La magnitud del recorte se mide en números duros. Entre noviembre de 2023 y agosto de 2025, los salarios docentes cayeron un 29% real. En el mismo período, los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales se redujeron un 33,4%. Los recursos para investigación y becas estudiantiles permanecen congelados. El resultado es inmediato: pérdida de poder adquisitivo, deterioro de la infraestructura y suspensión de proyectos científicos
La Argentina vive hoy una de las crisis más profundas de su sistema universitario y científico desde el retorno de la democracia en 1983. La situación no comenzó ayer ni se limita a una coyuntura puntual: se arrastra desde la llegada al poder del presidente Javier Milei en diciembre de 2023, y se agrava con cada decisión de política pública que coloca a la universidad y a la ciencia en el lugar de gasto prescindible.
La fotografía del presente es desoladora. El veto presidencial a la ley de financiamiento universitario de 2025 —una norma aprobada por amplias mayorías en ambas cámaras y destinada únicamente a recomponer lo perdido frente a la inflación— deja al sistema sin un piso mínimo para funcionar. En paralelo, el presupuesto 2026, recientemente presentado, mantiene los mismos niveles de ajuste, consolidando una pérdida que amenaza con volverse estructural
La combinación de salarios docentes depreciados en casi un tercio desde 2023, partidas de funcionamiento recortadas en los mismos porcentajes, y fondos de ciencia y técnica congelados está erosionando las bases mismas de la universidad pública argentina
La combinación de salarios docentes depreciados en casi un tercio desde 2023, partidas de funcionamiento recortadas en los mismos porcentajes, y fondos de ciencia y técnica congelados está erosionando las bases mismas de la universidad pública argentina
Una historia de confrontación
El conflicto entre el gobierno y las universidades se instaló desde el inicio. Milei asumió con la promesa de reducir el déficit fiscal a cero y bajo una fuerte desconfianza hacia las instituciones públicas. En su discurso de campaña calificó a las universidades como espacios de “adoctrinamiento” y cuestionó por qué la sociedad debía financiar la investigación científica. Su lógica fue clara: si el mercado no valida una actividad, no debería sostenerse con recursos del Estado
En la práctica, esta visión se tradujo en presupuestos prorrogados desde 2022 en medio de una inflación cercana al 300%. Durante 2024, las universidades estuvieron al borde del colapso: sin fondos para pagar servicios básicos ni salarios en condiciones, organizaron la multitudinaria Marcha Federal Universitaria de abril y una segunda en octubre. La presión social logró paliativos momentáneos, pero no alteró el rumbo. El veto a la ley de financiamiento de 2024 y, ahora, el de 2025 confirmaron que la universidad pública no forma parte de las prioridades del actual gobierno.
El costo del ajuste
La magnitud del recorte se mide en números duros. Entre noviembre de 2023 y agosto de 2025, los salarios docentes cayeron un 29% real. En el mismo período, los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales se redujeron un 33,4%. Los recursos para investigación y becas estudiantiles permanecen congelados. El resultado es inmediato: pérdida de poder adquisitivo, deterioro de la infraestructura y suspensión de proyectos científicos.
Pero lo más grave es el daño de largo plazo. Miles de docentes e investigadores, frente a la imposibilidad de sostener una vida digna con sus ingresos actuales, optan por dejar la carrera académica, emigrar o se trasladan al sector privado. Equipos de investigación que tardaron años en consolidarse comienzan a desmantelarse. Convenios internacionales se interrumpen. Y la fuga de talento se acelera, con consecuencias difíciles de revertir incluso si en el futuro hubiera un cambio de rumbo.
La destrucción del sistema universitario y científico no se mide solo en cifras presupuestarias. Se mide en oportunidades perdidas: jóvenes que no encuentran becas para continuar sus estudios, laboratorios que cierran, hospitales universitarios que reducen prestaciones, comunidades que dejan de recibir proyectos de extensión que fortalecen el tejido social. Cada partida recortada implica un retroceso en la vida cotidiana de miles de personas.
Cada partida recortada implica un retroceso en la vida cotidiana de miles de personas
Una miopía estratégica
El gobierno justifica estas decisiones en nombre del déficit cero, aunque la actualización hoy represente apenas el 0,1% del PBI. Pero lo que se presenta como ahorro es, en realidad, un costo que hipoteca el futuro. En países emergentes como Argentina, la inversión en educación superior y en ciencia y tecnología es clave para resolver problemas que el mercado, por sí solo, no atiende: salud pública, pobreza estructural, desarrollo regional, innovación productiva. Negar esa evidencia no es solo un error ideológico: es una miopía estratégica que compromete la posibilidad de un desarrollo sustentable.
Los ejemplos sobran. Acuerdos recientes con empresas como Tesla, Google u OpenAI dependen del capital humano formado en universidades públicas y del conocimiento producido en instituciones de investigación. Pensar que el mercado puede generar ese capital sin inversión estatal ignora cómo funcionan los sistemas de innovación en todo el mundo. Incluso los países más liberales sostienen con fondos públicos a sus universidades y centros de ciencia.
Una sociedad que defiende a sus universidades
Frente a esta avanzada, la respuesta social ha sido contundente. La universidad pública es una de las instituciones más valoradas por los argentinos, más allá de diferencias políticas o sociales. Más de dos millones de estudiantes y 300 mil trabajadores forman parte de un sistema que ha sido, históricamente, un canal de movilidad social y un motor de desarrollo. Por eso, cada intento de desfinanciamiento se encuentra con marchas masivas, paros docentes y reclamos de legisladores de distintos partidos.
El millón de firmas que acompañaron la Ley de Financiamiento Universitario 2025 es prueba de esa legitimidad. La sociedad argentina reconoce a la educación superior como un derecho humano y un bien social que debe garantizarse con políticas públicas.
Pero lo que se presenta como ahorro es, en realidad, un costo que hipoteca el futuro
El riesgo de la irreversibilidad
La situación actual no es solo crítica: amenaza con volverse irreversible. Cada docente que abandona la universidad, cada investigador que emigra, cada estudiante que abandona sus estudios por falta de becas representa una pérdida que no se recupera fácilmente. El sistema universitario argentino tardó décadas en construir sus capacidades. Destruirlo puede llevar apenas unos años, pero reconstruirlo demandará mucho más tiempo y esfuerzo.
El presupuesto 2026 recientemente presentado confirma esta tendencia. Lejos de revertir el ajuste, consolida los niveles actuales de desfinanciamiento, equivalentes a lo recibido en 2025, cuando ya se había acumulado una pérdida inmensa. Lo que se presenta como mejora es, en realidad, profundización del deterioro.
Mirar hacia adelante
¿Qué hacer frente a este escenario? Lo primero es comprender que el problema no es solo presupuestario, sino político y cultural. Se trata de decidir si la universidad y la ciencia forman parte de nuestro proyecto de país o si quedan relegadas a la lógica del mercado. Argentina tiene la tradición, el talento y la institucionalidad para apostar por lo primero. Pero requiere de un compromiso sostenido que trascienda coyunturas y gobiernos.
El debate que se abre con la movilización universitaria del 17 de septiembre y con el tratamiento legislativo del veto presidencial es crucial. No se trata únicamente de recuperar partidas presupuestarias perdidas, sino de definir qué lugar tendrán el conocimiento y la educación en el futuro nacional.
La universidad pública argentina demostró a lo largo de la historia que puede ser motor de movilidad social, de igualdad de oportunidades y de desarrollo económico y cultural. Defenderla hoy no es un acto corporativo, sino un imperativo para cualquier proyecto de país que aspire a un futuro mejor.
Este artículo fue publicado en Miradas sobre la universidad, Reflexiones sobre debates actuales en la educación superior globales, de América Latina y Argentina el 17 de septiembre de 2025
Mónica Marquina Board Member of Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU)
