«Es urgente promover en las universidades “intermediarios del conocimiento” de naturaleza mercantil», entrevista a Salustiano Mato, Vicepresidente adjunto de la CRUE

«La universidad siempre es una de las instituciones mejor valoradas por los ciudadanos. Cada vez más del relato de las universidades para construir su legitimación se sostiene en más evidencias, las del impacto económico, pero también en el impacto que tienen sobre la sociedad no solo a través de la formación reglada sino también en la formación para toda la vida y por medio de la cultura a través de las actividades de extensión universitaria», señala el Vicepresidente adjunto de la CRUE


Salustiano Mato de la Iglesia es Doctor en Biología por la Universidad de Santiago de Compostela y, tras realizar un postdoctorado en las universidades de Cornell e Rutgers de Estados Unidos, fue profesor de la Escuela Técnica de Ingenieros Agrónomos de Lugo así como de la Facultad de Ciencias de Ourense. En la actualidad ejerce como catedrático de Zoología en el Departamento de Ecología y Biología Animal de la Universidad de Vigo. Entre otros muchos cargos de gestión universitaria, ha sido Director general de Investigación de la Xunta de Galicia y Rector de la Universidad de Vigo entre 2010 y 2018. Actualmente es Vicepresidente adjunto de CRUE Universidades Españolas, y reconocido como una de las personas con una visión estratégica sobre el ecosistema univesitario español más completa y prometedora.

“Nunca estaré satisfecho hasta que la influencia benéfica de la Universidad llegue a todas las familias del Estado” es la frase del presidente de la Universidad de Washington, Charles Van Hise, en 1905, en la que se resume “la idea de Wisconsin“. ¿Cree usted que la idea de una universidad comprometida con su territorio y sus ciudadanos sigue vigente más de cien años después?

No cabe duda que en España la creación de universidades en todo el territorio ha permitido que seamos un sistema universitario más equitativo e inclusivo. De hecho, según hemos constatado en varias ediciones del informe “la Universidad Española en Cifras”, España es el país de Europa en el que más accesibilidad tiene un ciudadano de cursar estudios universitarios. 

En la página web La Universidad de Wisconsin Madison, lo primero que encontramos no es una referencia a un ranking, sino una memoria del impacto de dicha universidad en el Estado Wisconsin, que valora en 30.000 millones $. ¿Cuál es el relato fundamental de las universidades en España para construir su legitimación y su reputación frente a la sociedad?

Es evidente que la presencia de una universidad en un territorio constituye una inversión que produce retornos económicos, pero también sociales. Existen informes del IVIE (instituto Valenciano de Investigaciones Económicas) en los que se ha determinado el impacto económico del sistema universitario español en general y de las universidades en particular a escala de varias comunidades autónomas. En ellos se constata el efecto multiplicativo que la universidad supone en el territorio de influencia, lo cual justifica sobradamente la importancia de las universidades y su reputación ante la sociedad.

De hecho, en todas las encuestas ciudadanas que se han hecho, la universidad siempre es una de las instituciones mejor valoradas por los ciudadanos. Por tanto, cada vez más del relato de las universidades para construir su legitimación se sostiene en más evidencias, las del impacto económico, pero también en el impacto que tienen sobre la sociedad no solo a través de la formación reglada sino también en la formación para toda la vida y por medio de la cultura a través de las actividades de extensión universitaria.

Es evidente que la presencia de una universidad en un territorio constituye una inversión que produce retornos económicos, pero también sociales, lo cual justifica sobradamente la importancia de las universidades y su reputación ante la sociedad

En CRUE estamos desarrollando una prueba piloto a través de la metodología que sigue Mesías Marca España, para hacer un ejercicio de medición de la reputación de las universidades, que podrá ser una herramienta más para construir este relato. 

Desde que se extendió la idea de la “paradoja europea” (mucha ciencia y poca innovación) en los años noventa ha permanecido una mirada de sospecha sobre los recursos dedicados a la investigación científica. ¿Son las universidades responsables de la poca innovación de las empresas en España?

De ningún modo; la innovación de las empresas la marca el modelo empresarial. Por lo tanto, en la medida que las empresas no tengan sistematizada la innovación en sus modelos de negocio, la innovación no constituirá un elemento fundamental en su actividad.

De hecho, muchas de las empresas más innovadoras en España surgen de las propias universidades, y estas cada vez más y mejor responden a las demandas de las empresas para encontrar soluciones innovadoras. Esto se constata en la evolución de la actividad de transferencia de las universidades, que se puede ver en los informes anuales de la Red OTRI, que publica la CRUE. 

¿Tenemos una política científica que resuene con las grandes políticas de Estado, industrial, de defensa, medio ambiental…?

Los planes nacionales de investigación han intentado siempre correlacionar la actividad científica con las necesidades estratégicas del Estado y esto ha sido y es muy positivo. Pero evidentemente el impacto que ha tenido y está teniendo en la definición, avance e impacto de estas políticas, no es el que sería deseable. Probablemente porque los actores que definen y desarrollan estas políticas y los científicos no están conectados y en general circulan por caminos diferentes. 

¿Podrían ser las universidades públicas los laboratorios de las políticas públicas en especial de sus CCAA?

De alguna manera, sobre todo en los últimos años, lo están siendo. Participando en la definición de los programas de especialización de la investigación que las CCAA acuerdan con las Unión Europea (RIS3) y siendo uno de los actores fundamentales de su realización.

Crear una empresa en un entorno universitario sobre una nueva molécula o patente exige talento, pero sobre todo una organización que lo posibilite y recursos. ¿En que hemos mejorado en relación a la situación denunciada en el Informe Bricall a principios de siglo?

Hemos hecho avances significativos. Hemos aprendido que el entorno universitario debe crear equipos multidisciplinares y que los científicos que tienen una buena idea empresarial deben de estar acompañados de un conjunto de actores que den respuesta a las distintas actividades que son fundamentales para constituir y lanzar con éxito una idea empresarial.

Además de la mejora de las capacidades de nuestra OTRIs para asesorar y apoyar la creación de las empresas basadas en el conocimiento, es ya habitual que en el equipo promotor de una iniciativa empresarial universitaria los científicos estén acompañados de actores que gestionan el plan de negocio, que inviertan o obtengan inversiones, que hagan vigilancia competitiva, negocien adecuadamente la salida al mercado y los contratos de distribución. 

Un gran número de universidades españolas tienen la necesidad urgente de promover nuevas fórmulas de gestión compartida de los resultados de la investigación a través de “intermediarios del conocimiento” de naturaleza mercantil

¿Cómo evitamos que en los casos en los que conseguimos poner en marcha un proyecto empresarial global, en una ronda de financiación venga un fondo extranjero y se lleve a su país el conocimiento, las personas y la actividad? 

En el mercado global en el que vivimos es imposible evitar esto. Es cada vez más habitual en las empresas universitarias que han tenido un gran éxito. Lo que sí podemos hacer es ayudar a que el perfil del negocio empresarial tenga presente como su actividad puede echar raíces en el territorio; de esta forma, aunque la empresa sea vendida a un fondo extranjero, al menos la actividad permanecerá en el territorio y seguramente parte de las personas.

Una oportunidad magnífica para poder hacer esto nos la ofrecen las empresas de economía social; en la medida que impulsemos este modelo empresarial en la definición de nuestra EBTs, más posibilidades tendremos para mantener el conocimiento, las personas y la actividad en el país, aunque estas empresas sean compradas por fondos extranjeros.

Los datos de la memoria anual de la CRUE evidencian la dificultad de las OTRI para gestionar el patrimonio intelectual de las universidades en un mercado global como es el de el conocimiento, así como para imbricar institucionalmente la actividad investigadora y las demandas del tejido productivo. ¿Qué otros modelos de gestión de la propiedad intelectual caben para conseguir que la actividad investigadora tenga un mayor impacto en las demandas sociales y del tejido empresarial? 

El principal valor añadido que la Universidad puede ofrecer a sus emprendedores es cubrir la carta de servicios innovadores inteligentes y poner en valor de forma más eficiente el conocimiento generado en el seno de la universidad. Permitiría, a través del fomento de este proceso innovador, una oferta de acciones y servicios que podrían poner en marcha planes de negocio viables.

El modelo actual no alcanza a resolver aspectos fundamentales en relación al mercado: potencial nicho para la captación de recursos externos; valor añadido de los intangibles en los mercados internacionales. A razones organizativas: incapacidad fiscal para la gestión de ingresos extra presupuestarios en organismos autónomos (universidades públicas y OPIs); necesidad de profesionalizar las funciones de internacionalización en la gestión de la innovación bajo sus diferentes modalidades.

Este hecho fundamenta la necesidad urgente que tienen un gran número de universidades españolas para promover nuevas fórmulas de gestión compartida de los resultados de la investigación a través de “intermediarios del conocimiento” de naturaleza mercantil. Por lo que, donde no llegue la personalidad jurídica de la Universidad, podrían llegar otros instrumentos de derecho privado que pueden crear las universidades, siempre que se garantice el control público de los mismos. 

Los servicios de inteligencia, la internacionalización de productos, servicios y procesos, la apertura hacia nuevos mercados exteriores o la capitalización de empresas altamente intensivas en conocimiento requieren en muchos casos de la intermediación en la gestión económica de los retornos que derivan de la investigación colaborativa con empresas, bien sea mediante la compra-venta de títulos de propiedad intelectual e industrial, bien sea mediante la explotación de licencias o la creación conjunta de fondos de inversión con promotores diversos. 

En Norteamérica y de manera especial en Canadá cada vez adquieren más importancia las denominadas universidades “coop” que practican una educación cooperativa, en donde el aprendizaje se realiza indistintamente en el campus y en la empresa. ¿Cómo valora estas experiencias? ¿Cómo ve la posibilidad de un aprendizaje dual en España?

Muy positivamente. De hecho, ya es una apuesta decidida actualmente en España. Cada vez se ven más iniciativas en este sentido. Era una asignatura pendiente y por fin está llegando a nuestro país.

En una economía basada en el conocimiento, la formación ocupacional y la formación continua de nivel superior debe ser una prioridad en las políticas públicas activas para el empleo

La relevancia en el mercado laboral de los títulos oficiales parece diluirse en la búsqueda de las competencias reales de los trabajadores. En paralelo emergen impulsadas por la Unión Europea la idea de las microcredenciales como fuerza para unificar la formación a lo largo de la vida. ¿Qué respuesta cabe esperar de las universidades públicas a este cambiante escenario? ¿Qué medidas podríamos tomar para facilitar la movilidad entre la formación profesional y la Universidad? ¿Tienen las universidades la suficiente autonomía de gestión para poder cumplir con su función de impactar en su entorno económico y social? 

La formación continua es necesaria para garantizar el valor de la formación inicial adquirida y para facilitar que las personas puedan avanzar al ritmo de las necesidades de nuestro entorno social y económico.

En una economía basada en el conocimiento, la formación ocupacional y la formación continua de nivel superior debe ser una prioridad en las políticas públicas activas para el empleo. Debe ser una prioridad para España el desarrollo de una política pública de formación ocupacional de nivel superior que permita el reciclaje profesional de las personas desempleadas. Las universidades están en disposición de ser uno de los actores de referencia para el diseño y la ejecución de formación ocupacional que permita el reciclaje profesional y la actualización permanente de las competencias necesarias para mantener la ocupabilidad de las personas trabajadoras.

Hasta el presente, las universidades han venido desarrollando esta función mediante títulos propios de diversa duración, adaptados a necesidades de los participantes y de las empresas, pero la ausencia de una política pública en este sentido no permite el acceso a esta formación a las personas con menos recursos económicos. De hecho, los únicos niveles definidos de formación continua en España son los niveles 1, 2 y 3 reconocidos por el SEPE en su catálogo de formación para el empleo. Los niveles 4 y 5 que requieren niveles de educación superior son los más demandados, sobre todo en el ámbito de la digitalización de las empresas.

Salustiano Mato

Además de lo relativo a la formación ocupacional, no menos importante es la formación a lo largo de la vida, para todo ello debemos apostar por: la habilitación de nuevos modelos flexibles de aprendizaje mediante credenciales digitales, habilitando el paradigma de aprendizaje a lo largo de la vida, los caminos personales de aprendizaje, competencias, habilidades, y microcredenciales y el reconocimiento de microcredenciales, “badges” y su definición.

Como es lógico en una sociedad del aprendizaje, cada vez son más las demandas que se hacen a la Universidad, tanto en educación, como en investigación, o sobre su impacto social, económico y cultural, e incluso sobre temas como garantizar la sostenibilidad o implicarse en la diplomacia del Estado.¿Hay una corresponsabilidad de las CCAA en dotar a las universidades públicas de un marco de financiación suficiente y estable? 

En la nueva ley orgánica de universidades se incluye por primera vez que la financiación de las universidades para poder exigirles el cumplimiento de sus misiones, debe ser suficiente y se marca un mínimo de llegar al 1% del PIB. Pero todo esto solo será posible si las CCAA se comprometen, dado que son las que tienen las competencias para ello. En general estamos todavía lejos de alcanzar ese mínimo.


Entrevista Alfonso González Hermoso de Mendoza

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Espacios de Educación Superior está dirigido a poner en contacto a las personas e instituciones interesadas en la sociedad del aprendizaje en Iberoamérica y España.