Durante más de dos décadas he participado en gestión universitaria en distintos niveles, y eso me ha dado la oportunidad de participar en muchos foros de debate, mesas redondas, grupos de discusión… sobre cómo mejorar nuestro sistema universitario. Durante este tiempo he de reconocer que siempre, en todos esos foros, había un alto consenso en reconocer las debilidades del sistema (arriba descritas) y en proponer soluciones. Y estoy hablando de foros donde participaban expertos de todos los signos políticos y todas las tendencias universitarias. Después de más de 20 años y después de varias leyes que regulan el sistema (LRU, LOU, LOSU…) todo sigue desesperantemente igual. Y lo que es peor, los niveles de financiación siguen, a nivel estadístico, por debajo de la media de la OCDE y a nivel real, más alejados hoy que hace diez años, de los países que lideran Europa. Todos conocemos los problemas y sus soluciones. Nadie tiene el coraje de tomar las decisiones adecuadas.
JOSÉ MANUEL TORRALBA
Universidades públicas y privadas: más allá de los prejuicios, una comparación necesaria
En el debate que se ha suscitado en las últimas semanas respecto a la calidad de las universidades privadas, creo que están mediando muchos prejuicios (la mayoría ideológicos) y poca información. Empecemos aclarando algunas cosas: 1) Todas las universidades, tanto públicas como privadas, dan un servicio público. 2) Todas las universidades, tanto públicas como privadas, deben cumplir los mismos requisitos para poder ser creadas, los que impone el R.D. 640/2021, de 27 de julio, de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios. 3) El Gobierno de España ha iniciado la tramitación urgente para modificar este Real Decreto el pasado 1 de abril en el Consejo de Ministros, con la intención de “fortalecer los criterios de calidad y sostenibilidad en el sistema universitario” (proyecto de Real Decreto que se encuentra en fase de audiencia e información pública, abierta desde el 2 hasta el 11 de abril de 2025). Estas modificaciones aprobadas en el Consejo de Ministros, endurecen, pero muy poco, esos requisitos. Si alguien piensa que los posibles problemas de calidad de algunas universidades privadas los van a arreglar estas modificaciones, está muy equivocado.
Sigamos planteando cosas para la discusión. En mi opinión, no podemos comparar en el mismo plano universidades públicas con universidades privadas. Para mí sería más justo comparar entre sí publicas y entre sí privadas. Y desde este planteamiento hablar de buenas y malas universidades públicas, y buenas y malas universidades privadas. Y no son comparables porque parten de supuestos presupuestarios muy distintos. Las primeras se crean con unos presupuestos importantes de dinero público para infraestructuras (tanto de instalaciones como de investigación) y un personal funcionario (desde el punto de vista de su vinculación salarial), normalmente con el nivel de doctores. Desde este punto de partida, son instituciones que desde el principio pueden acometer con garantías labores docentes e investigadoras, donde, además, esos nuevos profesores tienen tasada una dedicación docente que les permite, también, desarrollar tareas de investigación.
Por el contrario, las universidades privadas, que nacen con capital privado, tienen que invertir desde cero en instalaciones y personas. Normalmente no pueden acometer desde el comienzo de su actividad, inversiones en infraestructura de investigación, ni su profesorado tiene la posibilidad de dedicar tiempo a desarrollar estas labores o para captar recursos de investigación. Deben dedicar todo su tiempo a desarrollar una docencia que debe pagarse con matrículas. Y es por esto que las universidades públicas pueden desarrollar, casi desde el principio, un perfil investigador, y las privadas un perfil marcadamente docente (porque es la docencia la que les permite sobrevivir).
En mi opinión, no podemos comparar en el mismo plano universidades públicas con universidades privadas. Para mí sería más justo comparar entre sí publicas y entre sí privadas
El debate sobre la calidad universitaria en España
En los rankings internacionales de universidades, en los primeros quinientos puestos (a nivel mundial), aparecen muchas de nuestras universidades públicas, y únicamente unas pocas privadas (la Universidad de Navarra, la Pontificia de Comillas… universidades creadas bajo el paraguas del Concordato hace muchos años, o el IE, que fundamenta su calidad en la excelente docencia en posgrado, principalmente en ciencias sociales). ¿Podemos decir que todas esas universidades públicas son “buenas universidades”? ¿Y que todas las privadas que no aparecen ahí son “malas universidades”? Sinceramente, creo que no.
Además, creo que debemos ser mucho más exigentes con las públicas, que usan el dinero de nuestros impuestos, que con las privadas, que arriesgan su propio dinero. Por supuesto que debemos apoyar a las públicas, pero también pienso que debemos ser mucho más exigentes con sus prestaciones como servicio público. Por otro lado, no es menos cierto que muchas de las privadas, son meros centros de expedición de títulos, solo preocupadas por vender una buena imagen que les permita atraer alumnos (a veces dedican más dinero al marketing que a la calidad docente).
No es de extrañar que a estas se las defina como chiringuitos. Pero no es justo clasificarlas a todas igual, porque más allá de aquellas que ya despuntan entre las públicas incluso en investigación (arriba mencionadas), muchas de las universidades privadas creadas en los últimos años, están haciendo un esfuerzo importante en dedicar parte de sus recursos a hacer investigación.
Por supuesto que debemos apoyar a las públicas, pero también pienso que debemos ser mucho más exigentes con sus prestaciones como servicio público
¿Porqué, ahora, este debate? No cabe duda de que existen muchas universidades privadas, normalmente aquellas gobernadas por sociedades con ánimo de lucro, que están más preocupadas por la cuenta de resultados que por la calidad docente (e ignorando totalmente la obligación de desarrollar tareas investigadoras). Y no es menos cierto que en algunas comunidades autónomas están proliferando a una velocidad que invita a pensar que pueden poner en riesgo el servicio público. Y esto, sin tener en cuenta muchas de las premisas aquí explicadas, también invita a una evaluación de la situación injusta y susceptible de ser utilizada como arma política arrojadiza. Y por desagracia la modificación propuesta por el gobierno del RD 640/2021 no es la solución. La solución pasa por medidas que ni este ni gobiernos anteriores de otro signo se han atrevido a tomar.
La necesaria reforma estructural del sistema universitario español
¿Cómo frenar la creación de Universidades (privadas) cuyo único objetivo es obtener un beneficio en la cuenta de resultados de la empresa que la forma/promueve? Desde luego, endureciendo mucho más el RD 640/2021 más allá de las medidas cosméticas propuestas por el gobierno el pasado 1 de abril. Pero en mi opinión el problema tiene unos orígenes que solo se puede arreglar con una modificación profunda de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), heredera de la LOU y sus modificaciones y esta de la LRU.
En todas estas leyes se ampara la posibilidad de crear universidades privadas, con los mismos objetivos y misión que las públicas. Y en todas se deja la normativa de creación a reales decretos que imponen unas barreras a todas luces insuficientes para garantizar el mismo servicio público que se espera de una universidad pública. Esto hace que cualquier proyecto “que cumpla”, es imparable desde el punto de vista legal. A continuación, voy a poner sobre la mesa tres medidas legislativas que ningún partido se atreve a tomar y que a medio plazo solucionaría gran parte del problema.
- Legislar la posibilidad de crear “Centros Universitarios” cuya misión sea impartir docencia y “expedir títulos” sin pretensiones de generar conocimiento. Esos centros existen en muchos países que nos adelantan en esto de la educación superior. Se les llama “colleges” o “escuelas universitarias”. No son Universidades (con mayúsculas), donde además de formar, se genera conocimiento. Estos centros pueden llegar a tener mucho prestigio en la formación de graduados o másteres, pero no podrán formar doctores. Esto evitaría a la sociedad confundir las cosas y meter a todos en el mismo saco. Hoy existen muchas ”malas” universidades públicas y privadas que serían excelentes “centros universitarios”, sin más pretensiones. Pero para ser Universidad hay que cumplir con todas las misiones de una Universidad, que incluyen, por supuesto, la generación de conocimiento a través de la investigación. Y se debiera poder pasar de “centro universitario” a “Universidad” si se acredita una actividad investigadora equivalente a un umbral que se establezca en función del conjunto del sistema universitario. De igual manera, si una Universidad (pública o privada) no da la talla, debiera poder ser “degradada” a “centro universitario” después de un determinado número de evaluaciones.
- Los promotores de Universidades privadas, deben ser organizaciones o fundaciones sin ánimo de lucro. Esto es lo menos que habría que exigir a un promotor de una Universidad que, aunque de carácter privado, va a desarrollar un servicio público. Si el promotor de una universidad privada no tiene ánimo de lucro y los supuestos beneficios se reinvierten en el proyecto, evitaríamos centros cuyo único objetivo es el negocio y donde toda la actividad se orienta hacia el negocio, haciendo muy posible que esa universidad se convierta en lo que llamamos chiringuito, donde nadie se preocupa por ningún tipo de calidad docente y mucho menos investigadora. Aquí se prioriza el marketing y la imagen sobre la calidad y será sencillo engañar a la sociedad para captar estudiantes, perjudicando indirectamente al sistema público. Y así acabaríamos con algunas bochornosas compraventas de universidades por fondos de inversión o proyectos liderados por multinacionales de negocios que nada tienen que ver con la educación. Desgraciadamente hoy, muchas de las universidades privadas que existen, se ajustan a este perfil.
- Los centros adscritos privados no pueden estar adscritos a Universidades Públicas. No todo el mundo conoce la existencia de los centros adscritos. Son mini-universidades “pegadas” a una universidad. Los requerimientos en cuanto a número de estudiantes y número y variedad de titulaciones son mucho menores a las exigidas para crear una universidad, por lo que es un camino que siguen muchos proyectos de universidad para acumular los umbrales requeridos para dar el salto a universidad privada. Lo que para mí es vergonzoso, es que estos centros, totalmente privados, estén adscritos a universidades públicas, que les permiten emitir títulos con el nombre de la universidad pública a cambio de dinero. En la realidad es una fuente de financiación de algunas universidades, en mi opinión, espuria. He conocido algunos rectores “progresistas” aparentemente defensores a ultranza de la universidad pública que han mantenido en su universidad más de media docena de estos centros adscritos que eran auténticos chiringuitos que expedían títulos con el nombre de la universidad pública. No todos son chiringuitos, pero si un buen porcentaje. Y algunos han dado el salto a universidad después de estar bajo el cobijo de universidades públicas, con rectores que luego se han quejado de la proliferación de universidades privadas. Eso que se conoce como doble moral. Los centros adscritos debieran adscribirse a universidades privadas, a las que yo obligaría a invertir los beneficios de esos acuerdos en recursos para hacer investigación.
¿Porqué no se toman estas medias? La respuesta está en el dinero. Posiblemente con la situación actual muchos ganan, aunque con la boca pequeña se quejen.
Luces y sombras del sistema universitario público español
Pero también el sistema público tienes sus sombras. No todas las universidades publicas son “buenas universidades”. Tenemos un sistema universitario gobernado por unas leyes que, desde luego, no propician que se pueda mejorar. Una endémica y excesiva endogamia, un sistema de financiación que no se aleja del “café para todos”, un sistema de gobernanza decimonónico basado en una pseudodemocracia que, la mayoría de las veces coloca en la toma de decisiones no al más capaz sino al más popular, una importante falta de control externo por unos consejos sociales inoperantes y normalmente conchabados con quien gobierna la universidad, un sistema de acceso a la universidad muy cuestionable en su garantía de igualdad y, para terminar, unas agencias de calidad que solo con nombrarlas erizan el cabello de cualquier gestor universitario.
Todo lo anterior podría arreglarse con una legislación apropiada (que no es la LOSU), pero se suma a un hecho que además es muy limitante: una financiación media muy alejada (a la baja) de la media de la OCDE. Tenemos por tanto la tormenta perfecta. Aun así, es milagroso que tengamos a casi todas las universidades del sistema público dentro de las 1000 primeras del mundo en la mayoría de los rankings. Siempre he defendido que tenemos un sistema de mediocridad excelente con algunas (o muchas) islas de excelencia.
Si analizamos cómo funciona cualquiera de las 25 mejores universidades del mundo (me da igual en qué ranking), hay cuatro cosas que tienen en común: 1) los mejores profesores, 2) los mejores medios, 3) los mejores estudiantes, y 4) los mejores gestores. En España, en el sistema público es imposible tener los mejores medios con un sistema de financiación de café para todos y con una media de financiación pública por debajo de la media europea. Es imposible seleccionar los propios estudiantes. Los profesores se eligen de aquella manera. Y gobiernan las universidades, no los mejores rectores, sino los rectores que ganan unas elecciones.
Tenemos un sistema universitario gobernado por unas leyes que, desde luego, no propician que se pueda mejorar
La gobernanza universitaria española ante el reto de la excelencia
Y con un sistema de gobernanza sobredimensionado y rígido que incluye un comité de dirección, un consejo de gobierno, un claustro y un consejo social. Conozco universidades con más de diez vicerrectores y veinte o treinta vicerrectores adjuntos, más decanos, vicedecanos… (y no conozco ninguna multinacional con semejante maraña directiva). ¿Podrá haber en España alguna vez una universidad entre esas 25 mejores? Lo dudo. Un país como el nuestro podría aspirar a dos, o como mucho tres universidades entre las mejores 100 del mundo. Pero habría que cambiar muchas cosas. Y para empezar habría que decidir por apostar en dos o tres localizaciones. ¿Ven por dónde voy?
Durante más de dos décadas he participado en gestión universitaria en distintos niveles, y eso me ha dado la oportunidad de participar en muchos foros de debate, mesas redondas, grupos de discusión… sobre cómo mejorar nuestro sistema universitario. Durante este tiempo he de reconocer que siempre, en todos esos foros, había un alto consenso en reconocer las debilidades del sistema (arriba descritas) y en proponer soluciones. Y estoy hablando de foros donde participaban expertos de todos los signos políticos y todas las tendencias universitarias. Después de más de 20 años y después de varias leyes que regulan el sistema (LRU, LOU, LOSU…) todo sigue desesperantemente igual. Y lo que es peor, los niveles de financiación siguen, a nivel estadístico, por debajo de la media de la OCDE y a nivel real, más alejados hoy que hace diez años, de los países que lideran Europa. Todos conocemos los problemas y sus soluciones. Nadie tiene el coraje de tomar las decisiones adecuadas.
Y todavía nos enzarzamos de forma muy superficial en el debate de lo que es bueno o malo.
Agradeceremos sus comentarios y preguntas sobre este artículo. Envíe un correo electrónico a los editores o envíe una carta para su publicación.
JOSÉ MANUEL TORRALBA
Catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid, y director del IMDEA Materiales, ha sido DG de Universidades e Investigación de la CM y Vicerrector en la UC3M
