamente de los objetivos académicos de la asignatura ni para convertir el aula en un espacio ajeno a su función docente. Dicho sea lo anterior en beneficio del estudiante«, señala José Manuel Vera catedrático de Derecho constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos
José Manuel Vera es catedrático de Derecho constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos, donde acumula más de una década de experiencia en gestión universitaria desempeñando cargos como vicerrector, claustral y miembro de Junta de Facultad. Su labor docente le valió la propuesta como Mejor Docente Universitario en 2017.
Además de su desempeño académico, su presencia en medios de comunicación —prensa escrita, radio y televisión— lo ha convertido en una voz analítica y comprometida con la defensa de los valores democráticos. Sus vídeos divulgativos en internet han superado las 800.000 visualizaciones, consolidándolo como un referente en la comunicación de ideas complejas a públicos amplios.
José Manuel Vera combina el rigor académico con la acción cívica, aportando análisis, estrategia y acompañamiento a iniciativas que buscan fortalecer la democracia y los derechos humanos en Cuba. Su perfil une experiencia institucional, compromiso intelectual y una reconocida capacidad para conectar con la sociedad.
¿Qué define a la institución universitaria en un Estado social y democrático de Derecho como es el Reino de España?
En el marco constitucional español, la universidad se define, ante todo, como una institución al servicio de un derecho fundamental (el derecho a la educación, artículo 27 CE) y, simultáneamente, como un espacio constitucionalmente garantizado de libertad intelectual (libertad de cátedra, artículo 20.1 c CE) y dotado de autogobierno institucional (autonomía universitaria, artículo 27.10 CE). Este trípode argumental explica su singularidad.
La universidad no es solo un “prestador” de formación de estudios superiores, sino una institución cuya función propia —docencia, investigación y transferencia del conocimiento— requiere un régimen de autonomía que permita preservar el pluralismo intelectual y el método crítico, sin tutela ideológicade los poderes públicos. La Universidad potencia la ciencia, supera el pre-juicio subjetivo abundando en el juicio crítico.
Y en el plano social debería servir para formar en libertad a unos ciudadanos críticos, con conciencia de serlo, y no meros técnicos en su materia. Sin ese humus formativo, en su doble vertiente técnica y global, individual y cívica, la democracia se pervierte y el Estado social y democrático de Derecho se debilita.
La universidad no es solo un “prestador” de formación de estudios superiores, sino una institución cuya función propia —docencia, investigación y transferencia del conocimiento— requiere un régimen de autonomía que permita preservar el pluralismo intelectual y el método crítico, sin tutela ideológica de los poderes públicos
En nuestro sistema constitucional, ¿podemos hablar de democracia sin la existencia de estas universidades?
Si se cree en la libertad de los ciudadanos y en su reverso necesario y positivo, la responsabilidad, la universidad resulta esencial en la conformación de una sociedad democrática. Sigo en esta respuesta la argumentación anterior. Nuestra España constitucional difícilmente puede mantenerse sin instituciones educativas superiores que produzcan y transmitan conocimiento crítico de forma estable.
Creo que la Universidad desempeña una función estructural para la democracia constitucional por tres razones:
La democracia, la libertad, exige un amplitud y diversidad de espacios abiertos a la crítica pública y la discusión racional. En nuestro ordenamiento, la libertad de cátedra (como concreción de la libertad de expresión en el ámbito docente e investigador) junto a la autonomía universitaria, configuran un ámbito institucional muy relevante donde el conocimiento puede generarse y enseñarse con independencia de presiones políticas, ideológicas o económicas.
Sin esa garantía institucional, la libertad intelectual queda debilitada y, con ella, una condición material de la democracia. Este desiderátum no siempre se cumple, todo hay que decirlo: wokismo, autocensura, persecución de quien piensa diferente -como ocurre en las universidades de determinadas regiones españolas-, extremismos ideológicos y mero pasotismo debilitan el core crítico del ser universitario, que debería significar algo más que aprobar un Grado. Al menos así lo entiendo yo.
no hay que olvidar que una democracia de calidad necesita conocimiento especializado para la determinación y consecución eficaz y eficiente de las diversas políticas públicas
En segundo término, no hay que olvidar que una democracia de calidad necesita conocimiento especializado para la determinación y consecución eficaz y eficiente de las diversas políticas públicas. Sin traspasar la peligrosa línea de los criterios técnicos y los políticos, sin confundir tecnocracia con democracia, considero que la universidad, como institución de educación superior, contribuye a la formación de profesionales que posteriormente, desde la administración pública, dotan de contenidos técnicos que posibilitan la actuación política. Solo desde la más descarnada dictadura, o en una democracia transida de soberbia o adanismo se realizan políticas sin soporte técnico alguno.
Ese conocimiento especializado posibilita también que el ciudadano de a pie, pueda controlar las decisiones políticas. Aunque la estupidez rousseauniana del buen salvaje no pueda trasponerse al buen ciudadano como intentaba el ginebrino, esa formación crítica posibilita al ciudadano medio también “saber de lo que opina”, incrementándose así el control cívico sobre las decisiones de la administración.
En tercer lugar, no quiero olvidar la función social que cumple la universidad. En una democracia, el acceso a la educación superior y la movilidad social asociada a ella, refuerzan la igualdad real de oportunidades. Es aquella imagen tan manoseada de “ascensor social”. Sin mecanismos institucionales que sostengan la educación superior como bien público, la democracia tiende a degradarse en términos de inclusión y representatividad.
En una democracia, el acceso a la educación superior y la movilidad social asociada a ella, refuerzan la igualdad real de oportunidades. Es aquella imagen tan manoseada de “ascensor social”. Sin mecanismos institucionales que sostengan la educación superior como bien público, la democracia tiende a degradarse en términos de inclusión y representatividad
Pero introduzco matices: cada vez más se tiende a una formación superior menos “formal”, no encuadrada en el ámbito universitario, y ello no es necesariamente negativo. Además, no solo la educación superior supone un elevador social, económico y cultural: sería dejar a un lado enseñanzas, por ejemplo, artísticas o la formación profesional.
Por otra parte, no se puede “proletarizar” la universidad como está ocurriendo actualmente, de tal manera que se nos obligue, en aras de subir posiciones en rankings, cumplir objetivos cuantitativos o llevar a la práctica un igualitarismo absurdo por el que todo estudiante tenga que terminar con su Grado superado.
Democratización de la universidad sí: que todo estudiante que intelectualmente sea adecuado pueda acceder a la misma, por supuesto (por cierto, el sistema de becas actual es eficaz y eficiente para cubrir posibles decalajes económicos); que se “demolatrice” la universidad (Sartori dixit) en la toma de decisiones y en los resultados, no. Que tanto en acceso como en resultado se “proletarice” la misma, mucho menos. Ello redunda en perjuicio del estudiante serio y de la sociedad en general, convirtiendo la educación superior en un trasunto de un Bachillerato que trata al estudiante como menor de edad, que lo son en esa etapa.
La sociedad apoya a la universidad y ésta le debe devolver el favor conformando una libertad responsable radicada en los ciudadanos y las instituciones que éstos conformen
Insisto: desde estos parámetros, la función básica de la universidad en nuestra democracia, consiste en formar ciudadanos libres y responsables. La sociedad apoya a la universidad y ésta le debe devolver el favor conformando una libertad responsable radicada en los ciudadanos y las instituciones que éstos conformen. Así se debiera cerrar un círculo virtuoso que, todo hay que decirlo, supone un gran esfuerzo por parte de todos. Se trata de acabar con el “niño mimado” orteguiano que trasciende del individuo e impregna, devaluándolas, las instituciones. Mucho más si éstas se basan en la meritocracia y el esfuerzo, como es el caso de las instituciones de educación superior.
¿Cuál es el marco de relación entre las universidades públicas y las sociedades que las sostienen?
En España, la universidad pública se integra en un marco de relación que combina financiación pública, autonomía y rendición de cuentas. La conjunción de estos tres elementos resulta muy compleja, enormemente complicada de lograr. Es más, creo que dicha unión no está perfeccionada en absoluto.
La universidad pública se financia esencialmente con recursos públicos, hecho que denota la apuesta social con el derecho a la educación y con la producción de conocimiento como bien público (art. 27.9 CE). Una aportación económica suficiente por parte de las Comunidades Autónomas y una distribución de fondos a cada universidad que sea justa y racional, acabaría tanto con el déficit de financiación estructural como con los dislates actuales de supra e infrafinanciación de ciertas universidades.
Urge una programación presupuestaria plurianual que dote de certidumbre tanto a la administración regional correspondiente (excluyo la UNED, cuya financiación corresponde al Estado) como a cada una de las universidades, siendo ambas partes responsables de su cumplimiento.
Por cierto, creo que apostar por la financiación pública no empece hacerlo de igual manera por acercar la financiación privada, empresarial, a la universidad. Creo que hay que acabar de una vez por todas con la demonización de la entrada de la iniciativa privada, de la financiación privada, en la universidad pública. No solo me parece necesaria, sino beneficiosa.
Una aportación económica suficiente por parte de las Comunidades Autónomas y una distribución de fondos a cada universidad que sea justa y racional, acabaría tanto con el déficit de financiación estructural como con los dislates actuales de supra e infrafinanciación de ciertas universidades
Y no lo digo por que sea uno de los criterios de los tan traídos y llevados rankings. No. Lo defiendo en la absoluta creencia que ello favorecería a la universidad, a sus estudiantes, a sus investigadores y a su tarea de transferencia. No se puede ni se debe seguir con aquellas pintadas que todavía hoy se pueden leer que rezaban “fuera la empresa de la universidad”. ¡Por favor! ¿queremos una universidad pública alejada de la realidad? Recuerdo aquél dicho de que Dios confunde a los hombres cumpliendo sus deseos. En fin…
Esa financiación se conjuga con el principio de la autonomía universitaria constitucionalmente reconocida (art. 27.10 CE), que permite gobernarse para cumplir sus fines sin interferencias ideológicas o partidistas. Y esta condición es necesaria pero no suficiente para una eficaz y eficiente gestión adecuada al interés general. Autonomía universitaria ¡claro que sí! Pero autonomía no es soberanía (perdón, pero aquí aparece mi condición de constitucionalista).
Y la autonomía universitaria en el siglo XXI, en un estado democrático, no puede identificarse con la propia del sistema medieval. Cada vez más se confunde la autonomía universitaria (por cierto, bastante debilitada en la práctica docente con el necesario cumplimiento de guías docentes únicas o de criterios de evaluación idénticos) con, por ejemplo, que para que las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado puedan intervenir para garantizar los derechos fundamentales (libertad de expresión, derecho a la libre circulación…)… ¡se requiera el permiso del Rector de turno!
En el medievo la jurisdicción universitaria sería necesaria: pásense por el Rectorado, por ejemplo, de la Universidad cisneriana, y observarán las cadenas que indicaban el limes correspondiente. Pero la adecuación a las reglas democráticas hace de esta cuestión una antigualla de difícil digestión para los que creemos en la libertad e igualdad de los ciudadanos, también en la universidad y no queremos que los campus se conviertan en terreno peligroso para el ejercicio de nuestros derechos y libertades. Lo mismo ocurre con la gobernanza universitaria: en el Medievo, para evitar intromisiones y garantizar su existencia, parece de pura lógica la tendencia al autogobierno.
a ningún docente se nos enseña a gestionar millones de euros. Se aprende sobre la marcha… Creo que a la gestión ha de llegarse ya aprendido. Y no es el caso. Considero que ha de darse una vuelta a esta cuestión para lograr un mejor, eficaz y eficiente uso del dinero público que, frente a lo que algunos defienden incluso en ágoras políticas de elevadísimo nivel, yo sí creo que es de todos los ciudadano
Tengo mis dudas, y soy consciente de que entro en un terreno abrupto, que la gobernanza de la universidad deba seguir criterios milenarios. Me pongo de ejemplo para no generar más polémica: ser catedrático de Derecho constitucional (ahora ya vale con ser Titular) no garantiza en absoluto ser un buen Rector.
Es más, a ningún docente se nos enseña a gestionar millones de euros. Se aprende sobre la marcha… Creo que a la gestión ha de llegarse ya aprendido. Y no es el caso. Considero que ha de darse una vuelta a esta cuestión para lograr un mejor, eficaz y eficiente uso del dinero público que, frente a lo que algunos defienden incluso en ágoras políticas de elevadísimo nivel, yo sí creo que es de todos los ciudadanos.
Así, después de aludir a las cuestiones de la financiación y de la necesaria autonomía universitaria, constitucionalmente garantizada, ambas dos no pueden sostenerse de manera adecuada en democracia si no se produce la necesaria rendición de cuentas y control de legalidad de las actuaciones de la administración universitaria. Si, como ya he dicho, la autonomía no equivale a soberanía, tampoco puede ni se identifica con la inmunidad. Las universidades deben actuar conforme a la ley y están sujetas a control jurisdiccional y a mecanismos de supervisión propios de lo público, además de exigencias de transparencia y responsabilidad institucional en su gestión.
Y, aparte de esa rendición de cuentas (ante las Cámaras de Cuentas regionales) y del cumplimiento de la legalidad ante los tribunales, aquí debo destacar que la figura de los Consejos Sociales no cumple del todo con sus tareas de control ni de acercamiento a la sociedad. Y no creo que sea únicamente un problema normativo, que también, sino de “miedo” generalizado a lo desconocido. Habría que dar una vuelta a este órgano, bien para dotarle de mayores competencias, bien para su desaparición, evitando que se conviertan en una especie de excusa de las partes (administración y universidad) para argumentar de que se cumple esa labor de control presupuestario o de acercamiento social.
Este mismo verano, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó la resolución «Derecho a la educación: libertad académica», en la que recordaba a los países miembros el derecho a la educación universitaria como un derecho humano. ¿Qué alcance tiene para los gobiernos esta declaración?
Vayamos por partes. Conviene distinguir dos planos, el jurídico teórico y el práctico. Como regla general, las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos no son tratados internacionales y no crean por sí mismas obligaciones jurídicas; expresan netamente compromisos políticos y orientaciones interpretativas.
Dicho lo anterior, aunque sus efectos no sean vinculantes, estas resoluciones tienen peso político y autoridad interpretativa, especialmente cuando conectan con obligaciones ya existentes (por ejemplo, el derecho a la educación en el marco internacional) y también cuando consolidan estándares sobre libertad académica. Así se deriva de la la cláusula hermenéutica del artículo 10.2 de nuestra Constitución.
En este caso, además, el Consejo ha venido apoyándose explícitamente en trabajos recientes del sistema ONU que formulan la libertad académica como un componente central del derecho a la educación y, en términos más ambiciosos, como un derecho humano que debe ser respetado y protegido. ¿Qué significa eso para los gobiernos?
Sin inventarnos efectos que no tiene, sí cabe afirmar con rigor que estas resoluciones fijan expectativas internacionales sobre políticas públicas (marcos legales, financiación, gobernanza universitaria, protección frente a presiones indebidas); sirven como parámetro de evaluación de las políticas públicas gubernamentales en foros internacionales (debate político, escrutinio, recomendaciones); y, por último refuerzan el argumento —jurídico y político— de que los Estados deben respetar, proteger y promover condiciones institucionales para la libertad académica, tales como seguridad de docentes e investigadores, ausencia de censura, garantías de pluralismo, etc.
los Estados deben respetar, proteger y promover condiciones institucionales para la libertad académica, tales como seguridad de docentes e investigadores, ausencia de censura, garantías de pluralismo, etc.
La cancelación de Kathleen Stock, profesora en la Universidad de Sussex en 2021 por sus críticas a la autoidentificación de género, y la suspensión de Laura Murphy, profesora en la Universidad Sheffield Hallam, por su investigación sobre el trabajo forzado uigur en China a inicios de 2025, enmarcan el principal debate sobre el futuro de las universidades en el Reino Unido, que ha llevado a la *Higher Education (Freedom of Speech) Act 2023*, en vigor desde el pasado 1 de agosto. ¿Está suficientemente protegida la libertad académica dentro de las universidades públicas y privadas españolas?
Primero, una precisión sobre el marco británico al que se refiere la pregunta: La Higher Education (Freedom of Speech) Act 2023 es legislación del Reino Unido destinada a reforzar deberes en materia de libertad de expresión y libertad académica en instituciones de educación superior. A diferencia del Reino Unido —que ha optado por una pieza legislativa específica y mecanismos regulatorios propios para reforzar la libertad de expresión y la libertad académica—, España confía la protección principalmente a la Constitución y a su desarrollo legal general (LOSU y marcos de convivencia).
La Constitución española de 1978 protege la libertad académica a través de la libertad de cátedra y la autonomía universitaria, entendida ésta tanto desde una perspectiva social o general y también subjetiva, lo que jurídicamente podemos denominar derechos subjetivos y como derecho fundamental institucional, según podemos leer en las SSTC 26/1987 (FJ 4 a y 47/2005 FJ 6).
Para entendernos, el Tribunal Constitucional defiende la autonomía universitaria y la libertad de cátedra aplicando la misma como derecho fundamental subjetivo (es decir, aplicable a cada individuo como tal) y como garantía del sistema democrático, como institución vinculada y defensora de la libertad académica.
el Tribunal Constitucional defiende la autonomía universitaria y la libertad de cátedra aplicando la misma como derecho fundamental subjetivo (es decir, aplicable a cada individuo como tal) y como garantía del sistema democrático, como institución vinculada y defensora de la libertad académica
Por otra parte, la LOSU, en su artículo 3, apartado tercero, expresa literalmente que “La autonomía universitaria garantiza la libertad de cátedra del profesorado, que se manifiesta en la libertad en la docencia, la investigación y el estudio”. A ello se añade normativa como la Ley 3/2022, de convivencia universitaria, que pretende fijar bases de convivencia y proteger el ejercicio de derechos y libertades en la comunidad universitaria, remitiendo a normas de convivencia aprobadas por cada universidad.
¿Esta protección es “suficiente” en la práctica? Si consideramos que “suficiente” significa que el sistema reconoce garantías jurídicas, la respuesta es afirmativa, porque el núcleo está constitucionalizado y reforzado por doctrina del Tribunal Constitucional y por legislación orgánica. Si, al contrario, “suficiente” significa que está siempre efectivamente asegurada frente a presiones internas o externas, entonces la respuesta debe ser aún más matizada, por dos razones que son, en sí mismas, estructurales.
Considero que la libertad académica no se protege únicamente con normativa y proclamaciones. Depende también de procedimientos internos, cultura institucional, reglas de convivencia y garantías disciplinarias y laborales aplicadas con proporcionalidad y respeto a derechos. Me explico: ¿estaba y está garantizada la libertad académica en las universidades vascas o catalanas para aquellos que fueron asesinados, perseguidos, exiliados o que hoy siguen siendo coaccionados? Algo huele a podrido… y no hace falta viajar hasta Dinamarca.
El paso de las musas al teatro, a veces, como los goyescos sueños de la razón, producen monstruos. Respecto al ámbito de las universidades privadas, además, la garantía constitucional opera, pero la configuración institucional y la relación contractual pueden generar tensiones específicas que, llegado el caso, deben resolverse mediante el control judicial y la aplicación de los derechos fundamentales en el marco correspondiente. En este caso no es que el sistema carezca de protección, sino que la protección se articula de forma distinta.
La propia naturaleza de las universidades las convierte en instituciones incómodas para los gobiernos. ¿Cuáles son las principales tensiones a las que se enfrenta la autonomía universitaria en España?
Mas que las instituciones como tales, creo que somos “algunos universitarios”, entendido el término en sentido amplio, los que resultamos incómodos para determinados políticos, más que para los gobiernos. Si las universidades son espacios de pensamiento crítico y resultan absolutamente necesarias, ni que decir tiene que los universitarios, al menos algunos pocos, transferimos el mismo a la sociedad. Me remito a lo ya indicado más arriba, sobre todo en la respuesta a la pregunta segunda.
Los periodistas cuando publican noticias que no gustan; los colegios de profesionales variados cuando algunos políticos presentan evidencias que no son tales…Como en el cuento de Andersen, cuando el niño señala al Rey que va desnudo, el carente de ropa se enfada. De ahí la necesidad de pensamiento crítico cívico y de formación especializada. Pero quiero pensar que no todos los políticos son así. Para los que creemos que la política reside en trabajar por el interés general, el conocimiento, el diálogo con el que piensa diferente, engrandece la decisión que posteriormente se adopta, asumiendo que nunca existe una decisión cien por cien que no presente efectos indeseados.
Es cierto: hablo de que algunos universitarios resultamos “incómodos”. Reitero que solo algunos ya que el “virus de la funcionarización” parece que desactiva el sentido cívico de una mayoría que pasan a atender demasiado a su propio ombligo cuando debería ser lo contrario. Es la lamentable dicotomía clásica entre la “libertad de los antiguos y de los modernos” a la que aludiera Constant imbricando y haciendo compatible en su caso ambos conceptos, abogando por que el ciudadano no solo atendiera al desarrollo y aplicación fáctica de sus derechos subjetivos, sino que también luchara por el colectivo. En fin, queda mucho por recorrer, como les indico a mis estudiantes.
Como colofón, niego la mayor. Quitando el momento de discusión de la financiación y algunas otras situaciones no deseables como los posicionamientos institucionales a favor, por ejemplo, de la independencia de la región catalana (se pueden poner otros casos) la universidad no resulta en absoluto incómoda para los gobiernos. Pero es que tampoco creo que sea esa su tarea en absoluto.
Mas que las instituciones como tales, creo que somos “algunos universitarios”, entendido el término en sentido amplio, los que resultamos incómodos para determinados políticos, más que para los gobiernos
¿Cuáles son los límites a la libertad de expresión de los profesores en las aulas universitarias?
Lo que tiene llegar a la pregunta séptima es que el paciente lector que hasta aquí ha llegado ya tiene los mimbres necesarios para responderla. La libertad de expresión de los profesores universitarios se enmarca en la libertad de cátedra, que es un derecho fundamental, pero no ilimitado, como no lo es ninguno de los así considerados. En primer lugar, tiene como límite el respeto a la legalidad vigente: por ejemplo, no ampara discursos de odio, discriminatorios o que vulneren derechos fundamentales.
Como ya he indicado, la libertad de cátedra debe ejercerse con adecuación a las guías docentes y a los planes de estudio. El profesor tiene margen para enfocar los contenidos, plantear debates o expresar distintas corrientes de pensamiento, pero no para apartarse arbitrariamente de los objetivos académicos de la asignatura ni para convertir el aula en un espacio ajeno a su función docente. Dicho sea lo anterior en beneficio del estudiante.
Otro límite importante es el respeto al pluralismo ideológico y al alumnado. El aula universitaria debe ser un espacio de libre difusión de ideas y debate crítico, no de adoctrinamiento. Por eso, el profesor puede expresar sus opiniones, pero garantizando que se presenten distintas perspectivas y que el alumnado pueda formarse su propio criterio.
El aula universitaria debe ser un espacio de libre difusión de ideas y debate crítico, no de adoctrinamiento. Por eso, el profesor puede expresar sus opiniones, pero garantizando que se presenten distintas perspectivas y que el alumnado pueda formarse su propio criterio
En resumen, la libertad de expresión del profesorado es esencial para la universidad, pero debe ejercerse de forma responsable, dentro del marco legal y académico, y orientada siempre a la formación crítica y plural del estudiantado.
Pero iría contra mí mismo si no “sacara punta” a esta cuestión. Me van a permitir que sea franco: hoy día, la mayor limitación existente en las universidades enmarcadas en sistemas democráticos, digo que la mayor limitación, el mayor peligro es la autolimitación, la autocensura.
En una sociedad débil, preñada de wokismo, con individuos que todavía no saben, o no quieren saber, que sin cañones no hay mantequilla para comer que sin mantequilla no sirven para nada los cañones (a pesar de que Samuelson lograra un Premio Nobel), resulta casi milagroso poder discutir sobre temáticas que no vengan impuestas por “el sistema”.
Si se defiende que las pensiones ejemplifican actualmente una pirámide de Ponzi (con todos los matices); que el voto de los diputados y senadores es libre y que fallan ellos en su integridad perosnal y no tanto el sistema constitucional; que la monarquía como Jefatura de Estado es un sistema tan democrático como la república; que el voto activo femenino lo aprueba la CEDA en 1933 con la oposición de las fuerzas “de izquierda” (esa hemiplejia moral a la que aludía Ortega y Gasset) … los estudiantes te miran como las vacas al tren, aunque luego te lo agradezcan.
Evidentemente no estoy aludiendo a que se ponga en discusión el terraplanismo, pero, y no soy muy dado al miedo escénico, actualmente resulta complicado salir al estrado a criticar lo políticamente correcto, aunque ese concepto vaya variando, siempre en beneficio de los que mandan, eso sí.
La Guerra de Vietnam trajo un debate que afecta a todas las universidades en su relación con la sociedad: la neutralidad política. En nuestro país hemos vivido esta controversia en relación con temas como el *procés* independentista catalán o el conflicto de Gaza. ¿Cuáles son los límites de la intervención política en las universidades, y en especial de sus responsables?
El debate sobre la neutralidad política de la universidad es complejo. En principio, ha de defenderse la universidad como institución que debe mantener una neutralidad institucional, especialmente a través de sus responsables, ya que representa a una comunidad plural y no puede adoptar posiciones partidistas en nombre de todos.
Ahora bien, esa neutralidad no puede entenderse como un silencio absoluto. Frente a determinados acontecimientos, especialmente cuando están en juego principios constitucionales o el respeto al Estado de Derecho, la neutralidad deja de ser una opción. La universidad, y en particular desde disciplinas como el Derecho, no puede permanecer ajena ante vulneraciones claras del marco constitucional.
Dicho eso, y volviendo a lo anterior, frente a posicionamientos independentistas y filoterroristas de algunas universidades ¿dónde están los posicionamientos de la inmensa mayoría de las demás? Volvemos a la autocensura y a la granja de Orwell: algunas universidades son “mas iguales” que otras; algunos argumentos (sic) son más chics que otros. Autocensura personal e institucional. Y es que la universidad (no debería ser así, pero lo es), se encuentra imbuida del mismo espíritu descafeinado que la sociedad a la que sirve.
Creo que la clave está en cómo se interviene. La intervención debe hacerse desde un enfoque académico, jurídico, axiológico y no partidista, defendiendo los valores constitucionales y los derechos fundamentales, pero sin convertir a la universidad en un actor político. En definitiva, el límite de la intervención política universitaria está en distinguir entre la defensa de principios básicos del orden constitucional, que es legítima y necesaria, y la toma de partido político, que no corresponde a la institución ni a sus responsables.
el límite de la intervención política universitaria está en distinguir entre la defensa de principios básicos del orden constitucional, que es legítima y necesaria, y la toma de partido político, que no corresponde a la institución ni a sus responsables
La palabra del año 2025, según Oxford University Press, fue «rage bait», que podemos traducir como “anzuelo de ira”. ¿Qué papel deben asumir las universidades frente a la polarización que está desgarrando la convivencia?
La polarización alimentada por fenómenos como el que se alude supone un serio riesgo para la convivencia democrática, y frente a ello las universidades tienen un papel fundamental. Volvemos al principio. Y no solo a los argumentos expuestos al principio de esta entrevista, si se me permite. Vuelvo más atrás, a San Agustín: “tole et lege” toma y lee.
La universidad, decía antes, potencia el pensamiento crítico. Y la base de este es separar juicio y pre-juicio, respetar la argumentación del de enfrente, discerniendo información y desinformación, los discursos serios y los netamente simplificadores, descartando los contenidos diseñados para provocar ira más que reflexión. La universidad debe fomentar la cultura del debate racional y del pluralismo, donde se puedan confrontar ideas distintas desde el respeto y el rigor, alejándose de la lógica emocional y polarizadora que domina muchas veces en redes sociales y medios digitales.
Otro papel clave es el ejemplo institucional. Las universidades y sus responsables deben evitar reproducir dinámicas de confrontación o mensajes polarizantes, apostando por un lenguaje prudente y responsable que contribuya a rebajar la tensión social. Y no lo olvidemos: la universidad tiene una función formativa y social.
No solo transmite conocimientos, sino valores cívicos. En ese sentido, debe educar en la deliberación, la tolerancia y la complejidad, ofreciendo herramientas para convivir en sociedades diversas sin caer en la lógica del enfrentamiento permanente. A algunos le convendrá levantar muros; desde la universidad se tienden puentes, aunque hay que reconocer que en estas circunstancias resulta un trabajo titánico.
Las universidades y sus responsables deben evitar reproducir dinámicas de confrontación o mensajes polarizantes, apostando por un lenguaje prudente y responsable que contribuya a rebajar la tensión social
Sostiene el columnista británico Adrian Wooldridge en su libro «The Aristocracy of Talent» que la “reacción adversa” frente a la ciencia y las universidades que representan los distintos negacionismos es resultado de una revuelta cultural contra la “élite cognitiva sabelotodo”, en la que se proyectan los resentimientos de las clases populares antes dirigidos a las élites económicas. ¿Qué no han hecho las universidades en las últimas décadas para que esto suceda?
De nuevo debo matizar la pregunta. La universidad (al menos la europea continental) lleva mucho tiempo abierta a la sociedad, democratizando su acceso, por lo que creo que ese decalaje “cognoscitivo” ha venido a menos. No hay familia que no pueda tener un miembro en la universidad. Dicho esto, es cierto que las universidades, en las últimas décadas, no han sabido comunicarse ni relacionarse adecuadamente con amplios sectores de la sociedad, y eso ha facilitado la percepción de que forman parte de una “élite cognitiva” distante y moralmente superior.
Considero que no hemos hecho suficiente por explicar el valor social de la ciencia y del conocimiento de forma accesible, ni siempre nos hemos preocupado por escuchar las necesidades reales de la sociedad. Vuelvo a ponerme de mal-ejemplo: si yo estoy escribiendo sobre el desarrollo constitucional de Puerto Rico en una España en la que se está produciendo un debate sobre la falta de vivienda necesaria para la emancipación de los jóvenes, ni puedo ni debo sacar en una cena con amigos “mi problemática” ¿No es interesante mi estudio?
Quizás sí, pero necesariamente me va a “separar” de la realidad. Aprovecho la ocasión así para destacar uno de los mayores problemas del universitario, que vengo a denominar desde hace tiempo como “onanismo intelectual”, mezcla de inseguridad y de egolatría que, releyendo la pregunta, quizás tenga algo que ver con la situación que describe.
Ítem más: en algunos contextos, la universidad ha proyectado una imagen de homogeneidad ideológica y de superioridad moral, lo que ha alimentado la idea de que ciertas posiciones culturales o sociales son descalificadas de entrada. Vuelvo otra vez a diferenciar las musas -universitarias- y el teatro -realidad- El ejemplo: el fenómeno denominado woke, y no tanto por sus objetivos, que se pueden compartir, sino por su deriva excluyente o moralizante en algunos espacios universitarios, que ha reforzado la sensación de que la universidad no es un espacio verdaderamente plural.
Tampoco se ha hecho lo suficiente para defender con claridad la ciencia y el método científico, ni para combatir la desinformación desde la pedagogía y no desde el desprecio. Cuando el conocimiento se percibe como arrogante o desconectado de la experiencia cotidiana, surgen reacciones de rechazo y negacionismo. En definitiva, más que un fracaso de la ciencia, lo que hay es un fracaso en la mediación entre conocimiento y sociedad.
Las universidades no han logrado mostrarse como instituciones al servicio del conjunto de la ciudadanía, y ese vacío ha sido ocupado por discursos que canalizan el resentimiento cultural contra ellas. De ahí que haya que potenciarse la transferencia del altísimo nivel de conocimiento que atesoran nuestras universidades.
Las universidades no han logrado mostrarse como instituciones al servicio del conjunto de la ciudadanía, y ese vacío ha sido ocupado por discursos que canalizan el resentimiento cultural contra ellas
¿Alguna cuestión más que quiera añadir?
Solo indicar que, en la entrevista, además de destacar la importancia de la educación superior en España, también he intentado resaltar algunas situaciones al menos discutibles. Ni soy vasco ni he sido Rector de Salamanca, pero como Unamuno, y tal y como se indicaba en la pregunta sexta, he querido resultar “incómodo” adrede, destacando algunas cuestiones que “me duelen” de mi madre nutricia.
Sí quiero añadir una reflexión final: los rankings internacionales no son las tablas de la ley mosaica. Un vistazo a alguno de sus criterios (número de premios Nobel o balanza de ingresos públicos y privados), por ejemplo, siempre perjudica a una universidad pública como la española en general de cuyo trabajo podemos y debemos estar muy orgullosos.
Cuidado con revestirnos con ropajes prestados. Mucho cuidado. ¿De verdad queremos tener un modelo universitario como el de Estados Unidos en el que se conjugan excelentes centros con otros (la mayoría) que no llegan al nivel de nuestras universidades ni de lejos? ¡Claro que hay mucho que mejorar y que aprender de otros modelos y de nuestra propia experiencia! Por supuesto. Pero recuerden que a veces Dios castiga a los hombres concediéndoles sus deseos.
Muchas gracias por la oportunidad y espero que estas reflexiones personales les hayan servido para algo.
