Informe Free to Think 2021

Sin libertad académica, la universidad deja de ser tal; sin la defensa de la democracia, la universidad se queda sin argumentos. Atacar la libertad académica para desnaturalizar la universidad ha sido una constante en nuestra historia reciente cuando se ha pretendido destruir o condicionar la democracia. Hoy, incluso antes de la guerra en Ucrania, sigue sucediendo así, tal como recoge el informe “Free to Think 2021” 

PABLO ACOSTA


Scholars at Risk (SAR) es una red internacional de instituciones y particulares que tiene como misión proteger a los docentes universitarios y promover la libertad académica en todo el mundo. La red nació en un congreso internacional celebrado en 1999 en la Universidad de Chicago y ha tenido una intensa actividad en tres frentes: la protección de académicos en riesgo, la lucha contra los ataques a instituciones universitarias y la promoción y expansión de la libertad de pensamiento en el espacio universitario.

En cumplimiento de estos objetivos, SAR ha publicado la séptima entrega de su informe anual sobre Académicos en Riesgo del Proyecto de monitorización de la libertad académica, titulado Libertad de Pensamiento 2021.

Contenido del Informe

El informe de 2021 tiene cuatro apartados de interés:

  • La libertad académica y su protección bajo el Derecho Internacional
  • Ataques a las comunidades de educación superior y a la libertad académica
  • Académicos en prisión
  • Coacciones a la libertad académica por regiones

En un anexo se relacionan los incidentes reportados durante el periodo y en otro se detalla la metodología seguida en el Proyecto de monitorización de la libertad académica. Las conductas contrarias a la libertad académica que recoge el Informe remiten a seis categorías: asesinatos, violencia y desapariciones forzadas, prisión indebida, persecución penal indebida, restricción de desplazamientos, destituciones y otros incidentes.

Ataques más relevantes a la libertad académica

El Informe de SAR correspondiente a 2021 reporta 332 ataques derivados de 272 incidentes en 65 países, y destaca que estos no son todos los que han ocurrido, sino los que se han podido detectar.

Entre los reportados, destacan los siguientes: asesinatos masivos de profesores, estudiantes y personal de administración y servicios en Afganistán a cargo de los talibanes; acciones militares en los campus de Nigeria a fin de acallar las protestas estudiantiles; represión militar y policial contra universitarios derivada del golpe de estado de 1 de febrero en Myanmar; persecución política en Brasil contra académicos contrarios al régimen; lo mismo en la India mediante aplicación de las leyes antiterroristas; imposición de las leyes de seguridad nacional en Hong Kong con fines represivos; despidos de profesores en Bangladesh por expresar o difundir ideas políticas; suspensos masivos y destituciones en Bielorrusia a estudiantes y profesores que manifestaron dudas sobre la limpieza del proceso electoral que permitió a Alexander Lukashenko su sexto mandato; las sanciones de China a académicos, investigadores e instituciones de la Unión Europea y de Estados Unidos por el resultado de investigaciones que disgustaron al régimen; y las restricciones que impone Israel en los territorios palestinos ocupados. Se señala además que el Presidente turco nombró Rector de la Universidad de Bogaziçi, una de las principales del país, a un afín. Se destaca también que en Estados Unidos, más de la mitad de los Estados han aprobado leyes que limitan la enseñanza y libre discusión en las aulas de determinadas materias relacionadas con la raza, el género o la política.

La libertad académica está amparada por el Derecho Internacional

Tal como se señala en el Informe Free to Think 2021, la libertad académica es un derecho humano reconocido en diferentes textos del Derecho Internacional que cuenta con un reconocimiento propio y diferenciado de otros derechos de los que deriva, como la libertad de expresión y el derecho a la educación.

La Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales recogen en su articulado la libertad académica que, según el Comité de Derechos Humanos de la ONU, comprende no sólo la libre investigación, sino también  la difusión pública de los resultados.

Conclusiones

Es típico de los regímenes autoritarios pretender el control, incluso por medios violentos, de la actividad académica e investigadora en la medida en que suponga una amenaza para el relato del poder establecido.

Pero también se producen limitaciones al ejercicio del derecho en regímenes democráticos, en la medida en que la universidad es un reflejo de determinados conflictos sociales a los que en unos casos da voz y en otros sufre sus consecuencias.

En nuestro país, la libertad académica está garantizada y cuenta con un sólido soporte jurídico e institucional para su protección. Sin embargo, España tampoco es inmune a los ataques a la libertad académica. En el Informe SAR 2021 se reporta un único caso de violencia en un campus universitario, el de La Laguna (Tenerife) en marzo de 2020, donde un grupo de estudiantes se manifestó contra la presencia de policías y militares en instalaciones de la universidad para un simulacro de emergencia. Los estudiantes denunciaron cargas policiales violentas.

Es típico de los regímenes autoritarios pretender el control, incluso por medios violentos, de la actividad académica e investigadora.

PABLO ACOSTA

Sin embargo, la prensa también da cuenta de otro tipo de incidentes que, de momento, no han tenido reflejo en el informe SAR. No son infrecuentes los ataques volcados en redes sociales contra académicos por la publicación de sus opiniones. En estos casos, los ataques tienen un componente difuso, pues provienen de una pluralidad de individuos a menudo escondidos en el anonimato, pero conllevan un alto grado de deterioro reputacional, tienen una intención coactiva y pueden ser la antesala de riesgos para la integridad personal de los académicos. En Francia, el profesor Samuel Paty fue decapitado en la salida de su instituto por un joven checheno radicalizado tras una campaña de odio desatada en redes sociales. En nuestro país también se puede encontrar rastro en las redes de campañas contra académicos por opiniones vertidas en el desarrollo de su actividad.

En su “llamada a la acción”, el Informe urge a las organizaciones intergubernamentales, a los estados, a las universidades y a otros actores de  la sociedad civil a adoptar medidas concretas, que se detallan, para la protección de la libertad académica y la reducción de ataques. El Informe, de recomendable lectura, concluye con recomendaciones específicas en la misma dirección.


Pablo Acosta es Profesor titular de la Universidad Rey Juan Carlos, además ha sido secretario general de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.  

En Twitter: @AcopabloAcosta

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