«Personalmente, soy muy crítica con la LOSU. Para mí fue una decepción. Tuve la clara impresión de que se hizo sin unos objetivos claros y ha acabado siendo la suma de concesiones: unas corporativas, otras autonómicas,… Echo de menos que no se afrontaran de forma decidida los problemas que me parecen más candentes de nuestro sistema universitario: la equidad en el acceso, la planificación del conjunto del sistema universitario y su financiación, la calidad de la docencia y de la investigación y su orientación al bien común, la precariedad de una parte de las plantillas de trabajadores y la corrupción de ciertos sectores universitarios», señala Vera Sacristan
Vera Sacristán Adinolfi, profesora de Matemáticas Aplicadas en la Universitat Politècnica de Catalunya, es reconocida por su compromiso con la defensa de la universidad pública. Lideró el Observatorio del Sistema Universitario (OSU), una iniciativa clave para analizar y difundir información sobre las políticas educativas en España. El cierre del OSU supone una gran pérdida para entender y mejorar la educación superior. A pesar de esto, Vera Sacristán sigue siendo una figura clave en la lucha por una universidad más justa y accesible.
Durante más de una década el Observatorio del Sistema Universitario, que acaba de anunciar su cierre, ha sido una referencia ineludible para cualquiera que quisiera tener información rigurosa sobre la situación de las universidades públicas españolas. Desde su experiencia privilegiada, ¿Qué ha aportado la universidad a la democracia en España?
A finales de los años 70 del siglo pasado, las personas matriculadas en las universidades españolas, como porcentaje de la población de 18-24 años, no alcanzaban el 16 %, y hoy se encuentran por encima del 46 %. El esfuerzo que ha realizado la universidad española en estas décadas ha contribuido, en lo colectivo, a que el país disponga de un alto porcentaje de población más formada y, por lo tanto, con mayor capacidad de transformar el país y hacerlo avanzar y, en lo individual, a que más personas consigan mayor capacidad para desarrollar profesiones y desempeñar ocupaciones de nivel más alto.
Además, esta población con alto nivel de estudios debería gozar también de mayor capacidad crítica y de análisis, lo cual debería revertir tanto en su capacidad individual de defenderse ante la charlatanería de todo tipo como en las posibilidades de mejora del sistema democrático del país. Sin embargo, es posible que la tendencia tecnocrático-profesionalizante que impera desde hace décadas en el ámbito educativo y, en particular, en la universidad no haya ayudado mucho a esto último.
El año pasado se cumplieron cuarenta de la aprobación de la ley de Reforma Universitaria (LRU) que estableció las bases del actual sistema universitario, circunstancia que pasó totalmente desapercibida. El año pasado se aprobó la ley del Sistema Universitario Español, (LOSU) cuya tramitación tuvo un escaso impacto social. ¿A quién realmente le importa la universidad en este momento en España?
Si nos atenemos a las cifras con que las administraciones públicas financian sus universidades en nuestro país, parece que la universidad no importa excesivamente a nuestras autoridades, pues de los 32 países y regiones de Europa, España es el único que presenta todos los indicadores de financiación pública en negativo, de acuerdo con los baremos del European Funding Observatory. Tampoco es buen síntoma que numerosas comunidades autónomas estén aprobando la creación de universidades privadas con todos los informes de calidad desfavorables.
el conjunto de la ciudadanía tiene a su alcance pocos datos claros sobre la universidad
Y es que la universidad está atrayendo cada vez más a fondos de inversión, que llevan ya unos años invirtiendo en residencias universitarias y en universidades privadas. Sin ir más lejos, véanse estos dos reportajes publicados en medios de comunicación en las últimas dos semanas:
- Del colegio mayor al fondo de inversión: el negocio de las residencias universitarias se dispara con la crisis del alquiler, elDiario.es, 13/10/2024.
- La ola imparable de la universidad privada arrolla a la pública, El País, 27/10/2024.
Por otra parte, si bien es cierto que a las familias les interesa el acceso a la universidad y la empleabilidad de las personas tituladas, tal como muestra, por ejemplo, el ruido mediático cada vez que se acerca la fecha de las PAU, desgraciadamente se trata más de un interés personal o, mejor dicho, familiar, que de un interés colectivo de la ciudadanía por mejorar problemas tales como la equidad social en el acceso a la universidad o, lisa y llanamente, el progreso cultural, científico y tecnológico del conjunto del país. A pesar del genuino interés de periodistas de diversos medios, el conjunto de la ciudadanía tiene a su alcance pocos datos claros sobre la universidad: de ahí que creáramos el Observatorio del Sistema Universitario para intentar acercárselos.
Finalmente, debo decir que los consejos sociales, que son –o deberían ser– los órganos de representación de la ciudadanía en las universidades, no han destacado por su capacidad de ayudar a difundir la importancia de la universidad y a acrecentar la relación de esta con la ciudadanía.
¿Dota la LOSU de un marco normativo adecuado para que las universidades españolas se enfrenten a los retos de la sociedad del siglo XXI?
Personalmente, soy muy crítica con la LOSU. Para mí fue una decepción. Tuve la clara impresión de que se hizo sin unos objetivos claros y ha acabado siendo la suma de concesiones: unas corporativas, otras autonómicas,… Echo de menos que no se afrontaran de forma decidida los problemas que me parecen más candentes de nuestro sistema universitario: la equidad en el acceso, la planificación del conjunto del sistema universitario y su financiación, la calidad de la docencia y de la investigación y su orientación al bien común, la precariedad de una parte de las plantillas de trabajadores y la corrupción de ciertos sectores universitarios.
la LOSU para mí fue una decepción. Tuve la clara impresión de que se hizo sin unos objetivos claros y ha acabado siendo la suma de concesiones: unas corporativas, otras autonómicas
En 1999 se aprobó la Declaración de Bolonia, con la que las universidades pasaron a ser un elemento de articulación política de Europa, incluso más allá de la Unión Europea. ¿Cuál es su valoración veinticinco años después?
El éxito del estas iniciativas es dispar según países y según clases sociales. El programa Erasmus, por ejemplo, ha hecho mucho por la movilidad y por la cohesión entre estudiantado de países distintos, pero los costes de una estancia en una universidad extranjera (transporte, alojamiento, manutención,…) no están al alcance de todo el estudiantado.
Por su parte, el intento de estimular la comparabilidad entre países de los distintos niveles de estudios –que es lo que la Declaración de Bolonia pretendía– ha sido aprovechada como coartada o excusa para introducir otros elementos que nada tienen que ver con la articulación de Europa, como determinadas metodologías docentes o también una orientación de la formación universitaria hacia la ocupación inmediata más que hacia la profesión de largo recorrido.
Por añadidura, en España se ha optado por una implantación más que discutible, estructurando grados y másteres en 4 + 1 años y permitiendo la particularización y la especialización ya en los mismos grados, en contra de lo que anuncia la normativa reguladora de aplicación. Para más detalles sobre esto último puede consultarse el informe del OSU Grados universitarios: ¿cuántos y cuáles?.
se requiere decisión por parte de los equipos de gobierno de las universidades para dejar de contratar a la baja o incluso en fraude de ley
Cuando se estaba elaborando la actual ley del Sistema Universitario Español el Ministerio de Universidades hablaba de que en las universidades españolas había unos 16.000 docentes en situación de temporalidad, y que en paralelo había un número semejante de investigadores españoles trabajando en el extranjero. ¿Cómo llegamos a esta situación? ¿Cómo podremos superarla?
La respuesta a las dos preguntas es la misma: mediante una combinación de financiación y decisión política. Se requiere mayor financiación por parte de las administraciones públicas para poder mejorar no solamente la retribución personal sino también los fondos para la investigación de que disponen los equipos de trabajo.
Y, a la vez, se requiere decisión por parte de los equipos de gobierno de las universidades para dejar de contratar a la baja o incluso en fraude de ley los auténticos ejércitos de “falso” profesorado asociado que retrató el informe del OSU Profesorado asociado: ¿experiencia profesional o precarización?.
Finalmente, también es necesario que la administración pública inspeccione y no tolere ciertos abusos, pues tenemos datos contrastados y reiterados de cómo se han superado en el pasado los límites legales a la temporalidad o a la dedicación parcial sin que nadie hiciera nada al respecto (véase el informe del OSU ¿A qué puede llamarse universidad?).
la Declaración de Bolonia ha sido aprovechada como coartada o excusa para introducir otros elementos que nada tienen que ver con la articulación de Europa
Recientemente en un artículo en “THE” se titulaba, “No son las universidades, son los profesores son los que son neoliberales. ¿Cuál es la relación actual de los profesores con las universidades?
Desde los años ochenta del siglo pasado se han introducido variados estímulos a la investigación que van desde la configuración misma de los departamentos creada por la LRU hasta la retribución por méritos de investigación o incluso de transferencia (sexenios), pasando por la forma de seleccionar y promocionar en la carrera académica a través de la acreditación y de la configuración de los concursos. Todo ello ha ido condicionando la forma de actuar del profesorado.
En los inicios, estas iniciativas constituyeron un estímulo positivo a la investigación, muy necesario en aquel momento, sin el cual la universidad española no habría evolucionado como lo hizo: desde la limitada academia que era al final de la dictadura hasta su posición homologable con lo mejor del sistema universitario europeo.
Sin embargo, décadas más tarde, los métodos de evaluación de la investigación, así como la importancia de ésta, han acabado pervirtiendo sus objetivos originales en varios sentidos. En primer lugar, porque ha acabado calando entre el profesorado la idea de que lo importante es la publicación, más que el avance del conocimiento. Secundariamente, porque ha impulsado una concepción competitiva de la investigación, en vez de colaborativa, lo cual es un hándicap para el avance del conocimiento, precisamente. Finalmente, porque ha relegado la docencia a un segundo plano en el orden de prioridades del profesorado. A ello hay que añadir una fuerte corriente que tiende a orientar la docencia hacia un utilitarismo cortoplacista.
En consonancia con todo ello, el profesorado ha tendido a encerrarse más sobre sí mismo y a participar menos en el necesario pero escaso debate sobre el papel social de la universidad en su conjunto y de cada universidad en concreto.
el profesorado ha tendido a encerrarse más sobre sí mismo y a participar menos en el necesario pero escaso debate sobre el papel social de la universidad en su conjunto y de cada universidad en concreto
La normativa española deja en manos de una decisión política el reconocimiento de las universidades privadas, lo que ha hecho que en los últimos años las expectativas de negocio haya hecho crecer su número de manera significativa. ¿Cuál cree que es el impacto de esta inflación de universidad en el conjunto del sistema?
A mi entender, dos son los problemas a los que nos enfrentamos en este aspecto. Por un lado, está la cuestión de la calidad de las universidades privadas que se vienen creando: el hecho de que los informes de las agencias de calidad no sean vinculantes ha dado pie a que se reconozcan universidades privadas con todos los informes de evaluación en contra. A eso se añade que los requisitos mínimos –insisto: mínimos– que prevé la legislación no son de obligado cumplimiento a la hora de crear una universidad y, hasta ahora (y llevamos más de veinte años con normas al respecto) ninguna administración los ha hecho cumplir.
Esto comporta que el estudiantado que se matricula en estas universidades no tenga las mínimas garantías de calidad que debería poder exigir. Esto ya es deplorable de por sí, pero podría acabar todavía peor, pues hemos asistido a cómo otros países han tenido que cerrar universidades que no cumplían los estándares mínimos de calidad, dejando en la estacada a estudiantado y personas tituladas.
Por otra parte, el hecho de que una universidad pueda ser creada y/o revendida por un fondo de inversión o, más en general, que pueda tener ánimo de lucro, pone en entredicho su imparcialidad y, sobre todo, su interés por el bien común. Por poner solamente un par de ejemplos: ¿qué interés puede tener una universidad de este tipo por la investigación en productos farmacéuticos que no sean rentables a corto plazo?, ¿qué la puede empujar a suspender o incluso expulsar a un mal estudiante que paga un alto precio de matrícula?
Finalmente, conviene considerar también las universidades privadas sin ánimo de lucro y preguntarse si, en un contexto de ampliación de la base social del estudiantado de las universidades públicas, las universidades privadas no puedan acabar convirtiéndose, a imagen de lo que ocurre en los niveles educativos anteriores a la universidad, en una forma más de segregación social, esto es: en el lugar en que las familias que económicamente se lo puedan permitir se aseguren de que su prole se codee con sus semejantes a su paso por la universidad, y establezca redes de apoyo y de poder segregadoras de las capas de población menos favorecidas.
el hecho de que una universidad pueda ser creada y/o revendida por un fondo de inversión o, más en general, que pueda tener ánimo de lucro, pone en entredicho su imparcialidad y, sobre todo, su interés por el bien común
La desconfianza sobre las universidades es una constante en su relación con los gobiernos nacionales o autonómicos. ¿Hasta qué punto la regulación actual limita la autonomía de las universidades en aspectos clave, como la selección de su profesorado, la determinación de sus títulos o la admisión de los estudiantes?
Cuando se habla de la autonomía universitaria, habría que hacerse al menos dos preguntas: para qué y porqué. A mi entender, las universidades deben ser autónomas en lo que hace referencia a los aspectos académicos (docencia e investigación), porque es dentro de ellas donde se encuentra el conocimiento necesario. En cambio, soy totalmente contraria a la autonomía de las universidades para la admisión del estudiantado, pues considero que es la administración pública la que debe garantizar la equidad en el acceso a la universidad y tiene los medios para hacerlo.
En cuanto a la determinación de los títulos, la falta de una planificación del territorio puede acabar comportando la falta de personas tituladas en unas determinadas áreas y el exceso en otras. Por no hablar de la proliferación de títulos de nombre más o menos atractivo pero de escaso alcance o poca proyección de futuro, tal como puso de manifiesto el informe Grados universitarios: ¿cuántos y cuáles? del OSU. En este sentido, el sistema universitario sería mucho más eficiente si las universidades trabajaran en un marco de colaboración y no de competición.
¿Qué tendríamos que cambiar en el actual sistema de acceso, admisión y permanencia a las universidades públicas para hacerlo más equitativo?
En primer lugar, debemos tener en cuenta que las segregaciones por origen socio-económico, cultural, de género,… se producen a lo largo de todo el sistema educativo, empezando por la más tierna infancia. La universidad debe preocuparse por no añadir más inequidad al proceso, pues el acceso a la universidad sigue presentando un sesgo social muy evidente (véase, entre muchas otras referencias, el informe del OSU ¿Quién estudia en la universidad?). Entre las iniciativas posibles se cuentan eliminar los precios públicos, garantizar estabilidad y seguridad a quienes estudian con una beca, instaurar verdaderas becas-salario,…
Además, la universidad también puede llevar a cabo iniciativas cotidianas que la aproximen a los barrios, pueblos y sectores sociales que ni siquiera se plantean llegar a ella. En cuanto a la forma de acceso actual desde el bachillerato, creo que la mejor medida que se podría tomar es reducir drásticamente el peso de la nota del bachillerato en la nota de acceso y de admisión puesto que esta es claramente poco objetiva, tal como ponen de manifiesto los datos publicados en el informe Notas de acceso a la universidad: ¿son equitativas? publicado por el OSU.
la universidad también puede llevar a cabo iniciativas cotidianas que la aproximen a los barrios, pueblos y sectores sociales que ni siquiera se plantean llegar a ella
Usted ha dedicado una buena parte de su actividad a la vida sindical, ¿qué valor aportan los sindicatos hoy en día en las universidades públicas?
Dediqué unos años, aunque no fueron muchos. Los sindicatos aportan en las universidades públicas lo mismo que en cualquier empresa o administración pública: la representación del personal y la defensa de sus derechos laborales. El problema no radica en la existencia de sindicatos y en si éstos son más o menos corporativos, pues peor todavía sería que no existieran.
El problema en la universidad pública es que los trabajadores –particularmente, el profesorado– tienen capacidad de decidir sobre sus propias condiciones laborales porque se sientan a los dos lados de la mesa de negociación y en todos los órganos de gobierno. Eso ha causado que a veces se hayan tomado decisiones manifiestamente discutibles que han dado lugar a informes demoledores por parte del Tribunal de cuentas y de sus análogos autonómicos.
Eso está causado más por el corporativismo de ciertos sectores universitarios que por la existencia de sindicatos en la universidad y, en todo caso, nos devuelve a un tema que he comentado en una respuesta anterior. Autonomía universitaria: ¿para qué y por qué? Si más arriba he sostenido que en el ámbito académico la autonomía de las universidades debe ser amplia porque en ella se concentra el conocimiento, en el caso de las relaciones laborales sostengo todo lo contrario: no hay motivo para que estas sean reguladas por los órganos de gobierno internos de la universidad, pues ni la universidad, como tal, es experta en relaciones laborales ni es conveniente que en su seno se generen este tipo de contradicciones.
Las relaciones laborales de la universidad pública se podrían perfectamente negociar entre la representación sindical y una representación de la sociedad en que la universidad se inserta, que podría ser la administración pública de la cual depende o un consejo social mejor conformado que los que tenemos actualmente, que representara mejor la diversidad y los intereses colectivos de la sociedad de su entorno.
