Autonomía y financiación de las universidades públicas

Flora Ramírez

Actualmente las diferencias en la financiación de las Universidades son muy notables, no sólo entre Comunidades Autónomas, también dentro de la misma Comunidad, y los indicadores de liquidez y endeudamiento son igualmente dispares. Ambas cuestiones condicionan el buen hacer de las Universidades y su autonomía real al ser muy dependientes de las decisiones políticas, y ambas nos referimos en el apartado siguiente.

LAURA DE PABLO ESCOBAR


Automía y financiación de las universidades públicas

Tradicionalmente se ha considerado central el papel de la Universidad en el desarrollo económico y social. En el siglo XXI estamos asistiendo a transformaciones sociales, tecnológicas y económicas de gran calado que se fundamentan en una formación especializada y de calidad, contexto en el cual la Universidad ha de jugar un papel esencial.

La LOU Es aún el marco normativo básico de nuestra Universidad y regula expresamente la autonomía de las Universidades públicas españolas en todos los campos relevantes de su actividad: formar, investigar, ser una fuente de desarrollo y transmisión cultural y ser un motor esencial de progreso económico. 

La propia LOU reconoce la importancia que tiene la autonomía económica y financiera de las Universidades como requisito fundamental en el desarrollo de sus actividades. De hecho regula en su art. 79, que se garantizará que las Universidades dispongan de los recursos necesarios para un funcionamiento básico de calidad. La autonomía real de las Universidades depende sin duda de su suficiencia financiera.

La preocupación acerca de la suficiencia, eficiencia y equidad de la financiación de las Universidades públicas ha sido constante en las últimas décadas

El malogrado anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (2021), reclama la necesidad de mejorar la financiación universitaria como requisito previo en el papel que la Universidad ha de desarrollar como motor de transformación al servicio de la sociedad del conocimiento. Se proponen medidas de naturaleza diversa que contemplan la mayor asignación de recursos públicos, eso sí condicionados a los recursos privados conseguidos,  la potenciación de la colaboración público-privada, o una mayor participación en fondos europeos.

Por su parte el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril enmarca a las Universidades públicas como instituciones que han de estar comprometidas con el cumplimiento de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y regula que sus presupuestos han de ser únicos y equilibrados y sus gastos deben tener un límite irrebasable. Este Real Decreto-Ley reguló además, los precios públicos de las diferentes enseñanzas, en función de sus costes, con el objetivo de que éstos tuvieran una mayor contribución a la financiación de las Universidades(1). A partir de entonces la desigualdad territorial es la nota sobresaliente en la regulación de los precios públicos en nuestro país. 

La normativa básica estatal que regula la Universidad pública, a pesar de su preocupación por los aspectos financieros, se ha mostrado incapaz a la hora de sentar las bases de un sistema de financiación suficiente, estable, transparente y equitativo. Lo cierto es, como afirman Pérez-Esparrels et al.(2018), que en el escenario actual son las autoridades competentes en los gobiernos autonómicos las que están tomando las dos decisiones más importantes que afectan a la financiación de las Universidades públicas de su territorio: el volumen de transferencias corrientes y de capital, que inyectan ejercicio a ejercicio, y el montante de los precios de matrícula de las enseñanzas oficiales. Estas decisiones junto con la distinta orientación de las Universidades hacia una misión más docente o más investigadora, o hacia unas áreas de conocimiento u otras, son los factores que están influyendo en el reparto de la financiación pública y privada de las Universidades de sus territorios(2). 

Actualmente las diferencias en la financiación de las Universidades son muy notables, no sólo entre Comunidades Autónomas, también dentro de la misma Comunidad, y los indicadores de liquidez y endeudamiento son igualmente dispares. Ambas cuestiones condicionan el buen hacer de las Universidades y su autonomía real al ser muy dependientes de las decisiones políticas, y ambas nos referimos en el apartado siguiente.

Datos de la financiación de las universidades públicas. Comunidad de Madrid

En el año 2015, el trabajo de Pérez-Esparrels et al.(2018) ya apuntaba diferencias muy notables entre las fuentes de financiación de las Universidades públicas españolas, situando a las Universidades del País Vasco y La Rioja como las que más dependen  del esfuerzo público autonómico, seguidas de las Universidades Andaluzas. En el otro extremo aparecían las Universidades de Cataluña y también alguna madrileña como la Universidad  Rey Juan Carlos, donde la financiación vía precios públicos mostraba cierta relevancia. Los datos sobre pesos relativos de transferencias corrientes y precios públicos por Comunidades  Autónomas de 2019 aportados en el Gráfico 1, corroboran las discrepancias apuntadas por Perez-Esparrels et al.(2018).(Véase además Hernández Armenteros et al. (2017).

De la información aportada en el Gráfico 1: transferencias corrientes de las Comunidades autónomas y precios públicos en 2012 y 2019, destacan, entre otros, los aspectos siguientes:

A pesar de la subida que han experimentado en el período 2012/2019  los precios públicos de los diferentes grados y posgrados universitariosonsecuencia del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, se observa una caída generalizada del peso relativo de éstos frente a las transferencias corrientes, en línea con los resultados alcanzados por Escadibull et al (2017). 

Las Universidades de Canarias o de la Comunidad de Madrid son las únicas que en 2019 registran subidas respecto 2012 en la importancia relativa de los precios públicos frente a transferencias corrientes. 

Canarias, el País Vasco, la Rioja y Galicia aparecen como las Comunidades Autónomas donde los precios públicos presentan un porcentaje más bajos. Esto ocurre tanto en 2012 como en 2019, alcanzado un porcentaje tan solo de alrededor del 10 % de la financiación conseguida por transferencias corrientes más precios públicos.

En 2019 la importancia relativa de los precios públicos está alrededor del 15% en Galicia y en Navarra y por encima del 15% y en torno al 20% en Extremadura, Murcia, Navarra o  Comunidad Valenciana. 

En las Comunidades Autónomas donde los precios públicos tienen mayor importancia son Madrid y Cataluña. 

Las transferencias de capital muestran datos tan dispares entre CCAA, que su análisis requiere conocer exactamente cuáles son los motivos que están detrás de cada transferencia realizada. Las inversiones han sido muy notables en campus universitarios de reciente creación pero es difícil creer que expliquen las diferencias observadas en 2019 (3).

destacar es que las diferencias también se producen en las Universidades públicas pertenecientes a una misma Comunidad Autónoma

En la Tablas 1 se ofrecen los datos de transferencias corrientes y precios públicos para las Universidades públicas de Madrid.

El primer aspecto a destacar es que las diferencias también se producen en las Universidades públicas pertenecientes a una misma Comunidad Autónoma.

En 2012, los precios públicos tenían una mayor importancia frente a las transferencias que en 2019 en gran parte de las Universidades públicas de Madrid. En la Universidad Politécnica suponían el 38,5% en 2012 frente al 22,7% de 2019, en la Universidad de Alcalá de Henares el 32,7 % frente al 27,2 %, en la Universidad Autónoma pasan del 25 % al 19,4%. Por su parte, en la Universidad Complutense su importancia relativa no varía ostensiblemente, y en la Universidad Rey Juan Carlos,  al contrario que en el resto, aumentó del 35,5% al 41,2%. 

En 2019 el peso relativo de los precios públicos en la Universidad Rey Juan Carlos destaca notablemente, con un  41,2%,. En el extremo contrario estaría la Universidad Autónoma donde sus precios públicos no alcanzaban el 20% de la suma de las fuentes de financiación consideradas.  En la Universidad Complutense, Alcalá de Henares y la Universidad Carlos III dicha importancia es similar, y se sitúa en torno al 27%.

Las transferencias corrientes de la Comunidad durante el período 2012/2019 aumentan de forma considerable a favor de la Universidad Rey Juan Carlos, el 52,2%, y se incrementan moderadamente en la Universidad Carlos III y Alcalá de Henares. La Universidad Politécnica, la Universidad Autónoma y la Universidad  Complutense reciben casi la misma cifra por transferencias corrientes de la Comunidad de Madrid en 2019 que en 2012.

En la Tabla 2 se recogen los datos de las transferencias de capital recibidas por las diferentes Universidades madrileñas. Destacan la Universidad  Complutense y la Universidad Politécnica tanto en los importes recibidos del Estado como de la propia Comunidad. 

TABLA 2.

FINANCIACION UNIVERSIDADES PÚBLICAS. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Fuente. Elaboración propia a partir de datos de diversos años  SIIU (Sistema Integrado de Información Universitaria) del MECD

Es posible intuir  que las diferencias en la distribución entre precios públicos y transferencias corrientes recibidas de la Comunidad de Madrid puede tener consecuencias  en su suficiencia financiera y condicionar sus principales  indicadores financieros. 

En la Tabla 3 ofrecemos los principales indicadores financieros de las Universidades madrileñas.

La liquidez en general refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente, y se define como la relación entre el activo corriente o activo circulante o líquido, (que puede hacerse líquido en menos de doce meses).y el pasivo corriente (las deudas y obligaciones que tienen una duración menor a un año).

El endeudamiento mide el nivel de deuda de la Universidad y se define como la relación entre el pasivo total (corriente y no corriente) y el pasivo total más el patrimonio neto.

La Autonomía o independencia financiera mide la capacidad de la Universidad para financiarse, y se define como la relación entre el Patrimonio neto y el Patrimonio neto más el pasivo total.

El coste de la financiación ajena, y se define como la relación entre los gastos financieros y el pasivo total.

Los mejores indicadores financieros los presenta la Universidad Rey Juan Carlos, con un bajísimo coste de financiación ajena, un ratio de independencia financiera alto, un bajo nivel de endeudamiento y una alta liquidez general. Recordamos que entre 2012 y 2019 es esta  Universidad que más ha visto crecer las transferencias recibidas de la Comunidad Autónoma de Madrid y donde más han subido los importes obtenidos por precios públicos   La Universidad de Alcalá de Henares también presenta buenos indicadores, si bien soporta costes financieros más altos que los de la Rey Juan Carlos

La Universidad Politécnica de Madrid y la Complutense son las que presentan menores ratios de liquidez y grandes costes de financiación externa. Particularmente la Universidad Politécnica es la que presenta un mayor indicador de endeudamiento, contando, además, con el indicador más bajo de independencia financiera. 

La Universidad Carlos III y la Autónoma muestran datos algo parecidos, liquidez aceptable, endeudamiento importante, un indicador de autonomía financiera por encima de 60 puntos y unos costes financieros elevados

En definitiva la dispersión era la nota característica de las dos fuentes básicas de financiación de las Universidades madrileñas  y sigue siendo la nota destacable de sus indicadores financieros.

TABLA 3

Fuente. Elaboración propia a partir de datos de diversos años  SIIU (Sistema Integrado de Información Universitaria) del MECD

Reflexiones finales

Los datos muestran grandes diferencias entre Universidades en las fuentes de financiación y en sus indicadores financieros. La inexistencia de un sistema de financiación, como tal, es la conclusión más sobresaliente. La situación actual es fruto de los acuerdos políticos puntuales alcanzados cada año con la respectiva Comunidad Autónoma y del perfil docente e investigador de cada Universidad. No existen razones objetivas basadas en la eficiencia, la eficacia  o equidad que justifiquen las diferencias observadas entre las Universidades españolas, incluso entre las Universidades de la Comunidad de Madrid.

El objetivo expresado en la propia LOU en relación con la necesidad de garantizar que los recursos humanos y financieros del sistema universitario sean adecuados y suficientes para llevar a cabo con “autonomía” las funciones que tiene encomendadas, no se ha cumplido. Más bien al contrario, la escasez de recursos económicos y financieros que están sufriendo algunas Universidades en determinadas Comunidades Autónomas, plantea la necesidad  de estudiar seriamente el futuro modelo de financiación pública universitaria. Las bases de dicho modelo, como afirman Perez Esparrells et al (2018), deben asentarse en dos principios fundamentales: transparencia y eficiencia. Los gobiernos autonómicos han de ser transparentes en el uso de sus respectivas competencias y deben establecer un modelo de financiación claro y estable en el tiempo, que garantice una seguridad económica a las Universidades y les permita realizar una planificación estratégica a medio y largo plazo. 

Además, el modelo de financiación deberá promover la eficiencia contemplando que una parte de la financiación se reparte en función de resultados, eso sí, no solo investigadores, también docentes. Si no se desea generar efectos perversos, ha de contemplarse la docencia como parte consustancial de la Universidad, mejorando los incentivos al cumplimiento, innovación y calidad docente. El equilibrio entre investigación (teórica y aplicada) y docencia debe presidir el modelo de financiación de tal forma que se logre que las Universidades se mueven por objetivos y mejoren sus resultados docentes y de I+D+i. 

las distintas Comunidades Autónomas han de sentar las bases de un modelo plurianual de financiación universitaria que permita tener estabilidad financiera en el tiempo para la toma de decisiones y ayude a modernizar las Universidades

En definitiva las distintas Comunidades Autónomas han de sentar las bases de un modelo plurianual de financiación universitaria que permita tener estabilidad financiera en el tiempo para la toma de decisiones y ayude a modernizar las Universidades. Estas deben ser una pieza central de desarrollo social y crecimiento económico de nuestro país.

Una reflexión final relacionada con los precios públicos universitarios: se debería llegar a un acuerdo de Estado que impida diferencias tan llamativas como las actuales. El sistema de implementación de precios públicos debe ser objetivo y transparente y las diferencias no han de producirse fundamentalmente por decisiones políticas. Han de sustentarse en criterios de eficiencia y equidad (se critica y mucho a la Comunidad de Madrid por los problemas de equidad que plantea su política impositiva, los precios públicos universitarios plantean problemas similares).

Aplicar precios públicos en primera matrícula altos o bajos con carácter universal, no discrimina entre estudiantes en situaciones sociales y económicas desfavorecidas o no. Este hecho no favorece en absoluto la equidad. La discriminación de precios públicos según resultados (segundas y consecutivas matriculas) tiene justificación desde el punto de vista de la eficiencia y eficacia, ahora bien requiere asimismo de un análisis detallado que permita aplicar esta discriminación de forma adecuada.


(1)  Enseñanzas de Grado: los precios públicos cubrirán entre el 15 por 100 y el 25 por 100 de los costes en primera matrícula; entre el 30 por 100 y el 40 por 100 de los costes en segunda matrícula; entre el 65 por 100 y el 75 por 100 de los costes en la tercera matrícula; y entre el 90 por 100 y el 100 por 100 de los costes a partir de la cuarta matrícula.

Enseñanzas de Máster que habiliten para el ejercicio de actividades profesionales reguladas en España: los precios públicos cubrirán entre el 15 por 100 y el 25 por 100 de los costes en primera matrícula; entre el 30 por 100 y el 40 por 100 de los costes en segunda matrícula; entre el 65 por 100 y el 75 por 100 de los costes en la tercera matrícula; y entre el 90 por 100 y el 100 por 100 de los costes a partir de la cuarta matrícula.

Enseñanzas de Máster no comprendidas en el número anterior: los precios públicos cubrirán entre el 40 por 100 y el 50 por 100 de los costes en primera matrícula; y entre el 65 por 100 y el 75 por 100 de los costes a partir de la segunda matrícula. Los precios públicos podrán cubrir hasta el 100 por 100 de los costes de las enseñanzas universitarias de Grado y Máster cuando se trate de estudiantes extranjeros mayores de dieciocho años que no tengan la condición de residentes.

(2) Para un análisis detallado de las diferencias de precios público véase Perez-Esparrells, C. y Jodar, I. (2017)

(3) Según los datos de las Estadísticas del Sistema Integrado de Información Universitaria, SIIU en 2019 las universidades andaluzas recibieron casi 469 millones de euros, las madrileñas 50 millones, las catalanas 25 millones, las navarras algo más de 600.000 euros.

Referencias 

Escardíbul, J. O., Perez-Esparrells, C., de la Torre, E.M., y Morales S. (2017). “Tuition fees in Spanish public universities: a regional convergence analysis”. ESE-Estudios sobre Educación, num. 32, pp. 197-221.

Hernández Armenteros, J. y Pérez García, J.A. (2017). “Las fuentes de financiación de las universidades públicas españolas”. Nueva Revista de Política Cultura y Arte, num. 163, pp. 165-193.

Perez-Esparrells, C. y Jodar, I. (2017). “Análisis de los precios públicos de las matrículas universitarias en España a raíz de la crisis económica”. La Cuestión Universitaria, num. 9, pp. 6-27.

Perez-Esparrells, C.; M. De La Torre, PJ.M.Gómez-Sancho (2018). “La relevancia de la financiación pública en las universidades españolas”.  Presupuesto y Gasto Público 90/2018: 169-190. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. Instituto de Estudios Fiscales.

La financiación de las universidades públicas españolas: un instrumento para el cambio   Dr. José Antonio Martínez. Dra. Carmen Pérez Esparrells. IEF/UAM


LAURA DE PABLO ESCOBAR, Catedrática Economía Aplicada. Universidad Complutense de Madrid

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