VIII El presente texto forma parte del artículo «Hablemos de las universidades» en el que se nos ofrece un recorrido por los principales desafíos a los que se enfrenta la institución universitaria planteados desde una perspectiva global. El texto nos invita reflexionar sobre la singularidad y relevancia de las universidades, destacando la importancia de su integración en las sociedades que las acogen.
ALFONSO GONZÁLEZ HERMOSO DE MENDOZA
La abolición de la libertad académica
El auge del iliberalismo
Si el neoliberalismo resignifica a las universidades, convirtiéndolas en un actor de la economía global del conocimiento, el iliberalismo va más allá: lo que plantea es su cancelación ideológica. En la pretendida derogación del siglo XX y de los derechos humanos, y en la progresiva «captura del Estado», las universidades aparecen como uno de sus principales enemigos. Cuando el vicepresidente J. D. Vance dice que «los profesores son el enemigo», resuena con otros tiempos y otros lugares.
Durante las guerras culturales de las décadas de 1980 y 1990, filántropos de derecha invirtieron millones de dólares en demonizar la educación superior, calificándola de infestada de «corrección política», cuyos defensores supuestamente promovían una política identitaria dogmática de izquierdas, al tiempo que suprimían la libertad de expresión y el discurso conservador en sus campus. Las encuestas de Gallup revelaron que, en 2015, el 57 % de los estadounidenses tenía mucha o bastante confianza en la educación superior, una cifra que había caído al 36 % en 2023. Entre los republicanos, se desplomó del 56 % al 20 %.
El programa electoral de Donald Trump incluye la creación de una «universidad» pública, digital, gratuita y de acceso abierto para todos los norteamericanos: «The American Academy». Una institución que estaría financiada con nuevos impuestos a las universidades de la «Ivy League», causantes, según el expresidente, de que «gastemos más dinero en educación superior que cualquier otro país y, sin embargo, las universidades están convirtiendo a nuestros estudiantes en comunistas, terroristas». La visión compartida sobre aspectos esenciales de las universidades, que ha sido tan decisiva en la construcción de la convivencia democrática, se está resquebrajando.
La llegada al poder de Donald Trump ha tenido efectos inmediatos en los ámbitos en los que la ciencia choca con la ideología iliberal por el control del cuerpo y el entorno. Así, han sido eliminadas bases de datos públicas esenciales para la construcción de evidencias científicas y se ha excluido de la financiación aquello en lo que se hable de diversidad, clima o biodiversidad. Por no hablar de la reducción radical de los fondos públicos destinados a la investigación. Nos enfrentamos a un intento de domesticación y precarización de la vida universitaria, a una propuesta que no tiene otro fin que el de acabar con la libertad académica.
Más allá de esta propuesta concreta del expresidente, el hecho es que cuestionar los fundamentos del sistema universitario es una realidad política evidente. Así lo demuestra la circunstancia de que trece estados de EE. UU. han aprobado en los últimos años regulaciones abiertamente contrarias a la autonomía de las universidades. Decisiones que vienen avaladas por el hecho de que dos tercios de los estadounidenses piensan que la educación superior va en la dirección equivocada, incluida casi la mitad de los demócratas, según una encuesta reciente de Gallup.
Mientras muchas universidades imponen directivas vagas y poco claras que restringen la libertad de expresión y la enseñanza de los profesores, generando un ambiente de miedo y confusión en el campus, esta falta de precisión en las directrices facilita la autocensura, pues las personas no saben hasta dónde pueden expresar sus ideas sin enfrentarse a consecuencias, lo que crea un clima de inseguridad jurídica y académica.
Según la Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios (AAUP), durante la segunda administración de Trump, la autonomía universitaria se está sacrificando al poder autoritario del Estado mediante acuerdos agresivamente extorsivos, recortes preventivos de financiación y medidas coercitivas que son en gran medida ilegales;»la educación superior estadounidense se ha convertido, de hecho, en el objetivo de una red de extorsión masiva».
El sometimiento de la academia
Esta situación no es un fenómeno exclusivo de EE. UU. Según el Índice de Libertad Académica, países de todo el mundo están sufriendo una disminución del respeto por la libertad académica. Igualmente, en el informe de Scholars at Risk Network titulado «Un año de ataques a la educación superior: la supresión del disenso y la propagación del antiliberalismo», de 2023, se señala que los ataques a la libertad académica «se están volviendo preocupantemente comunes en sociedades abiertas, democráticas y estables, donde los actores iliberales están utilizando el lenguaje de los derechos, la libertad y la excelencia para impulsar sus propias agendas y erosionar la libertad académica y la autonomía de las instituciones de educación superior».
El último informe de Educación bajo Ataque publicado por la Coalición Global para Proteger la Educación de Ataques (GCPEA) señala un fuerte aumento de la violencia militar y política contra la educación en general y la educación superior en particular durante 2022 y 2023, a medida que aumentaban los conflictos en todo el mundo.
Detrás de esta visión de las universidades está el convencimiento de que son entidades ideologizadas que responden a intereses particulares. Además, no podemos olvidar que son percibidas por una amplia parte de la sociedad como incapaces de cumplir sus promesas de promoción social y que actúan como legitimadoras de desigualdades a través de su discurso meritocrático. Circunstancias que no deberían pasar desapercibidas ni ser atribuidas a la estupidez de una parte de la población.
Situaciones que nos invitan a la lectura del premio Nobel polaco Czesław Miłosz, que en los años cincuenta del siglo pasado nos mostraba cómo los académicos pueden ser cautivados no solo por la fuerza bruta, sino también por la seducción de una ideología que promete sentido y poder. «El intelectual que ha capitulado ante el poder empieza por convencerse de que su sumisión es razonable y necesaria. Se dice a sí mismo que la historia exige sacrificios, que la verdad es relativa y que el compromiso con la ideología dominante es, en última instancia, un acto de responsabilidad social» (La mente cautiva).
Como sucedió en la Italia fascista, ocultar o modificar el discurso para evitar conflictos con el poder es un camino hacia la servidumbre intelectual y la pérdida irreversible de la dignidad académica. La sumisión de la academia a regímenes autoritarios no solo perjudica a los individuos, sino que socava la integridad intelectual y moral de toda la sociedad.
Desde 2021, más de 24 estados en EE. UU. han presentado o promulgado leyes, comúnmente conocidas como proyectos de ley anti-CRT (Teoría Crítica de la Raza), que restringen los debates sobre raza, diversidad e inclusión en los campus universitarios, así como proyectos de ley anti-DEI, propuestos en 26 estados para desfinanciar o eliminar oficinas y funcionarios de diversidad, equidad e inclusión. Esta dinámica, conocida como «legalismo represivo», llama la atención sobre las presiones y condiciones legales que llevan al profesorado a limitar preventivamente su trabajo protegido por miedo, incluso sin presiones legales formales. Circunstancias que no han hecho más que crecer después de la victoria de Trump.
Michelle Deutchman, directora del Centro Nacional para la Libertad de Expresión y la Participación Cívica de la Universidad de California, recientemente reconoció: «Hoy nos reunimos en un momento crítico para la educación superior en todo el país… el papel de las universidades en nuestra democracia está siendo cuestionado. La confianza en las instituciones está cambiando».
La manipulación del método científico
No podemos aislar este rechazo a las universidades del crecimiento del negacionismo científico, que va del terraplanismo a los movimientos antivacunas, pasando por el diseño inteligente. Las universidades, como principales instituciones científicas, están siendo cuestionadas en su capacidad para la creación de un «sentido común», esto es, en la producción de hechos compartidos sobre los que construir la convivencia democrática. Se muestran, para la mayor arte de la población, como instituciones más interesadas en argumentar y convencer que en conversar.
El informe de FECYT «Experiencias del personal investigador en su relación con los medios de comunicación y redes sociales» recoge y analiza los datos de una encuesta pionera en España. Los resultados demuestran que los científicos y científicas que participan en actividades de comunicación de la ciencia se enfrentan a una realidad hostil. Así, el 51,05 % de las personas que han respondido a la encuesta admite haber sufrido algún ataque.
Cada vez más, los hallazgos científicos son atacados o minimizados. Y los propios científicos se enfrentan a la intimidación y el acoso. En un estudio global de la Universidad de Griffith, con más de 2.000 científicos en seis áreas de la ciencia, dos quintos (41 %) de los encuestados habían sido acosados o intimidados al menos una vez durante un período de cinco años como resultado de su trabajo.
Las acciones de intimidación incluyeron abusos en línea, amenazas físicas y amenazas a presupuestos o empleos. El acoso, aunque personal, podía ser infligido por superiores, colegas o personas externas. Algunos científicos sentían que sus líderes los habían dejado en evidencia para proteger la reputación de la institución.
El respeto reverencial a las universidades se está resquebrajando, lo que, junto con las legitimidades utilitaristas de las últimas décadas, está conduciendo al colapso del sistema universitario tal y como lo hemos venido entendiendo. Mientras tanto, no termina de emerger un nuevo acuerdo entre universidades y sociedad que rediseñe sus funciones y organización en torno al bien de sus comunidades, de manera acorde con los desafíos del siglo XXI.
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