Un plan de rescate para las universidades

Parecería razonable que los poderes públicos dieran a las universidades la importancia que tienen en la sociedad del aprendizaje y en paralelo a cualquier modificación regulatoria se habilitara un “plan de rescate” que permitiera garantizar su sostenibilidad, y les dotara de recursos adecuados para las funciones esenciales que tienen encomendadas

ALFONSO GONZÁLEZ HERMOSO DE MENDOZA


En estas fechas se cumplen diez años de la aparición del OSU,  Observatorio del Sistema Universitario, un referente en el ámbito de la educación superior que nos enseña a mirar y comprender los aspectos clave del sistema universitario español (SUE). 

El valor diferencial de los informes del OSU viene dado por su rigor, independencia y claridad. La actividad del OSU, que bien podríamos calificarla como cercana al activismo y de artesana, busca con cada una de sus aportaciones un impacto real en la sociedad. Ciertamente lo consiguen. Lejos quedan sus informes de los papers curriculares o de los libros llamados a decorar despachos.

En el 2021 en plena tramitación del actual Real Decreto 640/2021, de 27 de julio, de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios, nos sorprendió con un estudio que planteaba la pregunta del momento “¿A qué puede llamarse universidad? Análisis del grado de cumplimiento de los requisitos actuales y los nuevos requisitos previstos”, del que aquí puede verse una amena presentación por parte de la autora Vera Sacristan.  

Un informe demoledor en el que se viene a constatar y a hacer público una realidad solo accesible para los iniciados del mundo de la gestión universitaria; las universidades del SUE no cumplían de manera generalizada la ley vigente. Las universidades no cumplían con las normas estructurales, en su mayoría vigentes desde el año 1991, dirigidas a garantizar la calidad de la educación y de los servicios públicos que prestan las universidades españolas. 

Las universidades no cumplían con las normas estructurales, en su mayoría vigentes desde el año 1991, dirigidas a garantizar la calidad de la educación y de los servicios públicos que prestan las universidades españolas

Una situación equiparable a que descubrieramos que las Cajas de Ahorro no cumplen las garantías de solvencia financiera establecidas por el Banco de España y que el sistema bancario estuviera en riesgo de quiebra.     

En pleno debate sobre cómo mejorar la regulación para garantizar que no hubiera “chiringuitos” con el nombre de universidad, el informe evidencia que el problema al que se enfrenta SUE trasciende la regulación siendo una cuestión de cumplimiento de la legalidad, por ende de naturaleza política, y en esencia económica. 

La pregunta es evidente; ¿cómo es posible el silencio ante esta situación tanto por parte de la administración general del Estado, responsable de la alta inspección educativa, como de las administraciones de tutela encarnadas en las comunidades autónomas y de las propias universidades? ¿Cómo es posible que no suceda nada una vez hecha pública una situación como esta? Para ser exactos, si sucedió algo; se aprobó la nueva norma. Es más fácil cambiar las leyes que conseguir su aplicación. 

Detrás de esta situación aparece la incómoda realidad de los recortes consecuencia de la crisis del 2008, y en concreto el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, cuyas imposiciones, que se aplicaron sin ajustes sobre la demanda, rompieron el marco legal vigente y condujeron, no sin cierta arrogancia, al sistema hacia el colapso. 

Lo denunciado en el informe se acerca a un fallo sistémico. Nos hace plantearnos de qué sirven los Consejos Sociales, que aprueban anualmente las plantillas y gastos de personal. O las consejerías de universidades que previamente cumplen con igual cometido. Por no hablar del  despliegue burocrático de las agencias de calidad universitaria en la acreditación y verificación de los títulos. Un fallo de un sistema hiperregulado que tiende a la autojustificación.

Endosar la responsabilidad de los incumplimientos a las universidades, nos recuerda a la culpabilización de las víctimas. En último caso no serviría más que para salvar la responsabilidad política, mientras queda sin resolver lo verdaderamente importante. ¿En qué condiciones se presta un servicio esencial para la sociedad como es el universitario?

La constatación del impune incumplimiento generalizado de las obligaciones constituyentes vinculadas a personal e investigación hace surgir la duda; ¿qué pasaría si se hiciera un estudio semejante sobre las condiciones financieras de las universidades?

Detrás de la realidad de atender a más alumnos con menos profesores, y aun así mejorar la producción científica, nos encontramos con un sistema forzado hasta el límite. El personal que ha mantenido el servicio público universitario en la última década lo ha hecho en un porcentaje alto asumiendo unas condiciones extraordinarias y una incertidumbre vital que poco tiene que ver con una carrera profesional. Detrás queda una comunidad “quemada”, sin un futuro cierto y unas relaciones de competencia extrema que dificultan cualquier iniciativa más allá de la supervivencia personal.

Más allá del impacto interno de la situación reflejada en el informe del OSU sería de gran interés conocer, en especial en las universidades públicas, cuál ha sido su impacto en la capacitación y empleabilidad del estudiantado, en la equidad en el acceso al aprendizaje y en la reputación y la capacidad de respuesta a las demandas sociales.

Cualquier reforma que no parta de la confianza en el sistema tomando las medidas necesarias para que se cumpla la legalidad y se atiendan las circunstancias personales de los afectados, tendrá comprometida su credibilidad

Comentario aparte merecería la situación que recoge el informe del OSU en relación a las universidades privadas y de manera preocupante a los denominados centros adscritos. 

Cualquier reforma que no parta de la confianza en el sistema tomando las medidas necesarias para que se cumpla la legalidad y se atiendan las circunstancias personales de los afectados, tendrá comprometida su credibilidad. 

El endurecimiento de las condiciones, siguiendo el título del informe, necesarias para llamarse universidad, propiciado por el citado RD 640 vigente en la actualidad, no hace más que alejar la legalidad de la realidad. Resulta difícil creer que siguiendo la evolución actual las universidades en el plazo de cuatro años, tanto públicas como privadas, vayan a poder adaptarse a las exigencias de la nueva norma. Y todavía más que las administraciones vayan a controlar la situación.

Parecería razonable que los poderes públicos dieran a las universidades la importancia que tienen en la sociedad del aprendizaje y en paralelo a cualquier modificación regulatoria se habilitara un “plan de rescate” que permitiera garantizar su sostenibilidad, y les dotara de recursos adecuados para las funciones esenciales que tienen encomendadas. 

Nos encontramos ante una oportunidad para repensar qué papel queremos que cumplan las universidades en la sociedad del aprendizaje, así como para revisar el modelo de gestión vigente que parte de la sospecha sobre la autonomía universitaria, y se cimenta en una burocracia insoportable que termina siendo una coartada en el incumplimiento de la ley.


ALFONSO GONZÁLEZ HERMOSO DE MENDOZA

Presidente de la Asociación espacios de educación superior.

Twitter @algonhermen

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