La diversidad de los sistemas universitarios en España

Ministerio de Educación. Madrid. AGHM

La Fundación CYD acaba de presentar el informe «Las universidades españolas: una perspectiva autonómica 2021», referencia anual para comprender la evolución de los subsistemas universitarios regionales y poder constatar la diferente situación en que se encuentran las universidades según la comunidad autónoma a la que pertenezcan.

PABLO ACOSTA


1. Introducción

La Fundación Conocimiento y Desarrollo, que tiene como misión principal analizar la influencia que la universidad ejerce sobre el desarrollo económico y social del país, publica con periodicidad anual el Informe CYD. Un estudio que retrata la realidad universitaria española desde un punto de vista cuantitativo y ofrece la posibilidad realizar el seguimiento de la serie histórica de los datos.

El estudio  “Las universidades españolas: una perspectiva autonómica 2021”, al que nos referimos en este artículo, ofrece los datos más relevante del Informe CYD desglosados por regiones y por las universidades de cada comunidad autónoma. Este informe nos permite visualizar que, por más que el marco normativo-institucional sea en sus elementos esenciales común a todas las universidades, la diversidad en el compromiso con las universidades es la nota característica de las políticas regionales y, en consecuencia, la divergencia entre los sistemas universitarios es cada vez mayor. 

El tamaño de los sistemas universitarios regionales es muy diverso, sin que se pueda establecer una correlación directa con las características demográficas de cada comunidad

Algunos datos relevantes del informe

En cuanto a número de estudiantes en el periodo que comprende el Informe (curso 2019-2020), se registraron un total de 1.626.154  en universidades públicas, privadas, presenciales y no presenciales, en todos los ciclos: grado, máster y doctorado. Es de destacar que esta cifra ha crecido la importante cantidad de un 5% en cinco años, aunque no distribuida de manera proporcional.

El tamaño de los sistemas universitarios regionales es muy diverso, sin que se pueda establecer una correlación directa con las características demográficas de cada comunidad. La Comunidad de Madrid ocupó el primer lugar en cuanto a alumnos matriculados presenciales alcanzando el 21,97% del total (300.278 estudiantes), seguida de Andalucía con un 17,98%, (245.785 estudiantes), Cataluña con un 16,12%, (220.318 estudiantes) y la Comunidad Valenciana con un 11,07%, (151.365 estudiantes). Cuatro regiones reunen el 75% del estudiantado en España.  

Los mayores porcentajes de estudiantes internacionales respecto al total de matriculados se dan en Navarra, Cataluña, Cantabria, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Madrid, por este orden, únicas regiones con una proporción superior al 10%. En cuanto a la movilidad entre universidades, cabe destacar que el 53,3% de los estudiantes realizan el máster en la misma universidad en la que cursaron el grado.

En cuanto a los precios públicos las diferencias siguen siendo importantes de acuerdo con la región en la que se estudie, y desvinculados de la tasa de ocupación que estas alcanzan.  Lo que pagaría por sus estudios un alumno en Canarias, 1.072 euros, o Andalucía, 1.108 euros,  puede convertirse en el doble si se matricula en Cataluña, 2.485 euros,  o en la Comunidad de Madrid, 1.980 euros. 

Un 51% del personal docente e investigador (PDI) de las universidades españolas tiene 50 o más años. La proporción más elevada de PDI de menos de 50 años se da en Baleares, Murcia y País Vasco, estando en el otro lado Canarias y Galicia, con diferencias entre los extremos de más de un 20%.  Si utilizamos el criterio de tener más de 50 años en relación con el PDI estable la situación muestra un futuro muy complicado de gestionar. A modo de ejemplo señalar que en el caso de los catedráticos tendríamos en esta situación hasta el 98% en las universidades del País Vasco, con una media nacional, no muy lejana, del 92%. 

La presencia de PDI extranjero sigue sin despegar en ninguno de los subsistemas, aun así hay importantes diferencias entre ellos. Cataluña, Navarra y Castilla y León son las regiones con más porcentaje de PDI extranjero, aunque no superan el 6%.

Respecto a los sexenios de investigación reconocidos la diferencia entre el sistema universitario canario, el que más profesores tiene sin sexenios con el 29,7%, y el de Navarra, el que menos con el 13,0%, de nuevo es muy significativa, ya que es más del doble. La media nacional se encuentra en el 18.9%. Un número en cualquier caso difícil de justificar de profesorado sin una mínima actividad investigadora reconocida. 

Máyor todavía es la diferencia entre subsistema regionales si nos referimos a la producción científica por profesor. Por un lado nos encontramos a Cataluña con ocho publicaciones por profesor, luego vendría un grupo de CCAA con más de cinco publicaciones por profesor, cantidad ligeramente superior a la media nacional, que son; Cantabria, Navarra, Baleares, Comunidad Valenciana, Asturias y Galicia. El resto de subsistemas estarían por debajo de esta cantidad. La situación no varía significativamente cuando el informe recurre a criterios de excelencia científica para clasificar la producción de los subsistemas universitarios. 

el compromiso que cada comunidad autónoma muestra con su sistema universitario y su vinculación a las estrategias regionales son muy distintos

En cuanto a la estabilidad del profesorado la situación en los subsistemas regionales es muy diversa  llegando a diferencias entre ellos del 30%. Este hecho es uno de los factores condicionantes más importantes de cualquier política universitaria. Así, mientras la media nacional del PDI con vinculación permanente es del 54%, en el caso de Galicia, la región con mayor porcentaje de profesorado permanente, se alcanza el 66,1%, mientras que en Baleares, con el menor, sólo se llega el 37,5%. Las leyes parecen ser criterios orientativos para las CCAA y las universidades en este ámbito, incapaces de su cumplimiento.

En un dato clave para la calidad docente y la actividad investigadora como es la ratio entre PDI en jornada equivalente a tiempo completo y estudiantes, las realidades de los sistemas regionales divergen de nuevo de una manera muy significativa. Así, están por encima de los 18 alumnos Cataluña, Murcia o Madrid, y en torno a los 12 en Aragón, Asturias y La Rioja. Una varicón de un tercio en el número de estudiantes determina las condiciones de las prácticas de aprendizaje y la actividad investigadora del profesorado que se puedan realizar.

Analizando los gastos de personal docente de la universidades públicas en la última década vemos el esfuerzo de Baleares con un incremento del 27,8% o de Murcia con el 22,8, en relación con una media nacional de crecimiento del 8,9%. Mientras tres comunidades autónomas, Canarias, Comunidad de Madrid y Castilla y León, todavía no han recuperado el gasto en personal previo a la crisis del 2009. 

La programación de la oferta de titulaciones está sujeta a un grado de implicación por parte de las comunidades autónomas muy diferente. En un contexto con una oferta de titulaciones que podemos calificar como extensa, con un total de 9.523 a nivel nacional entre grado, máster y doctorado, cabe señalar que Madrid, Andalucía y Cataluña concentran más de la mitad de esta oferta (52,12% del total). al igual que de los egresados (56,6% del total).

En este escenario Cataluña ha reducido su oferta en los últimos cinco años en un 20%. Mientras, Navarra, Castilla y León y Castilla la Mancha la han incrementado en torno a un 15%. Vinculada a la oferta es relevante hacer referencia a las tasas de ocupación en las inscripciones de las universidades públicas, cercanas al 100% en Galicia, Cataluña y Navarra, y que no alcanzan el 80% en Asturias y Extremadura.

Posiblemente en donde las diferencias entre sistemas regionales sean de mayor impacto es en el ámbito de las transferencias que hacen las comunidades autónomas a sus universidades públicas para su normal funcionamiento. Asignaciones directamente vinculadas tanto a la efectividad de la autonomía universitaria, como a posibilitar el cumplimiento de las obligaciones legales, la correcta atención de los estudiantes, y el desarrollo del potencial investigador del PDI. 

En este ámbito la orquilla de las aportaciones se mueve entre los 9.305 euros por estudiante matriculado de La Rioja, y los 5.435 euros por estudiante de la Comunidad de Madrid, siendo la media nacional de 6.575 euros.

Diferencias del 40% en los recursos que se ponen a disposición por estudiante de una universidad pública según la Comunidad Autónoma, en un marco común en cuanto a normativa y organización, son difícilmente comprensibles

Estas diferencias se ven refrendadas en los gastos corrientes que han realizado las universidades por alumno. Así, en el caso de La Rioja esta cantidad es de 9.787 euros, en Cantabria de 8.464 y en el País Vasco de 8.230 euros. La media nacional está en 6.796 euros. En el otro extremo  encontramos a Extremadura con 6.310 euros por estudiante, Baleares con 5.989 euros y a la Comunidad de Madrid con 5.866 euros.

Diferencias del 40% en los recursos que se ponen a disposición por estudiante de una universidad pública según la Comunidad Autónoma, en un marco común en cuanto a normativa y organización, son difícilmente comprensibles y pueden llegar a cuestionar la calidad de los subsistemas universitarios y a comprometer a medio plazo su viabilidad.

Es importante destacar la diferente evolución de las transferencias de las CCAA a sus universidades en los diez últimos años, 2009-2019. Así, mientras en Navarra han crecido un 11,3% y en La Rioja un 3,7% en Cataluña se registra un descenso del 16,6% y en la Comunidad de Madrid del 15,5%. Siendo la media nacional de un descenso del 8,6%.

Conclusiones

Los datos hablan por sí solos. Las universidades españolas están sometidas a un marco normativo y financiero común, pero el diferente trato que reciben y sus políticas propias son determinantes de las condiciones en las desarrollan su actividad. El marco de legalidad aparece desbordado por la realidad, y la autonomía universitaria cuando menos comprometida. Por otro lado, el compromiso que cada comunidad autónoma muestra con su sistema universitario y su vinculación a las estrategias regionales son muy distintos

También es relevante la emergencia de una industria de la educación superior que impulsa la movilidad y la concentración de los estudiantes, en especial en aquellos sistemas universitarios en los que la iniciativa privada está más presente. 

El paisaje universitario español es como su territorio: poco uniforme y lleno de accidentes geográficos. La situación de cada comunidad autónoma está vinculada a numerosos factores de voluntad política, poblacionales y de mercado. Estas circunstancias no vienen más que reforzar la necesidad de un propósito nacional sobre las universidades. Una propuesta que ofrezca viabilidad a un servicio público de educación superior de calidad, y garantice unas condiciones de acceso equitativas, haciendo efectiva la suficiencia financiera de las universidaades y dotandolas de un marco jurídico que de expresión a la autonomía universitaria establecida en la Constitución de 1978.


PABLO ACOSTA Profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, ha sido secretario general de Universidad Internacional Menéndez Pelayo

Twitter @AcopabloAcosta

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