Desde hace décadas, la Ciencia no la hacen sólo los científicos. Para hacer Ciencia, sobre todo Ciencia experimental, se necesitan, por supuesto, científicos, pero sobre todo infraestructuras científicas, personal técnico de apoyo, gestores,… Hacer ciencia implica tener una estructura totalmente engranada con equipos bien coordinados, donde todos los componentes son necesarios. Se necesitan gestores que ayuden a conseguir fondos y sobre todo evitar que los científicos pierdan su tiempo con la infinita burocracia que rodea la ciencia.
JOSÉ MANUEL TORRALBA
Claro que se necesitan científicos de distintos niveles de madurez que sean capaces de poner en marcha nuevas ideas (normalmente científicos senior) y también de desarrollarlas en los laboratorios (científicos en formación y posdoctorales). Pero hoy en día, es impensable poder hacer ciencia experimental sin personal técnico, muy cualificado, de apoyo. Personal técnico que cada vez más tiene la categoría de doctor, que dominan técnicas experimentales muy avanzadas (a veces en infraestructuras centralizadas) y cuyo “know how” les hace únicos e irremplazables en un grupo, unidad o instituto de investigación.
En los años en los que he ejercido de director de IMDEA Materiales uno de los muchos problemas que tuve que abordar fue la permanente fuga de talento del Instituto a causa de los salarios poco competitivos que podíamos ofrecer (aun siendo salarios superiores a los de las UUPP y OPIS estatales) en comparación con los salarios ofrecidos por la industria, por centros de investigación de otras CCAA y sobre todo centros extranjeros. Muchos eran investigadores, pero muchos más personal técnico cualificado. Cuando los directores de IMDEA negociábamos tablas salariales con la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid, nos encontrábamos de forma sistemática con un muro de incomprensión que nos hacía imposible poder competir. En el caso de los científicos había una cierta predisposición a establecer salarios algo superiores a los de las OPIS estatales (aun así, muy alejados del mercado).
En el caso de gestores y técnicos, la incomprensión era y es absoluta, y de tiempo en tiempo, veíamos como tanto gestores como técnicos, totalmente fundamentales en el funcionamiento del instituto y formados en el instituto, nos los fichaban en otros centros o en empresas, porque Hacienda no nos permitía adaptar mínimamente sus salarios al valor de sus capacidades y experiencia. El daño era siempre muy difícil de superar, a veces por unos pocos miles de euros.
Hoy, el técnico especializado,
se enfrenta a la resolución de
problemas científicos complejos
y sin su participación los
proyectos de investigación, en
muchas ocasiones, se estancarían
Este problema existe con más o menos intensidad en todo el mundo, y recientemente lo ha tratado un artículo en “Times Higher Education”: “Research infrastructure staff should be on the same terms as academics” y que se centra en la situación del problema en Australia. En el artículo se pone de relevancia que la investigación científica moderna ya no depende exclusivamente del académico tradicional y está impulsada por infraestructuras tecnológicas complejas que requieren de especialistas de alta cualificación. Los autores denuncian que el marco de clasificación laboral en Australia no ha evolucionado al mismo ritmo que la ciencia.
El núcleo del artículo se fundamenta en un principio universal: a igual trabajo, igual salario. En la actualidad se está produciendo una profunda injusticia estructural en las universidades donde un número creciente de tecnólogos, ingenieros y doctores que sostienen los programas de investigación son tratados como personal de apoyo secundario e intercambiable, en lugar de trabajadores críticos esenciales. En España ocurre exactamente lo mismo. En el artículo se pone de manifiesto, con cifras y estadísticas reales, que la disparidad entre el personal técnico y los académicos tradicionales es medible, creciente y afecta directamente la retención del talento.
El origen de este problema no responde a un deseo explícito de perjudicar al personal técnico, sino a una obsolescencia de los sistemas de evaluación. Los sistemas actuales se diseñaron cuando el personal «no académico» se dedicaba exclusivamente a tareas administrativas o de soporte técnico básico. Los descriptores de esos puestos premian el tamaño de los presupuestos asignados o el número de personas a cargo, pero son incapaces de medir la contribución científica o la propiedad intelectual generada. Hoy, el técnico especializado, se enfrenta a la resolución de problemas científicos complejos y sin su participación los proyectos de investigación, en muchas ocasiones, se estancarían.
La evaluación en el sistema de ciencia y tecnología español (SECTI) ha medido tradicionalmente el éxito basándose de forma casi exclusiva en métricas del investigador tradicional (número de citas, publicaciones como primer autor, proyectos concedidos y tesis dirigidas). La aparición de la declaración DORA y su adopción por parte de la mayoría de agencias financiadora del mundo no ha cambiado sustancialmente esto.
El personal técnico y los gestores de infraestructuras, aunque tengan un doctorado y diseñen la metodología de los experimentos, quedan invisibilizados al no encajar en estos indicadores. Y al igual que en el modelo australiano, el personal de apoyo científico está encuadrado en categorías administrativas comunes o escalas técnicas rígidas de la administración general del Estado. Esto bloquea su progresión y genera salarios notablemente inferiores a los de los investigadores principales, propiciando la fuga de cerebros hacia el sector privado tecnológico. Para colmo, gran parte de este personal encadena contratos temporales vinculados a proyectos específicos de investigación de 2 o 3 años, o depende de convocatorias competitivas anuales de técnicos de apoyo, creando una enorme inestabilidad laboral.
La vigente reforma de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Invocación (Ley 17/2022, que modifica la ley de 2011) introdujo cambios profundos para corregir esta anomalía y reconocer el carácter coral de la ciencia moderna, en distintos sentidos: por primera vez, la ley deja de legislar enfocándose solo en el «científico titular» y se explícita que el personal de investigación está compuesto por tres pilares con la misma importancia legal: el personal investigador, el personal técnico y el personal de gestión. La ley garantiza por primera vez el derecho a una carrera profesional horizontal y vertical para todo el personal de investigación, incluidos técnicos y gestores. Se incorpora formalmente en el sistema público las figuras de tecnólogas y tecnólogos. Y la reforma intenta acabar con la precariedad prohibiendo el encadenamiento de contratos temporales por obra y servicio asociados a proyectos corrientes, sustituyéndolos por contratos de actividades científico-técnicas de carácter indefinido.
El reto actual radica en que
las comisiones evaluadoras
de méritos cambien de
mentalidad e implanten
criterios de evaluación que
midan y recompensen de forma
justa el «soporte de alto
nivel» y la facilitación
tecnológica de la ciencia
La implantación de las medidas de la ley de la Ciencia ha corrido distinta suerte dependiendo del perfil de las instituciones, aunque hay algunas de esas medidas que se han extendido a todo el SECTI: el nuevo contrato indefinido de actividades científico-técnicas ha sustituido a los antiguos contratos por obra y servicio. Ahora se utiliza esta figura contractual indefinida vinculada a la duración de fondos externos o líneas de investigación específicas (en realidad en una forma de llamar indefinido a lo que sigue siendo una vinculación definida por la duración del proyecto de investigación), con la ventaja de indemnizaciones por fin de contrato. Se están introduciendo cambios en la Carrera Profesional de Técnicos y Gestores.
Lamentablemente el desarrollo normativo de la carrera horizontal (promoción, trienios, tramos de productividad) ha seguido ritmos institucionales diferentes en las distintas instituciones, igual que las tablas salariales y sindicatos y asociaciones técnicas recuerdan que el éxito definitivo de la Ley de la Ciencia dependerá del desarrollo reglamentario en cada OPI y universidad. El reto actual radica en que las comisiones evaluadoras de méritos cambien de mentalidad e implanten criterios de evaluación que midan y recompensen de forma justa el «soporte de alto nivel» y la facilitación tecnológica de la ciencia.
La reforma de la Ley de la Ciencia ha supuesto un hito normativo en España para tratar de dignificar la labor del personal técnico. Pero estamos aun muy lejos de una situación aceptable para el colectivo. Si la sociedad española en su conjunto, y los políticos que la representan, no entiende la necesidad de que se invierta en ciencia en los niveles de países de nuestro entorno económico en el mundo, difícilmente entenderá que un científico sea remunerado como en esos países (cuando yo era director general de investigación de la Comunidad de Madrid, un alto cargo de Hacienda me dijo que “no podemos pagar a los científicos de IMDEA más que a un alto cargo de la comunidad”) y mucho menos que “un técnico” pueda cobrar y tener el mismo reconocimiento que un científico. Este es el percal y así nos va.
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José Manuel Torralba es profesor emérito de la UC3M y miembro de la Real Academia de Ingeniería. Ha sido Director General de Universidades de la CM.
