¿Por qué es tan difícil hacer ciencia en España?

La ley de extranjería permite que un ciudadano brasileño pueda ser contratado para jugar en el Real Madrid de un día para otro, y sin embargo precisa de seis meses para poder traer un científico de Estados Unidos. ¿Cómo damos a la ciencia el marco que necesita?

JOSÉ MANUEL TORRALBA


Cualquier pacto de Estado que pretenda hacerse en torno a la actividad científica, y por tanto cualquier iniciativa que pretenda renovar la actual Ley de la Ciencia, debería tener como objetivo poner a la Ciencia en centro de la actividad política y, por supuesto, de la actividad del país. 

A continuación voy a enunciar una  serie de medidas que podrían ayudar a que la ciencia ocupe el lugar que le corresponde. 

Si la Ciencia fuera importante, tendría una financiación basal estable importante. Se vuelve a prometer llegar al 2 % del PIB en inversión y alcanzar el 3% en 2030. Sin embargo, los científicos españoles están muy cansados de oír hablar del 2% del PIB, porque es una promesa perenne desde hace más de 20 años. Cuando hace más de 20 años se empezó a hablar de ese 2% era una promesa ambiciosa, porque era situarnos en cifras equivalentes a la de países que eran nuestro referente. En el 2022 el 2 % no solo no es ambicioso, sino que nos sigue posicionando en la mitad de la tabla de la OCDE, y España como país merece más. 

Nos merecemos estar en unos niveles de inversión equivalente a lo que invierten los países del primer cuartil de la OCDE, que es donde estamos como economía.  Eso nos tendría que llevar a un 3 o 3,5 % del PIB, y esto tendría que ser fruto de un pacto de Estado. Hoy se habla de presupuestos históricos y lo son, pero gracias a la inyección extraordinaria de fondos europeos, que cuando desaparezcan nos volverán a dejar muy lejos del objetivo del 3-3.5%. 

Un aumento de la financiación, además, debiera ir acompañado de una refundación de la Agencia Estatal de Investigación. Permitiendo que tuviera planes plurianuales, que no dependieran de presupuestos anuales para poder ejecutar sus convocatorias. Y que estuviera dotada de un presupuesto de funcionamiento muy superior al actual que posibilitara la buena gestión y evaluación de las convocatorias. Y con un mayor nivel de independencia del que tiene en la actualidad.

Otro asunto de Estado que debería preocupar es el número de científicos expatriados. Necesitamos un plan nacional de recuperación de parte de los  miles de científicos que tenemos en el extranjero. Formar un doctor con experiencia cuesta del orden de medio millón de euros. Si consideramos la posibilidad de retornar a 30.000 científicos, doctores formados, muchos de ellos españoles, que están expatriados, estaríamos hablando de una inversión en talento en nuestro país de más de 15.000 millones de euros, más que lo que nos van a traer los fondos de resiliencia para la Ciencia. 

Este plan de retorno no puede basarse, únicamente, en subir unas plazas en la convocatoria Ramón y Cajal. Hay que hacerlo imponiendo políticas que también tienen que ser fruto de un pacto de Estado. Hay que modificar por completo la manera en que en España damos acceso al funcionariado a los científicos y universitarios. Tenemos que salir de los métodos endogámicos, que hacen que resulte mucho más fácil para una persona que está dentro del sistema poder acceder a una plaza. 

Tenemos que intentar recobrar salarios dignos en la Ciencia. La mayoría de los científicos que vienen del extranjero van a perder en España la mitad de su salario. Si se consiguiera un nivel de financiación superior, ese 3 % del que se habla, permitiría salarios en la Ciencia más acordes con lo que existe en Europa fuera de España. 

Hay que eliminar por completo la tasa de reposición, otro obstáculo tremendo para poder atraer talento a nivel internacional. 

los científicos españoles están muy cansados de oír hablar del 2% del PIB

Hay que modificar para todas estas personas, pero también para los españoles que están aquí, los sistemas de acreditación, puesto que los que hoy tenemos son burocráticos, farragosos, y no resultan asequibles a cualquier persona que no quiera perder muchas horas, días, semanas, simplemente para rellenar una acreditación. 

Estamos en un momento histórico único para poder repatriar a muchos de esos expatriados, porque en los próximos años se jubilarán más del 30% del personal permanente del sistema universitario y de las OPIS estatales, pero con la tasa de reposición que tenemos y los procesos de selección vigentes, se hace difícil facilitar esa vuelta.

Otro aspecto elemental e importante es el de la eliminación de barreras a la investigación e innovación, una eliminación que va mucho más allá de la llamada desburocratización, que es solo una parte de esas barreras. 

Muchas de las normas administrativas que regulan la actividad de los centros públicos  se han hecho de espaldas a la Ciencia; como la ley de subvenciones, la ley de contratos del sector público o la ley de patrimonio de las Administraciones Públicas. Son leyes anacrónicas, nocivas para la Ciencia, porque no tienen en cuenta su peculiaridad.

Igual sucede con la legislación que regula las fundaciones públicas. Desde hace unos años las fundaciones del sector público de investigación perdieron el carácter privado en su funcionamiento, lo que impide que las fundaciones de investigación del sector sanitario o las OPIS autonómicas puedan hacer su tarea de captación y retención de talento apropiadamente. 

O con la ley de extranjería, que permite que un ciudadano brasileño pueda ser contratado para jugar en el Real Madrid de un día para otro, y sin embargo precisa de seis meses para poder traer un científico de Estados Unidos.

Desgraciadamente, hay que hacer referencia a la recientemente aprobada reforma laboral, que se ha hecho de espaldas a la ciencia. En estos momentos hay más de 25.000 personas contratadas, solo en las universidades, por obra y servicio, que se quedan en el aire. Una reforma laboral que contempla la posibilidad de temporalidad en algunos ámbitos, pero que no tiene en cuenta que en la Ciencia la mayoría de los contratos están vinculados a proyectos de investigación y, por tanto, son temporales.

Hay que cambiar muchas cosas en el ámbito de los recursos humanos, no solamente en cuanto a dar estabilidad en los contratos, en hacer contratos indefinidos; como señala con anterioridad hay que mejorar el sistema de acreditación y hay que eliminar la tasa de reposición. 

La tasa de reposición en ciencia es una barbaridad, incluso el 120 % como sector estratégico, como sector importante. ¿Por qué? Hay muchos centros que son nuevos, jóvenes, con cinco o diez años, y pasará tiempo hasta que se jubile la primera persona. Las fundaciones de investigación y sanitarias apenas tienen posibilidad de ningún tipo de crecimiento, de atracción de talento. Y hay que dar libertad de salarios. ¿Cómo se pretende atraer talento extranjero, con salarios tres veces inferiores?  Es prácticamente imposible. Si un científico cobra un poquito más que un director general o un ministro, parece una locura; pero nadie se escandaliza porque un futbolista gane mil veces más que un ministro. 

Tiene que haber mecanismos de incentivos equivalentes a los del artículo 83 de la ley de universidades en todo el sistema de Ciencia. Si un científico consigue una ERC de tres millones de euros, el instituto o el centro donde vive ese científico tiene que poder incentivarle para que no se lleve la ERC a cualquier otro lugar de Europa donde le doblen el salario. 

¿Cómo se pretende atraer talento extranjero, con salarios tres veces inferiores? 

Y hay que acompasar las carreras y la política científica de las universidades, del sector sanitario con el resto del ámbito científico. Ni a los científicos ni a los universitarios les gusta que haya dos ministerios con políticas divergentes. 

Necesitamos una oficina de asesoramiento a la Presidencia del Gobierno sobre los temas que están de actualidad. Dicha oficina tendría que ser independiente, porque, si no es así, corremos el riesgo de que diga lo que el Gobierno quiere escuchar, no lo que realmente es importante o necesario. 

Esa oficina podría encargarse de desarrollar una segunda medida que es indispensable, y es que toda iniciativa legislativa, ya fuese una ley o una disposición administrativa, tendría que conllevar un informe relativo a cómo impacta esa legislación en la Ciencia y la Ciencia en esa norma. Cómo afecta la legislación a la estrategia de Ciencia, Tecnología e Innovación del país. 

Como se comentará más adelante, la ausencia de esta valoración hace que hoy haya numerosas leyes muy perniciosas para el funcionamiento de la Ciencia, porque nadie tuvo en cuenta la peculiaridad que tiene la ciencia como actividad prioritaria y esencial en el desarrollo de un país. 

Igual que en España se hace un informe sobre el impacto normativo, un informe del impacto de género o de impacto medioambiental, por ejemplo, tendría que haber un uniforme obligatorio de impacto sobre el funcionamiento de la Ciencia; y de ese modo no se hubieran introducido en el mundo de la Ciencia numerosas trabas que hacen muy difícil poder gestionar y desarrollar ciencia en España.

Hay que implicar más al sector privado en la inversión en ciencia e innovación.  Una manera más sencilla de llegar al 3-3,5 % sería consiguiendo que la mitad viniera del sector privado, como ocurre en otros países. Pero para cambiar este paradigma en un país donde las empresas no tienen cultura innovadora, hay que empezar, de forma muy agresiva, a cambiar la imagen que se tiene desde la empresa, del mundo de la academia. 

Para ello había que empezar por insertar muchísimos más doctores en la industria. Pero es difícil que la industria de valor a nuestros doctores, cuando el propio estado no los valora (a una persona que se presenta a una oposición en España le cuenta lo mismo ser doctor que no serlo, y si dentro de la función pública, no valoramos el doctorado, ¿cómo vamos a pedirle a una empresa que lo valore?). Cuantos más doctores haya en esas empresas el idioma que se habla entre la empresa y sector público será mejor y más apropiado. El número de doctores que hay en España en la industria es muy bajo comparado con Alemania o Francia. Hay que hacer una política muy agresiva para exportar doctores a la industria. 

Y hay que intentar meter más dinero público para el ámbito de la innovación que no sea a base de préstamos. Ahora mismo, del dinero que se mete en el ámbito de la innovación no se ejecuta el 70 %, porque prácticamente la mitad va a través de préstamos. Si no se inyecta dinero en forma de subvención muchas empresas no van a entrar al juego de la innovación, sobre todo las pequeñas y medianas; las grandes, a lo mejor tienen músculo para poder entrar vía préstamo, pero las pequeñas desde luego que no, y no hay que olvidar que en España, el tejido de pequeñas y medianas empresas, es enorme. Para atraer a esas pequeñas y medianas empresas al sector de la innovación hay fórmulas inventadas en casi todos los países que nos llevan ventaja. Copiémoslas.


La Reforma de la Ley de la Ciencia que se está planteando apenas se pasa de puntillas sobre algunos aspectos de personal, gobernanza y desburocratización, pero no entra de forma importante en ninguno de los problemas que aquí se han descrito. Es, una vez más, otra oportunidad perdida.

El contenido de este artículo se corresponde con la intervención José Manuel Torralba, como vicepresidente de la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) en la subcomisión de Ciencia y Universidades del Congreso de los Diputados el 13 de febrero de 2021.


José Manuel Torralba, Catedrático de Ciencias de los Materiales de la Universidad Carlos III de Madrid, Director del IMDEA Materiales y Vicepresidente de la COSCE. Ha sido Director General de Universidades e Investigación en la Comunidad de Madrid.

En twitter @torralba59

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