«Numerosos municipios siguen reclamando la implantación de nuevos centros o nuevas universidades en sus territorios como elemento vertebrador de la transformación social. Políticos locales reclaman la impartición de ciertas titulaciones en sus territorios como instrumento para retener talento. Por estas y otras razones creo que la percepción de los ciudadanos respecto a sus universidades públicas es muy positiva, y así lo acreditan numerosas encuestas de opinión.» señala el ex rector de la Universidad Politécnica de Madrid, Javier Uceda
Javier Uceda, ingeniero y profesor de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), fue rector de esta institución entre 2004 y 2012, tras haber desempeñado previamente distintos cargos de gestión y docencia en el ámbito universitario. Su trayectoria combina una sólida formación técnica con un profundo compromiso con la universidad pública y con la mejora de la educación superior.
Durante su etapa al frente de la UPM impulsó la modernización de la institución, apostando por la calidad, la internacionalización y la transferencia de conocimiento hacia la sociedad. Además, ha participado en diversos organismos nacionales e internacionales vinculados a la gobernanza universitaria, la innovación educativa y la cooperación entre universidad y empresa.
Su mirada sobre la universidad se ha caracterizado por entenderla como un espacio de conocimiento al servicio del progreso social, donde la investigación, la tecnología y la formación se articulan en beneficio del desarrollo colectivo.
Entre la Ley de Reforma Universitaria (LRU) de 1983 y la Ley Orgánica de Universidades (LOU) de 2001 casi pasaron 20 años, como desde ésta a la actual Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) de 2023. ¿Ofrece la actual ley un modelo de universidad para los próximos 20 años?
En mi opinión, las dos grandes reformas del sistema universitario en España fueron la Ley de Reforma Universitaria (LRU, 1983) y la reforma de las enseñanzas, consecuencia del modelo establecido en la declaración de Bolonia. En la LRU se moderniza la estructura de la universidad pública, muchas universidades públicas adoptaron el modelo departamental, se modernizan también los sistemas de acceso a los cuerpos docentes universitarios, priorizando la investigación frente a la experiencia docente.
Se democratizan los órganos de gobierno colectivos, consejo de gobierno, consejos de departamento e instituto, juntas de Escuela, etc., pero se mantiene la rigidez de los estudios universitarios al restringir la oferta de las universidades a una lista cerrada, en la que se imponían ciertas condiciones a cada una de las titulaciones de la lista. A pesar de todo, en mi opinión se da un gran salto en la modernización y flexibilidad del sistema universitario público a la vez que se fijan las bases para el desarrollo de las universidades privadas.
En sucesivas reformas se introducen cambios en la gobernanza de las universidades públicas con la generalización del sufragio universal ponderado en las elecciones de los órganos de gobierno unipersonales, empezando por el/la rector/a. Este cambio ha dado un resultado muy desigual y no se puede afirmar que haya supuesto una mejora de la gobernanza en el sistema público universitario.
la legislación actual , en muchos aspectos, dota al sistema universitario público y privado de los elementos necesarios para construir la universidad de los próximos 20 años, con algunas excepciones, siendo la más importante la relacionada con la financiación del sistema universitario público
También, en el sistema público, la acreditación en las diferentes figuras del profesorado ha guiado las buenas prácticas en la actividad profesional de los profesores, si bien ha condicionado fuertemente los sistemas de promoción del profesorado en las universidades públicas.
La otra gran reforma es la modificación de la estructura de los estudios en los tres niveles de grado, máster y doctorado, al hilo de lo indicado en la Declaración de Bolonia. Este cambio con sus problemas y algunos excesos en su despliegue ha supuesto un salto definitivo en la flexibilización de los estudios universitarios, lo que permite su actualización, la incorporación de nuevos perfiles formativos, la flexibilidad de los itinerarios en los que cada estudiante puede modificar fácilmente su perfil formativo en el paso de paso del grado al posgrado, apoyándose en la oferta múltiple y variada de estudios de posgrado.
En resumen, la legislación actual , en muchos aspectos, dota al sistema universitario público y privado de los elementos necesarios para construir la universidad de los próximos 20 años, con algunas excepciones, siendo la más importante la relacionada con la financiación del sistema universitario público, pero no sólo en lo cuantitativo, ya que resulta muy fácil justificar la necesidad de más recursos para construir una universidad de más calidad a la altura de los tiempos, sino que tampoco se dispone de un modelo de financiación que sirva para estimular las buenas prácticas de las universidades públicas.
cualquier reacción asociada a la respuesta a un aumento de la demanda, supone la generación de un déficit de financiación que debe acometerse con reducción de otros gastos
El análisis de la financiación del sistema público excede de los límites de esta entrevista, pero sirva como muestra el hecho de en las universidades públicas la matrícula de los estudiantes cubre aproximadamente un 15% del coste real de las enseñanzas. Si una universidad pública atendiendo a gran demanda aumenta un 20% las plazas de una titulación como, por ejemplo, el máster de formación del profesorado tiene asegurada el aumento de ingresos debido a la matrícula de los nuevos estudiantes, pero la gran mayoría de los modelos de financiación no garantizan automáticamente el 85% restante.
En consecuencia, cualquier reacción asociada a la respuesta a un aumento de la demanda, supone la generación de un déficit de financiación que debe acometerse con reducción de otros gastos. Esta y otras limitaciones añaden una enorme rigidez al sistema público que dificulta el cumplimiento de un servicio público de la educación superior en los próximos años. Es imprescindible un modelo de financiación que permita a las universidades dotarse de la flexibilidad necesaria a la altura de las condiciones de contorno del momento.
El debate mediático sobre la universidad en España se ha centrado últimamente en dos aspectos: el crecimiento de las universidades privadas y la infrafinanciación de las públicas. ¿Hasta qué punto están ligados los dos temas?
Aunque el análisis del tema es complejo, resulta evidente a la vista del crecimiento del número de universidades privadas, crecimiento que no parece haber terminado, el interés de algunos grandes fondos de inversión en el sistema universitario privado en España, con el añadido de que las nuevas universidades no son, por lo general, instituciones sin ánimo de lucro, que existe una oportunidad de negocio en la enseñanza superior. Por otra parte, el número de universidades públicas se mantiene constante desde hace algunos años.
En este escenario, crece el número de estudiantes en las universidades privadas, especialmente en los estudios de máster, en el que ya es mayor el número de estudiantes en las universidades privadas que en las públicas. Este crecimiento se basa en el hecho de que las universidades privadas son mucho más flexibles y se adaptan a la demanda mucho mejor que las universidades del sistema público.
Existen muchos ejemplos de estudiantes y sus familias que están dispuestos a satisfacer el deseo de cursar unos estudios determinados de gran demanda, léase el caso de Medicina, aunque deban pagar una matrícula que cubra el 100% de los costes. Esto pasa en numerosos estudios de máster, lo que justifica el crecimiento de los estudiantes de máster en las universidades privadas.
El modelo de financiación del sistema universitario público resta flexibilidad a sus universidades, como ya he esbozado en mi respuesta anterior, y dificulta la capacidad de adaptarse a la demanda, aunque esta circunstancia, en mi opinión, no afecta a la reputación profesional de sus egresados.
Pero respondiendo a la pregunta, sí que creo que hay una conexión entre el creciemiento de las universidades privadas y su número de estudiantes y el modelo de financiación de las universidades públicas.
sí que creo que hay una conexión entre el creciemiento de las universidades privadas y su número de estudiantes y el modelo de financiación de las universidades públicas
Sobre la primera de las cuestiones, la relativa al incremento de las universidades privadas, dos preguntas: ¿las agencias de calidad y la inspección educativa de las comunidades autónomas garantizan de manera efectiva los derechos de los estudiantes y la calidad del sistema? Y la segunda, ¿qué ha sucedido para que las universidades públicas hayan quedado rezagadas en la oferta de titulaciones online y de máster?
Las agencias de acreditación actúan en la verificación de los títulos propuestos por las universidades en los que evalúa la estructura del plan de estudios y los recursos humanos y materiales disponibles para su implantación. También actúan en la acreditación de los sistemas de garantía de calidad.
Ambas tareas suponen un primer filtro que asegura que la propuesta de las universidades es razonable y que para su implantación dispone de recursos suficientes (profesorado, laboratorios, etc.). Los procedimientos de calidad aseguran que hay un método orientado a las buenas prácticas y a la mejora continua. En este sentido, suponen una contribución relevante y la prueba es que muchas titulaciones no son verificadas favorablemente por causas muy variadas, siendo más frecuente que esto ocurra en universidades privadas que en universidades públicas. Esta impresión viene de mi participación en la Comisión de Reclamaciones del Consejo de Universidades de la que ha sido miembro unos cuantos años.
Pero dicho esto, una vez que las titulaciones son verificadas, a pesar de que se pasan procesos de revisión y re-verificación periódicos, prácticamente nunca se procede a la retirada de la verificación otorgada en función de la implementación realizada.
una vez que las titulaciones son verificadas, a pesar de que se pasan procesos de revisión y re-verificación periódicos, prácticamente nunca se procede a la retirada de la verificación otorgada en función de la implementación realizada
En síntesis, no creo que las agencias de calidad puedan asegurar un umbral de calidad mínima a las titulaciones impartidas por las universidades, ya que los procedimientos se basan en evidencias soportadas por papel y, en ningún caso, sobre lo que ocurre en aulas y laboratorios. Pero igual que afirmo que no se puede asegurar que toda la oferta universitaria supera un umbral de calidad mínima, tampoco podemos asegurar lo contrario.
En relación con la segunda parte de la pregunta, la razón del retraso del sistema universitario público en la oferta de máster y online es su enorme rigidez y falta de flexibilidad en los procedimientos de toma de decisiones. Cada cambio en una titulación, no digamos las propuestas de nuevas titulaciones exigen procedimientos tediosos que pasan por consejos de departamento, juntas de escuela y facultad, consejo de gobierno, etc., que impiden una reacción rápida. Los títulos nuevos deben ser verificados y acordarse su implantación en la programación docente del curso siguiente. Las universidades privadas reaccionan de forma mucho más rápida, tanto en la puesta en marcha, como en la cancelación de estudios que han perdido demanda.
Cada cambio en una titulación, no digamos las propuestas de nuevas titulaciones exigen procedimientos tediosos que pasan por consejos de departamento, juntas de escuela y facultad, consejo de gobierno, etc., que impiden una reacción rápida
Adicionalmente, están los asuntos presupuestarios. En las universidades privadas solo hay que asegurar que se matricula un número de alumnos que justifica el coste marginal que supone la puesta en marcha de la titulación. En titulaciones de gran demanda como las de ciencias de la salud, esto nunca es un problema.
Por el contrario, disponer de ese mismo número de alumnos no cubre más que el 15% del coste marginal de la puesta en marcha de la nueva titulación, lo que plantea un problema bien distinto, cuya solución es función del modelo de financiación de las universidades públicas.
En conclusión, la falta de flexibildad en el sistema público y los modelos de financiación vigentes dificultan la participación en una mayor oferta de máster y online, al tratarse de sectores mucho más dinámicos que las enseñanzas de grado.
Sobre el segundo de los aspectos, el relativo a la financiación. ¿Están las universidades públicas españolas en condiciones de garantizar el acceso al derecho a la educación superior? ¿Perciben los habitantes de los distintos territorios el valor de sus universidades públicas?
Comenzaré por la última parte de la pregunta, si creo que los habitantes de los distintos territorios perciben el valor esencial de las universidades en la articulación de sus territorios. Numerosos municipios siguen reclamando la implantación de nuevos centros o nuevas universidades en sus territorios como elemento vertebrador de la transformación social. Políticos locales reclaman la impartición de ciertas titulaciones en sus territorios como instrumento para retener talento. Por estas y otras razones creo que la percepción de los ciudadanos respecto a sus universidades públicas es muy positiva, y así lo acreditan numerosas encuestas de opinión.
Pero claro, si entendemos el acceso al derecho de la educación superior en las condiciones de coste del sistema público, la respuesta es negativa en el sentido de que muchos estudiantes que cursan estudios en la universidad privada lo hubieran hecho en la universidad pública si hubieran podido. Pero también es preciso decir que cualquier estudiante que cumpla las condiciones para el acceso a la universidad, es admitido en alguna de las titulaciones ofertadas, no siempre entre las primeras de su elección.
Pero dicho esto, resulta evidente que los estudiantes que disponen de los recursos económicos para estudiar en las universidades privadas juegan con ventaja respecto de los que no tienen esa posibilidad. Lo sistemas de becas y ayudas no resuelven este problema de equidad.
Numerosos municipios siguen reclamando la implantación de nuevos centros o nuevas universidades en sus territorios
Usted pertenece a una de las primeras promociones de ingenieros que tuvieron un título universitario; además, ha tenido la ocasión de ocupar múltiples posiciones de responsabilidad dentro y fuera de la Universidad Politécnica de Madrid, incluida la de rector. ¿Qué ha aportado la integración de las escuelas de ingeniería en la universidad y viceversa?
Este es un proceso que se ha producido en todo el mundo. Después de la segunda guerra mundial se desarrolla de forma progresiva un modelo de ingeniería basado en la ciencia. Las universidades estadounidenses son seguramente el mejor ejemplo de este modelo con el caso paradigmático del MIT (Massachussets Institute of Technology) en el que además de formar ingenieros con un fuerte apoyo en disciplinas científicas, se realiza investigación de vanguardia.
España desarrolla sus escuelas de ingeniería siguiendo el modelo francés, muy exigente y orientado a la formación de excelentes profesionales, pero alejado completamente de la investigación. En los años 70 las escuelas de ingeniería se integran a las universidades, pero no es hasta después de la LRU cuando se incorporan de forma masiva a las actividades de investigación, lo que supone una transformación radical, no exenta de cierta resistencia por parte de los defensores del modelo original. Francia ha dado estos pasos mucho más tarde, pero en estos momentos sus escuelas de ingeniería más tradicionales se encuentran integradas en universidades y desarrollan una importante actividad de investigación
Por otra parte, la contribución de las escuelas de ingeniería al mundo universitario tiene que ver con su vocación muy aplicada, que les ha permitido mantener una conexión muy estrecha con las empresas, que se mantiene en la actualidad. En el debate universitario de los años 70 en España sobre cuál debería ser la relación que deberían tener las universidades públicas con el mundo empresarial, las escuelas de ingeniería siempre fueron partidarias de mantener una estrecha relación a través de numerosos mecanismos.
muchos estudiantes que cursan estudios en la universidad privada lo hubieran hecho en la universidad pública si hubieran podido
Los ingenieros e ingenieras españoles gozan de un enorme prestigio nacional e internacional. ¿Qué elementos diferenciales siguen incorporando estas enseñanzas a sus estudiantes?
Comparto la opinión de que los ingenieros e ingenieras españolas gozan de un gran prestigio nacional e internacional. La base de esta realidad se encuentra en sus orígenes. Las escuelas de ingeniería en España han mantenido una base científica muy sólida en Matemáticas, Física, Química, Termodinámica, etc., que permite abordar con más facilidad disciplinas más aplicadas como el cálculo de estructuras, las máquinas y motores eléctricos, además de las de cada especialidad como la construcción naval y aeronáutica, las telecomunicaciones, etc. Esto unido a que estos sólidos fundamentos permiten abordar problemas nuevos más fácilmente. Todo ello en un nivel de exigencia por encima de la media y una buena capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos en cada especialidad.
Veinticinco años después de su puesta en marcha, ¿cómo ha afectado el Espacio Europeo de Educación Superior a las ingenierías?
Sobre este asunto ha habido mucho debate, pero en mi opinión el Espacio Europeo de Educación Superior les ha sentado muy bien. Son tiempos que exigen flexibilidad en la oferta académica, por parte de las instituciones, para dar flexibilidad a cada estudiante en su perfil formativo, La reforma de Bolonia ha dotado a las ingenierías de la flexibilidad necesaria para permite un futuro acorde con las demandas cambiantes de la sociedad y, en particular de las empresas y las administraciones
Bien es verdad que la flexibilidad adquirida debemos aplicarla de forma correcta, pero miro al futuro, en este sentido, con optimismo.
La reforma de Bolonia ha dotado a las ingenierías de la flexibilidad necesaria para permite un futuro acorde con las demandas cambiantes de la sociedad y, en particular de las empresas y las administraciones
En este momento se está cuestionando seriamente el sistema de habilitación profesional de los abogados. ¿Cómo valora la situación actual del acceso al ejercicio profesional de los ingenieros?
El diseño del sistema actual de habilitación se aplica sin problemas con el esquema del reconocimiento de las profesiones de ingeniero técnico y arquitecto técnico en el grado y las de ingeniero y arquitecto en el máster. Por otra parte, una gran mayoría de los profesionales de las ingenierías nunca utilizan la habilitación profesional en el ejercicio de su actividad.
Dicho esto, el sistema actual, basado en que los títulos universitarios que habilitan para el ejercicio profesional deben incorporar los conocimientos indicados en la orden CIM de cada especialidad. Estas órdenes tienen quince años y no se han modificado desde entonces. Carece de sentido conceder la habilitación profesional basado en unos conocimientos que no se actualizan, por lo que procede desarrollar un procedimiento conjunto entre organizaciones profesionales y universidades que permiten la actualización permanente de los conocimientos que habilitan para el ejercicio profesional.
Del mismo modo, tendría sentido que se pudieran crear nuevas especialidades en ingeniería que gozaran de la habilitación correspondiente.
Carece de sentido conceder la habilitación profesional basado en unos conocimientos que no se actualizan, por lo que procede desarrollar un procedimiento conjunto entre organizaciones profesionales y universidades que permiten la actualización permanente de los conocimientos que habilitan para el ejercicio profesional
Las universidades privadas ocupan un lugar hegemónico en la oferta de titulaciones en el ámbito de ciencias de la salud. ¿Acabará reproduciéndose la situación en el ámbito de las ingenierías?
No lo creo, las titulaciones en el ámbito de ciencias de la salud son un caso muy especial, habida cuenta de la enorme demanda de profesionales en este ámbito y una gran demanda de estudiantes que desean cursar estos estudios. Si por las razones que sean las universidades públicas no son capaces de atender esta demanda, se crea una oportunidad que han aprovechado las universidades privadas.
Las ingenierías tienen una oferta muchos variada en grado y máster. Muchas titulaciones no tienen habilitación profesional y, salvo casos muy puntuales, no hay un exceso de demanda tan grande como en el caso de las ciencias de la salud.
Además, en ingeniería los empleadores, mayoritariamente empresas, todavía eligen en función de la procedencia del título. No sé cómo afecta esta circunstancia en el ámbito de ciencias de la salud, donde frecuente el empleador son las administraciones públicas,
En conclusión, respondiendo a la pregunta, no creo que, en ingeniería, a corto plazo, vaya a producirse una situación parecida a la que hoy ocurre en ciencias de la salud
