El exrector encargado de la Universidad Nacional de Colombia, Andrés Felipe Mora, describe un sistema de educación superior sin distinciones funcionales, donde cada institución pretende responder a todo: docencia, investigación, extensión, cualificación para el empleo y alrededor de 104 aspectos exigidos por el Modelo de Acreditación de Alta Calidad. Esa dispersión, alimentada por la competencia y los ránquines, convive con una estructura productiva primaria e informal, ajena a la formación de alto nivel, y con un sistema de ciencia, tecnología e innovación crónicamente desfinanciado. Mora niega que las políticas migratorias de Estados Unidos, Canadá o el Reino Unido hayan afectado al sistema universitario colombiano. Le pesan más la migración venezolana y el desplazamiento interno. Advierte del crecimiento de la educación virtual, con el doble de deserción, y del tránsito hacia una «universidad funcional-mercantil». Denuncia también un doble déficit democrático, externo e interno, y la vulneración de la autonomía universitaria.
Si quieres conocer lo que no se ve de la educación superior sigue el canal de Espacios de educación superior en WhatsApp
Andrés Felipe Mora Cortés es politólogo y economista, profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia. Allí cursó Ciencia Política y la maestría en Ciencias Económicas, y se doctoró en Desarrollo y Estudios Políticos de la Universidad de Lovaina y Universidad Nacional de Colombia. Fue vicerrector general con el rector Leopoldo Múnera. Tras la anulación judicial del nombramiento de Leopoldo Múnera, el Consejo Superior Universitario lo designó rector encargado el 24 de noviembre de 2025. Ejerció el cargo hasta el 19 de febrero de 2026, cuando el Consejo Superior Universitario acató la decisión judicial que ordenó la designación de Peña.
Su trayectoria está marcada por la defensa de una Universidad pública comprometida con la sociedad y los territorios. Critica la deriva hacia una «universidad funcional-mercantil» y reclama un sistema de educación superior articulado con las prioridades nacionales de ciencia y tecnología, además de la democratización del gobierno universitario.
¿Saben las administraciones en Colombia qué quieren que las universidades aporten a la sociedad?
La discusión sobre el aporte de las universidades a la sociedad es una discusión atravesada por muchos lugares comunes y, en otras ocasiones, por visiones maximalistas de lo que tiene que hacer la universidad como institución. En ambos casos, se deja de lado la idea de que las respuestas que se deberían ofrecer desde la educación superior a los desafíos que se nos imponen como sociedad, deberían pensarse desde el punto de vista del sistema de educación superior y no como una tarea que deba asumir cada institución de educación separadamente.
En Colombia existen 64 instituciones de educación superior en las que se incluyen universidades e instituciones técnicas y tecnológicas. Y es común encontrar que cada una de estas instituciones plantee proyectos educativos maximalistas en los que se busca responder a los múltiples desafíos que se tienen a nivel global y territorial, cumplir simultáneamente las funciones de docencia, investigación e interrelación con la sociedad, así como a las muy heterogéneas expectativas que tiene la juventud del país. Esto en un ambiente de competencia creciente con otras instituciones públicas y privadas de nivel nacional e internacional. En este contexto, “todas las instituciones hacen de todo”. No se establecen distinciones funcionales a nivel de sistema, ni trayectorias de especialidad que diferencien a las instituciones y que le asignen una labor específica a cada una de ellas a nivel de sistema.
En todo caso, parece imponerse la idea de que el aporte fundamental de las universidades es brindar las cualificaciones necesarias para que las y los jóvenes y, cada vez con mayor frecuencia, las y los adultos, puedan adaptarse a los cambios del mundo del trabajo. En efecto, mediante la creación, consolidación y expansión de un “Marco Nacional de Cualificaciones”, se advierte el interés de las autoridades educativas de establecer distintas líneas de formación formal, no formal e informal que dialoguen entre sí y que, mediante la instauración de microcertificaciones, credenciales o insignias, puedan asegurar la movilidad entre distintos tipos de formación en el sistema y superar la denominada “brecha de capital humano” con respecto al aparato productivo del país.
No se establecen distinciones funcionales a nivel de sistema, ni trayectorias de especialidad que diferencien a las instituciones
En este proceso, las universidades y las instituciones de educación superior en general, prometen resultados en investigación y diálogo con la sociedad, pero también ofrecen carreras universitarias, técnicas, tecnológicas, certificaciones, microcredenciales, posgrados profesionalizantes y de investigación, aunados a la incorporación cada vez más acelerada de modalidades “híbridas”, “virtuales”, “remotas” o “a distancia”.
Las muy variadas exigencias a las que intentan responder las universidades, son producto también de los parámetros establecidos en el Modelo de Acreditación de Alta Calidad, que exige la presentación de evidencias en alrededor de 104 aspectos distribuidos en dimensiones y factores asociados a: proyecto académico; formación integral de las y los estudiantes; bienestar de las comunidades universitarias; cumplimiento de las funciones misionales de docencia, investigación y extensión; estatutos estudiantiles, profesorales y de personal administrativo; permanencia y deserción estudiantil; impactos de los egresados y egresadas en el medio social y académico; vinculación de las y los egresados con el sector productivo y el mercado laboral; flexibilidad curricular y consecución de los resultados de aprendizaje esperados; interacción con el entorno nacional e internacional; prevención y atención a violencias basadas en género; aportes a la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico; recursos bibliográficos, físicos y tecnológicos; mecanismos de rendición de cuentas, entre otros aspectos. A ellos habría que agregar las exigencias derivadas de los procesos de acreditación internacional implementados por algunas instituciones y programas, y la centralidad que se le ofrece a las variables incluidas en los distintos ránquines nacionales e internacionales en los que las instituciones de educación superior pretenden figurar.
La mayor competencia nacional e internacional provoca un efecto inducido que conduce a las instituciones de educación superior a responder a todos estos elementos, haciendo cada vez más difícil una distinción funcional sistémica, y soslayando las tensiones y contradicciones internas que se tienen cuando las universidades buscan todos estos objetivos al mismo tiempo en su afán de responder a los desafíos impuestos por la sociedad, las regulaciones impuestas por las autoridades y los condicionantes derivados de la mayor competencia.
No es claro el vínculo orgánico que se establece entre las instituciones de educación superior y los sectores estratégicos
¿Está en las prioridades de las universidades de Colombia atender las necesidades locales de conocimiento e innovación social y productiva?
En Colombia, no existe alguna institución de educación superior que niegue su compromiso prioritario con las necesidades locales de conocimiento e innovación social y productiva. Estos objetivos resultan centrales dentro de los sistemas de acreditación de alta calidad, además de ser fundamentales en la promoción mercantil y el posicionamiento político de las instituciones de educación superior.
No obstante, la situación de los territorios del país, así como las enormes divergencias territoriales en materia tecnológica, económica, social y ambiental, muestran que estas estrategias requieren ser repensadas y ajustadas para conseguir los objetivos más generales que se plantean. A ello habría que agregar las enormes brechas territoriales que persisten en materia de acceso, permanencia y egreso a la educación superior, y la falta de una vinculación estratégica y estable entre el sistema de educación superior y el sistema de ciencia, tecnología e innovación.
Al respecto, no es claro el vínculo orgánico que se establece entre las instituciones de educación superior y los sectores estratégicos definidos por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en asuntos de transición energética, cuidado de la biodiversidad, cambio económico estructural, construcción de paz, soberanía sanitaria y farmacéutica, y soberanía alimentaria. Sobre este último Ministerio, es importante anotar los poquísimos recursos públicos que recibe y los sucesivos recortes presupuestales sufridos incluso en el marco de gobiernos progresistas.
La estructura productiva del país […] resulta totalmente ajena a las formaciones de alto nivel
¿Los sistemas de calidad actuales garantizan a los estudiantes de todas las universidades un desarrollo personal y una capacitación profesional adecuada?
Como se dijo, los sistemas de acreditación de alta calidad son bastante amplios en cuanto a la multiplicidad de elementos que se deben tener en cuenta para aspirar a una acreditación de alta calidad. Estos sistemas se basan en valorar la brecha existente entre las declaraciones explícitas de los proyectos educativos de las instituciones de educación superior y las evidencias que comprueban el cumplimiento o no de tales declaraciones.
Específicamente, los aspectos relativos al desarrollo personal y la capacitación profesional adecuada de los estudiantes se valoran en las dimensiones concernientes a las y los egresados. Allí se indaga: 1. El resultado de los estudios sistémicos aplicados por las instituciones de educación superior sobre el desarrollo profesional y laboral de los egresados, 2. La percepción de los egresados sobre la formación recibida, las competencias adquiridas y contribución a su desarrollo profesional y laboral, y 3. La apreciación de empleadores sobre el desempeño destacado de los egresados y su aporte en la solución de problemas.
Sin embargo, allí se percibe una enorme brecha a nivel del país pues, aunque el número de programas académicos y de instituciones de educación superior acreditados de alta calidad es creciente, las cifras oficiales reportan que el 11% de los egresados del país se encuentran desempleados, que el 60% trabaja en labores distintas a las de su formación y que la tasa de ocupación de algunos sectores sociales que no accedieron a la educación superior es mayor a la de quienes sí lo hicieron.
Sin embargo, los estudios más recientes muestran que la estructura productiva del país, dependiente del sector primario de la economía, productora de una enorme informalidad económica (mayor al 50%), sin políticas estables y claras de industrialización, y caracterizada por una desfinanciación permanente del sistema de ciencia, tecnología e innovación, resulta totalmente ajena a las formaciones de alto nivel que se ofrecen en el sistema de educación superior. Este es el terreno propicio para la emergencia y extensión de los propósitos de autoempleo y el emprendimiento. Muchas instituciones de educación superior ofrecen a sus estudiantes formación relativa a dichos objetivos.
¿Cómo está afectando el cambio de políticas migratorias en EEUU, Canadá o UK al sistema universitario colombiano?
El sistema educativo colombiano no se ha visto afectado por las políticas migratorias de Canadá, Inglaterra o Estados Unidos. El sistema se ha visto más afectado por la llegada de inmigrantes venezolanos desde hace varios años al país, para los cuales se han abierto posibilidades de acceso a la educación básica y media. Por otro lado, y debido al conflicto armado interno que vivió el país, ha existido un gran número de personas desplazadas por la violencia (migración interna), que ha llevado a los gobiernos a establecer programas específicos fundamentados en lógicas de acción afirmativa para facilitar el acceso a la educación superior.
Estas políticas de acceso se acompañan de enfoques diferenciales en asuntos de bienestar universitario, salud mental y, en general, de políticas diferenciales académicas e institucionales a lo largo de la trayectoria educativa. En todo caso, las cifras muestras que las personas desplazadas por la violencia sufren desproporcionadamente de la falta de acceso a la educación superior y tienen probabilidades más altas de abandonar sus estudios. De hecho, las desventajas que padecen son peores que la de los migrantes externos. Aquí algunas cifras: mientras que el 65% de los migrantes internacionales entre 18 y 64 años reporta haber culminado sus estudios secundarios (dato muy similar al de los no migrantes del país), el porcentaje de personas desplazadas que culminan la educación secundaria es tan solo del 50%.
Las personas desplazadas por la violencia sufren desproporcionadamente de la falta de acceso a la educación superior
Cómo se podría mejorar la relación entre Colombia y España a través de sus universidades?
Este punto lo respondo a partir de mi experiencia en los cargos directivos de la Universidad. Creo que una valoración más amplia requerirá de mayores estudios y conocimientos de mi parte. En el caso de la Universidad Nacional percibí un gran interés por promover la movilidad estudiantil de pregrado y posgrado hacia y desde España. La movilidad docente e investigativa no aparece como un elemento central y generalmente se piensa por medio de la Fundación Carolina. Si bien existen distintos convenios interuniversitarios orientados a fortalecer estos vínculos, es recurrente la falta de recursos para materializarlos.
Todos estos procesos se gestionan por medio de la Dirección de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia con los objetivos primordiales de cursar asignaturas, realizar estancias de investigación, obtener dobles titulaciones, y realizar prácticas, pasantías y cotutelas de tesis. Siempre advertí la ausencia de trabajos conjuntos financiados bilateralmente en asuntos estratégicos globales y nacionales que involucren docentes, estudiantes e investigadores. Son múltiples los convenios, pero como te dije, se han centrado en asuntos de movilidad y menos en mecanismos de cooperación y trabajo conjunto formativo e investigativo.
Siempre advertí la ausencia de trabajos conjuntos financiados bilateralmente en asuntos estratégicos globales y nacionales
¿Qué impacto ha tenido en la educación superior colombiana la irrupción de las universidades on line?
El mayor impulso a la educación online se dio en Colombia a partir de la pandemia de la COVID 19. En todo caso, la universidad pública más grande del país en cuanto al número de estudiantes matriculados es la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD (creada en el año de 1981), con algo más de 339.000 matriculados en el año 2025 en todas sus modalidades de educación superior, continua y permanente. Sin embargo, a pesar de su gran número de estudiantes, esta universidad no es considerada dentro del “Grupo de las 10 Universidades más importantes del país” (el denominado G-10), que reúne tanto a universidades públicas como privadas.
Es probable que esto se deba a la baja reputación que siguen manteniendo los estudios virtuales, híbridos y a distancia. No obstante, vale mencionar que mientras la educación presencial, híbrida y a distancia se ha mantenido sin cambios notorios en el volumen de población matriculada, la educación virtual ha aumentado en casi 300.000 el número de estudiantes entre los años 2022 y 2025. Algunos estudios explican esta tendencia de la educación virtual como el resultado de la mayor competencia a la que son sometidas las instituciones de educación superior en el marco de ofertas de programas de pregrado y posgrado internacionales, y a la necesidad de llegar a territorios apartados del país en un contexto de descenso de los aspirantes en las ciudades centrales.
Estos programas muestran, sin embargo, mayores niveles de expansión entre los estudios de educación superior técnicos y tecnológicos, pero también niveles más elevados de deserción (dos veces más alta que la de la educación presencial). En todo caso, el efecto inducido por las tendencias contemporáneas ha ampliado estas modalidades formativas sin necesariamente tener estudios amplios que permitan realizar un balance de los efectos e impactos generados a nivel científico, educativo y social.
Es probable que esto se deba a la baja reputación que siguen manteniendo los estudios virtuales, híbridos y a distancia
¿El proceso de mercantilización de la educación superior que estamos viviendo puede acabar con las universidades como las hemos entendido desde la II Guerra Mundial?
Sí, bajo los imperativos de privatización y mercantilización se asiste a la configuración de sistemas de educación superior (o “sistemas de educación terciaria”) edificados sobre la introducción de distintos tipos de formación para el trabajo, diversas modalidades de carreras técnicas y tecnológicas, formas variadas de inclusión en el sistema, procesos disímiles de profesionalización y dinámicas de elitización de la educación posgradual y de la investigación.
En este esquema, la universidad aparece como la cabeza de una estructura segmentada y jerárquica orientada, principalmente, al impulso de procesos de profesionalización de corta duración que desplazan sus funciones tradicionales de investigación y servicio a las comunidades. Considero que se visualizan así cinco escenarios de reforma desde la universidad tradicional hacia lo que podría ser denominado una “universidad funcional-mercantil”.
Cada uno de ellos refleja una posibilidad dentro de un espectro en cuyos extremos se encuentra el sostenimiento de la universidad tradicional (caracterizada por su hegemonía en la expedición de diplomas y su interés formativo en un primer paso hacia los estudios posgraduales) o su definitiva desaparición (asociada a su pérdida de hegemonía en la expedición de diplomas y a la instauración de programas de formación de corta duración ajustados a las necesidades de flexibilidad laboral de los individuos y a los procesos “obsolescencia programada” de los conocimientos).
la universidad aparece como la cabeza de una estructura segmentada y jerárquica orientada, principalmente, al impulso de procesos de profesionalización de corta duración que desplazan sus funciones tradicionales de investigación y servicio a las comunidades
En este contexto, es posible identificar algunas tendencias comunes en el tránsito hacia una universidad funcional-mercantil: i) un mismo peso relativo de los jóvenes y los adultos en cuanto a las necesidades de acceso a la educación universitaria, ii) un claro predominio de las fuentes alternativas y privadas de financiación, iii) la consolidación de objetivos profesionalizantes de corto plazo acompañados por lógicas de especialización de acuerdo con las exigencias del sector productivo y en detrimento de la libertad investigativa, iv) un impulso claro hacia la internacionalización, v) una mayor tendencia hacia la jerarquización de las instituciones educativas y de las formas contractuales de los docentes y, por último, vi) un protagonismo creciente del e-learning y de las metodologías no presenciales de educación.
¿Cuál es la relación entre universidad y democracia en Colombia hoy en día?
La democracia restringida que tradicionalmente ha caracterizado al sistema político colombiano, el interés de las élites por obstaculizar el pensamiento crítico y la necesidad de formar cuadros burocráticos afines a las ideas gubernamentales y económicas imperantes, constituyen una fuente de restricciones al ejercicio pleno de la autonomía universitaria. Sin embargo, este déficit democrático externo coexiste con un déficit democrático interno relativo a la baja participación política de la comunidad universitaria en el gobierno de las instituciones.
Si se realiza un análisis comparado con algunas de las principales universidades públicas de América Latina (Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad de Chile, Universidad de Buenos Aires en Argentina y Universidad de São Paulo en Brasil ), la Universidad Nacional de Colombia, se destaca, por ejemplo, por la poca participación de la comunidad universitaria en los cuerpos colegiados superiores e intermedios de la universidad, por la baja incidencia de la comunidad universitaria en el nombramiento de sus directivas, así como por la debilidad de las mecanismos de participación en los procesos de planeación, presupuestación y proyección territorial.
se ha planteado una “guerra cultural” contra la memoria histórica del conflicto armado, sus víctimas, el terrorismo de Estado que se instauró en Colombia contra los grupos políticos y sociales de izquierda, y el Acuerdo de Paz
Actualmente, y como es común en el contexto de los gobiernos autoritarios y extrema derecha que han surgido en el mundo en los últimos años, el vínculo de la educación superior con el gobierno se encuentra actualmente mediado por varias de las tendencias que se pueden apreciar a nivel internacional como la “guerra cultural” contra el “wokismo”, las disidencias sexuales, las conquistas de las luchas antipatriarcales y el denominado “odio de clases sociales” que se produce debido a la promoción del pensamiento crítico en las universidades. También, se ha planteado una “guerra cultural” contra la memoria histórica del conflicto armado, sus víctimas, el terrorismo de Estado que se instauró en Colombia contra los grupos políticos y sociales de izquierda, y el Acuerdo de Paz suscrito entre el Estado colombiano y la insurgencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC-EP en 2016.
Se ha extendido además el interés gubernamental por controlar las máximas instancias académico-administrativas de las universidades públicas (es decir, sus Consejos Superiores), en particular el de la universidad pública más importante del país (la Universidad Nacional de Colombia) y alinearlas con sus consignas de “guerra cultural”, en un contexto en que se insiste en que la finalidad última de la educación superior es cualificar a las personas para garantizar su vínculo con el trabajo. En este contexto, los consejos superiores universitarios, así como la gran mayoría de los rectores de las instituciones de educación superior, han optado por bloquear cualquier intento de democratización del gobierno y la vida universitaria y han seguido acciones de militarización y fortalecimiento de la inteligencia militar en los campus.
La conjugación de estos elementos representa una clara vulneración de la autonomía universitaria, un riesgo fundamental para la libertad académica e investigativa, un ataque frontal al pensamiento crítico, y una intención evidente de criminalización de la protesta y de las acciones colectivas del movimiento estudiantil y profesoral.
