«La disponibilidad de infraestructuras científicas que permitan un desarrollo óptimo de su trabajo, el cómo se desarrollan las carreras, las edades con las que se alcanza una posición estable, y el nivel medio de salario de los investigadores son criterios de decisión que manejan los investigadores a la hora de decidir dónde desarrollar su profesión. Estas condiciones varían en distintos lugares del mundo y España no presenta una situación relativa fuerte en estos aspectos para competir». Señala el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha y presidente de la comisión sectorial de I+D+i de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (Crue)
El Instituto de Políticas de Educación Superior del Reino Unido acaba de publicar el estudio La relación entre la enseñanza y la investigación en las universidades: ¿qué es y qué importancia tiene? . En él se recoge que la enseñanza y la investigación están cada vez más separadas en las universidades británicas. ¿Cuáles son para usted las consecuencias de esta separación? ¿Cómo podemos integrar investigación y docencia en la vida universitaria?
Esta separación no es exclusiva de los sistemas Universitarios del Reino Unido, también ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos. En nuestro marco jurídico, el artículo 2 de la LOSU (Ley Orgánica del Sistema Universitario) recoge las funciones que las universidades han de cumplir. En él se indica que “El sistema universitario presta y garantiza el servicio público de la educación superior universitaria mediante la docencia, la investigación y la transferencia del conocimiento”.
Claramente, la docencia, la investigación y la transferencia son los pilares fundamentales en una institución de educación superior. En mi opinión y, aunque no quede explícitamente recogido en el texto normativo, tanto investigación como docencia deberían complementarse de manera que una alimente a la otra.
En el preámbulo de la citada ley se indica que “la Universidad ha sido, es y debe ser fuente de conocimiento” y sólo realizar investigación garantiza el ser esa fuente. La Ciencia y los conocimientos de las disciplinas avanzan a un ritmo que podrían dejar obsoletos los contenidos de las materias que se imparten a los futuros profesionales si las instituciones de educación superior están ausentes en el proceso de generación de los avances. La Universidad sólo puede ser el motor de las transformaciones sociales, culturales, tecnológicas, medioambientales, o de cualquier otra naturaleza, si desempeña un papel activo en la investigación y si los hallazgos se difunden en las aulas, consiguiendo con esto una mejor formación con impacto en la empleabilidad de los titulados y, en consecuencia, en el crecimiento socio-económico.
La Universidad sólo puede ser el motor de las transformaciones si desempeña un papel activo en la investigación y si los hallazgos se difunden en las aulas
La integración de ambas funciones debería estar garantizada por la distribución de los tiempos de trabajo del personal docente e investigador (PDI) entre los dos tipos de actividades. Los incentivos para conseguir logros en la investigación han tenido un impacto claro en la motivación del PDI para dedicar tiempo a dicha tarea sin que esto suponga una merma en las obligaciones docentes que se cumplen de manera generalizada.
En la regulación española sólo hay un modelo de Universidad, sin que se reconozcan categorías según la intensidad de su actividad investigadora. ¿Tendría sentido establecer alguna diferenciación de universidades en este sentido?
La intensidad investigadora viene determinada por la vía de los inputs, el volumen de recursos, los fondos financieros y el personal que las universidades aplican a investigación y por su producción científica. Ambas están correlacionadas positivamente. Se podría establecer un listado de universidades con los presupuestos dedicados a I+D+i así como por el número de investigadores. Por otro lado, se cuenta ya con rankings a nivel global (Shanghai), en los que se posiciona a las universidades en función de su producción científica, computándose, solo las 1000 primeras universidades del mundo en base a su actividad investigadora.
En la LOSU no se realiza una categorización de las universidades según su intensidad investigadora, decisión que me parece correcta por otra parte, si es que estuvo en la mesa de los que diseñaron la ley, cualquier otra alternativa. Aunque pueda parecer muy utilitarista el argumento: ¿Qué finalidad podría tener la categorización de las universidades? ¿quizá dirigir las decisiones de aplicación de fondos para la investigación a aquellas que cuentan con más recursos para aprovechar las economías de escala, de alcance y su potencial resultado multiplicador? ¿qué consecuencias podría tener esto para el sistema español de ciencia, tecnología e innovación -SECTI-?
Sin duda, podría tener un efecto positivo en la producción científica de las que ya destacaban por ese hecho y globalmente podrían ser más visibles escalando posiciones en los rankings internacionales (alcanzando puestos más relevantes), y desde el punto de vista del país podría mejorar la imagen del sistema universitario.
Si la categorización sirve como una herramienta de reparto de recursos, sólo incrementaría las diferencias entre territorios y crearía polos de desarrollo y crecimiento económico en zonas muy concentradas
Pero, ¿cuál sería la contribución al bienestar social, al progreso económico y a la cohesión de la sociedad y del entorno territorial en que las universidades estén insertas -función asignada a la Universidad en apartado e) del artículo 2 de la LOSU-? Si la categorización sirve como una herramienta de reparto de recursos, sólo incrementaría las diferencias entre territorios y crearía polos de desarrollo y crecimiento económico en zonas muy concentradas, corriéndose además el riesgo de que las no intensivas en investigación pudieran perder interés para la atracción de estudiantes y de buenos investigadores, o condenarlas a que no consiguieran nunca alcanzar una posición relevante.
En los próximos años habrá una profunda renovación del profesorado en las universidades españolas. ¿Cómo podemos compaginar las posibles pretensiones de retorno de los más de 10.000 españoles investigando en el extranjero, que señala RAICEX hay en la actualidad, y las expectativas de un número semejante de profesores, según estimaciones del ministerio, con contratos temporales, muchos de ellos de larga duración, trabajando en las universidades españolas?
Según el enunciado de la pregunta el sistema debería ser capaz de absorber 20.000 personas para realizar labores docentes y de investigación ¿Qué número sería el equivalente para cubrir las jubilaciones? ¿cuál sería el número ideal de personas en las universidades para tener un SECTI capaz de cumplir con los objetivos de la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación? A la primera de las preguntas podemos contestar realizando una estimación basada en los datos de edad de la plantilla del sistema universitario español. Según se recoge en la última edición de Datos y Cifras del sistema universitario español (2021-2022), el PDI de las universidades supone el 58% del personal de la universidad, esto supone 127.383 personas.
La edad media de las plantillas es de 49,3 años, estando por encima de 50 en las universidades públicas. El segmento de profesores que se encuentra en el tramo de mayor edad -más de 60- es de 16,8%. La aplicación de este porcentaje sobre el total de plantilla docente e investigadora nos permite obtener una previsión de la renovación necesaria en los próximos 10 años; así, considerando sólo al PDI se necesitarían 21.395 personas para mantenernos en las mismas cifras de empleados.
Esto precisa una reflexión estratégica acerca de la Universidad que España desea y necesita tener para que realmente sea el agente transformador que demanda el país
Sin embargo, hemos de reflexionar sobre la segunda de las cuestiones: ¿el número actual de efectivos será suficiente en el futuro? ¿qué objetivos se plantea el sistema y qué recursos se van a usar para su consecución? Esto requiere, no solo una estimación de reposición que garantice el relevo, sino que precisa una reflexión estratégica acerca de la Universidad que España desea y necesita tener para que realmente sea el agente transformador que demanda el país. Una vez hecha esa reflexión, hay que comprometer la financiación necesaria para conseguir ese gran objetivo de estado y claramente la LOSU ha sido una oportunidad perdida en este sentido.
Faltan tres cursos para la plena implantación de las exigencias del RD 640/2021 de creación, reconocimiento y autorización de universidades. Según un informe en las mismas fechas del Observatorio del Sistema Universitario (OSU) ninguna de las universidades privadas cumplía en ese momento con estos requisitos. Además, en los últimos años no ha parado de crecer el número de universidades. ¿Tiene el sistema universitario español los recursos humanos y materiales para dar cumplimiento a las exigencias de actividad investigadora que establece el RD 640?
El RD 640 establece requisitos en relación con la actividad docente, la actividad investigadora y de transferencia del conocimiento, el personal docente e investigador, y la disponibilidad y características de las instalaciones y equipamientos. En líneas generales considero que las universidades públicas tendrán que hacer esfuerzos para alcanzar los indicadores exigidos pero que lo conseguirán; mucho más difícil lo van a tener las universidades privadas.
Señalaba el ex presidente del CSIC, el profesor Rolf Tarrach, en un artículo en el periódico El Mundo, sus dudas sobre la viabilidad en un sistema científico tan limitado en recursos como el español de una doble red de centros de investigación; universidades y CSIC. ¿Cómo podemos integrar mejor a estás dos redes?
El artículo 14 de la LOSU en el apartado 2 indica que “Las universidades, en el marco de las funciones que les son propias, fomentarán la cooperación y colaboración entre ellas, con otras instituciones de educación superior, con organismos públicos de investigación, con organismos de investigación de otras Administraciones Publicas, con otros organismos o Administraciones Publicas, con entidades, empresas, agentes sociales y organizaciones de la sociedad civil y con otros agentes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación o del sistema europeo de investigación e innovación, o pertenecientes a otros países, mediante, entre otros instrumentos, la creación de alianzas estratégicas y redes de colaboración.” El articulado tan solo hace mención a instrumentos como las alianzas y a la creación de redes.
una buena forma de integrar las dos redes sería continuar con la creación de institutos mixtos y unidades asociadas de investigación entre CSIC y las universidades
En el curso de verano de la UIMP organizado por Crue, celebrado en agosto de este mismo año en Santander, Sebastian Stride, Socio Fundador de SIRIS Academic, hizo una propuesta provocadora para la mejora de los resultados y de los indicadores del sistema universitario español. La recomendación consistiría en la reestructuración del SECTI, eliminando el CSIC como organismo independiente y haciendo que los institutos de investigación se adhirieran a universidades, a la vez que proponía que tuviera lugar un proceso de fusión entre las propias universidades (caso francés de convocatorias de excelencia), consiguiendo una concentración de instituciones para alcanzar mayor tamaño y aumento de las capacidades de producción científica.
Sin llegar a esa situación, que podría ser un cambio radical que por otro lado provocaría grandes resistencias, una buena forma de integrar las dos redes de forma gradual sería continuar con la creación de institutos mixtos y unidades asociadas de investigación entre CSIC y las universidades, iniciativa cuyo impacto ya se podría evaluar. Nuestra experiencia en este sentido, en la Universidad de Castilla-La Mancha, está siendo muy positiva.
La ANECA, y con ella la mayor parte de las instituciones científicas españolas, se ha unido a la Declaración de San Francisco sobre la evaluación de la investigación, DORA, y a la Coalición para el Avance de la Evaluación de la Investigación, CoARA. ¿Cómo va afectar este nuevo escenario a los investigadores?
La adhesión de ANECA a las declaraciones sobre la evaluación supone un mensaje de intención de cambio de paradigma. La CoAra supone un primer paso de “acción” y comienza con la reflexión sobre las nuevas formas de evaluación alejadas de fórmulas únicamente cuantitativas (se está en este punto). Las consecuencias tardarán en notarse, porque los cambios serán muy a largo plazo, pero es muy positivo que se comience a ver de qué forma evaluar a investigadores, grupos, proyectos e instituciones, no sólo con indicadores cuantitativos.
La complejidad de los procesos a implantar para hacerlo realidad, la definición de indicadores, el entrenamiento de evaluadores con otros criterios y la necesidad de más recursos, hacen que no se vea como algo inmediato, pero si importante como para redirigir nuestros comportamientos hacia este nuevo modelo.
Por otra parte, es por todos conocido, que las formas de evaluación impactan en el comportamiento de los individuos. A pesar de las resistencias que el cambio pueda generar éste será positivo ya que su finalidad es llegar a hacer no solo “más ciencia” sino “más y mejor ciencia” y poder atender la diversidad de las disciplinas en las que se desarrolla investigación.
es muy positivo que se comience a ver de qué forma evaluar a investigadores, grupos, proyectos e instituciones, no sólo con indicadores cuantitativos.
Desde 1986 las leyes de ciencia han venido estableciendodo un sistema dual para la carrera de profesor universitario. Con los cambios que ha experimentado en este periodo la actividad investigadora en las universidades, ¿tiene sentido mantener esta dualidad?
Considero que es necesario mantener el equilibrio entre las dos funciones -docencia e investigación-, sin redundar en los problemas que la especialización solo en una de las funciones podría generar y que anteriormente ya he expuesto.
¿Tienen las universidades españolas financiación, autonomía y voluntad, para competir en un mercado global en la atracción de talento científico?
La autonomía es un derecho incuestionable y permite que las universidades planteen sus líneas estratégicas siempre con el respeto a las legislaciones que pueden suponer grandes restricciones, pero la autonomía necesita sustentarse en los recursos financieros suficientes para implantar las estrategias y las actuaciones que las lleve a cumplir su propósito.
En cuanto a la voluntad de entrar en el juego competitivo global, indudablemente existe, sin embargo, la voluntad no es suficiente. La disponibilidad de los recursos es uno de los factores que incide de forma determinante en el posicionamiento de las universidades. Competir con sistemas universitarios más dotados económicamente ya nos coloca a las universidades españolas en una posición de desventaja competitiva.
Recientemente, con la publicación de la última edición del ranking Shanghái, los medios se hicieron eco de que entre las 100 primeras posiciones no se encontrara ninguna universidad española. Este ranking, que ordena a las universidades basándose en la producción científica, no tiene en cuenta la eficiencia al no relativizar por el tamaño de los presupuestos. El resultado de las posiciones hubiera sido bien distinto si se tuvieran en cuenta los fondos con los que cuenta cada universidad.
Competir con sistemas universitarios más dotados económicamente ya nos coloca a las universidades españolas en una posición de desventaja competitiva
En instituciones intensivas en conocimiento la inversión de la financiación universitaria en personas “talento científico” es el punto de arranque para crecer. Atraer talento es difícil en un entorno global con diferentes condiciones económicas y, sobre todo, porque las normativas dispares provocan mayores rigideces en España que en otros países, no disponiendo de mecanismos para la atracción de talento.
Por otro lado, la disponibilidad de infraestructuras científicas que permitan un desarrollo óptimo de su trabajo, el cómo se desarrollan las carreras, las edades con las que se alcanza una posición estable, y el nivel medio de salario de los investigadores son criterios de decisión que manejan los investigadores a la hora de decidir dónde desarrollar su profesión. Estas condiciones varían en distintos lugares del mundo y España no presenta una situación relativa fuerte en estos aspectos para competir.
¿Están en condiciones económicas las universidades públicas de garantizar el 5% de su presupuesto para programas propios de investigación?
El artículo 56 de la LOSU referido a la programación y sistema de financiación, en el apartado 3 recoge que los programas de financiación plurianuales deben incluir tres ejes, el primero es la financiación estructural basal que, según reza en el citado artículo, deberá́ ser suficiente para cubrir las necesidades plurianuales de gastos de personal, (…) gastos corrientes en bienes y servicios y de inversiones reales, la investigación estructural y las inversiones para garantizar la sostenibilidad medioambiental de las universidades.
A falta de una interpretación explícita de “investigación estructural” podemos entender que, posiblemente, el legislador, se esté refiriendo a ese 5%. Por tanto, en la medida en que los órganos financiadores estén obligados por la Ley, las universidades podremos contar con esos programas propios y de esa magnitud.
en muchas universidades la financiación sólo llega para cubrir los costes de personal y los gastos corrientes; los fondos de investigación se obtienen de convocatorias en programas competitivos y de colaboraciones con empresas o instituciones
No obstante, hasta que se tenga certeza sobre el contenido del concepto y que los financiadores cumplan, para poder garantizar esa partida en la distribución presupuestaria, se requerirá un incremento de la financiación, ya que en muchas universidades la financiación sólo llega para cubrir los costes de personal y los gastos corrientes; los fondos de investigación se obtienen de convocatorias en programas competitivos y de colaboraciones con empresas o instituciones. Por tanto, insisto, poder contar con un plan propio de investigación de esa magnitud necesitará mayor financiación.
¿Conocen los ciudadanos que financian las universidades públicas el impacto de la investigación que realizan en la mejora de la competitividad de su territorio, en la creación de empleo de calidad y, en último término, en su bienestar?
La sociedad tiene clara la función que se cumple con la formación superior, pero no tanto con la investigación, aun siendo las universidades responsables del 70% de la investigación que se realiza en nuestro país. La ciudadanía, en muchas ocasiones, no conoce qué se hace en investigación y mucho menos es capaz de evaluar su impacto. Por tanto, las universidades tenemos que hacer un esfuerzo en comunicación proporcionando de esta forma argumentos ante la sociedad que legitimen el necesario incremento de inversión en las universidades.
