«La falta de atención a los signos de fatiga del sistema universitario, o su reducción a temas corporativos o financieros, está llevando a las universidades a una pérdida de legitimidad social, de atractivo profesional, de interés para el estudiantado y para las empresas, y todo apunta a una dura reconversión para adaptarse a una realidad ya asumida. Amenazas que demandan un extenso debate social que oriente la transformación de las universidades para que puedan seguir asumiendo su condición de soporte esencial en la construcción del Estado social y democrático de derecho en el siglo XX«
ALFONSO GONZÁLEZ HERMOSO DE MENDOZA
«El gran problema de la universidad es el asunto del propósito: ¿para qué está?»
En el momento actual parece oportuno recuperar el dilema que planteó el rector de la Universidad de Chicago, Robert M. Hutchins, hace 70 años en su libro “La Universidad de Utopía”, cuando nos dice: «El gran problema de la universidad es el asunto del propósito: ¿para qué está?».
Con independencia de las valoraciones que pueda sugerir, hay un acuerdo en que el sistema operativo de las universidades ha sido hackeado.
La G.I. Bill o Ley del Soldado en 1944 cambió la universidad en EE. UU., y después en el mundo occidental, y con ello sus sociedades, contribuyendo de manera decisiva al periodo más importante de prosperidad y extensión de los derechos humanos en la historia de la humanidad.
A partir de los años 80, la idea de que las políticas públicas debían subordinarse a los designios de los mercados trajo consigo una radical simplificación de la misión que tenían las universidades. De manera que las universidades, sin pretenderlo ni preverlo, pasaron de ser consideradas garantes de un Estado democrático en construcción a ser ponderadas fundamentalmente como proveedores de capital humano, tecnológico y relacional, o como mucho un elemento en la diplomacia de los estados.
La paulatina y poco cuestionada internamente aceptación del gerencialismo condujo a que las estrategias de las universidades se vieran socialmente, política e, incluso, académicamente legitimadas por su adecuación a las demandas del mercado. Así como a que el cometido de los gestores universitarios se dirigiera a orientar sus organizaciones para desarrollar de la manera más eficiente estas estrategias.
Bien parecería que salvar la institución universitaria en el siglo XXI pasase por su destrucción.
Bien parecería que salvar la institución universitaria en el siglo XXI pasase por su destrucción.
Una segunda cuestión, directamente unida a la anterior, es si, ¿es mejor una universidad cuanto más se parece a Oxbridge?
Asumido el paradigma de la “market oriented university”, los referentes de las políticas públicas y de las estrategias universitarias en las últimas décadas pasan a ser los ránquines internacionales de excelencia científica. Da igual que Naciones Unidas alerte de que “Estas clasificaciones impelen a las universidades a subordinar su misión en la lucha por ascender en unas clasificaciones consideradas injustas y depredadoras”.
Da igual que algunas de las universidades mejor situadas en los ránquines, como Harvard, Yale o Berkeley (EE. UU.), Rhodes (Sudáfrica), Zúrich (Suiza) o Utrecht (Países Bajos), estén cuestionando abiertamente su participación al considerarlos plataformas de marketing global ajenas a los valores de la universidad.
Desde el año 2003, en que iniciaron su actividad, una buena parte de las universidades se afanan por competir entre ellas asumiendo la jerarquía de los ránquines globales y colocan los resultados que les son favorables en lugares prominentes de sus páginas web para vender su institución. De la misma manera, para la mayoría de los medios de comunicación, la publicación anual de “las universidades campeonas” se ha convertido en la noticia del año sobre las universidades y, con frecuencia, en un motivo de inopinado escarnio público.
Y lo que es peor, los políticos, con el beneplácito de buena parte de los académicos, convierten el número y la posición de las universidades de su país en estos ránquines en una cuestión de Estado en la que se dirime la reputación nacional. No creo que sea una exageración afirmar que el futuro de las universidades pasa por su capacidad de presentarse ante la sociedad con nuevas métricas de su propuesta de valor. Nuevas métricas que rindan cuentas de su responsabilidad social y de su compromiso con el estudiantado.
el futuro de las universidades pasa por su capacidad de presentarse ante la sociedad con nuevas métricas de su propuesta de valor
La pregunta que surge inmediatamente es, ¿podrán las universidades públicas ser sostenibles sin un marco estable que defina sus compromisos para el bien común y adecúe su financiación?
La primera consecuencia que se desprende de la simplificación de la misión de las universidades hacia el mercado y las publicaciones es la desconfianza de los gobiernos hacia las universidades públicas. Según la Asociación Europea de Universidades (EUA), el 44 % de las universidades informan de una financiación decreciente en los últimos cinco años. De la misma manera que el 70 % identifican la falta de financiación como uno de los tres principales obstáculos para mejorar el aprendizaje.
Durante décadas, mientras crecía el número de estudiantes y los ingresos por actividades externas, así como en la medida en que las condiciones del profesorado y las infraestructuras se iban deteriorando de manera notoria y tolerada, el distanciamiento de las administraciones frente a la universidad ha ido propiciando el progresivo deterioro institucional.
En el marco actual, roto este equilibrio, la falta de financiación adecuada aboca a las universidades públicas a un proceso de reconversión. Las huelgas de profesorado, los despidos, el incremento en la sindicalización, el cierre y la fusión de universidades, fundamentalmente hoy en el ámbito anglosajón, así lo estarían acreditando.
Y esto es así porque la propuesta gerencialista lleva consigo una contradicción en términos para las universidades financiadas por fondos públicos. Quien mejor gestiona en el mercado son las empresas. A falta de propósitos políticos acordados, las administraciones, en paralelo a que orientan la actividad de las universidades a los designios de los mercados y les invitan a la competencia entre ellas, se desentienden de sus problemas estructurales, de la misma manera que van incrementando las exigencias regulatorias y el control sobre su actividad dada la naturaleza pública de sus fondos, invadiendo incluso los ámbitos vinculados a la libertad académica.
la propuesta gerencialista lleva consigo una contradicción en términos para las universidades financiadas por fondos públicos
Ante esta situación, nos surge una cuestión: ¿cuáles son los límites de la intervención de las administraciones compatibles con la libertad académica?
Un paso más en la tensión en la que tienen que desarrollar su actividad las universidades es la creciente intromisión gubernamental. La actualización para 2024 del Informe de libertad académica de la Universidad Friedrich Alexander comienza señalando que: “En línea con informes anteriores, los datos de este año demuestran que la libertad académica está amenazada a nivel mundial… el 56,5 % de la población vive en países donde la libertad académica está severamente restringida”.
Trece estados de EE. UU. han aprobado en los últimos años regulaciones abiertamente contrarias a la autonomía de las universidades. La Asociación Europea de Universidades pone de manifiesto que un 26 % de las universidades europeas han perdido autonomía en los últimos cinco años. Un tercio en Hungría y el Reino Unido y alrededor del 40 % en los Países Bajos y Polonia.
los datos de este año demuestran que la libertad académica está amenazada a nivel mundial
Las amenazas a las que se enfrenta la institución universitaria adquieren una nueva dimensión con el iliberalismo y la identificación de la universidad como un espacio de adoctrinamiento. La reflexión que se plantea es, ¿hasta qué punto el distanciamiento de las universidades de la sociedad es responsable de esta situación?
Si el neoliberalismo resignifica a las universidades convirtiéndolas en un actor de la economía global del conocimiento, el iliberalismo va más allá y lo que plantea es su cancelación ideológica. En la pretendida derogación del siglo XX y de los derechos humanos, en el propósito de la captura del Estado, las universidades aparecen como uno de sus principales enemigos.
El programa electoral de Donald Trump incluye la creación de una “universidad” pública, digital y gratuita para todos los norteamericanos: “The American Academy”. Porque, según el presidente, «Gastamos más dinero en educación superior que cualquier otro país y, sin embargo, las universidades están convirtiendo a nuestros estudiantes en comunistas, terroristas”.
En el Informe de 2023 de Scholars at Risk Network titulado “Un año de ataques a la educación superior” se señala que, “los ataques a la libertad académica se están volviendo preocupantemente comunes en sociedades abiertas, democráticas y estables, donde los actores iliberales están utilizando el lenguaje de los derechos, la libertad y la excelencia para impulsar sus propias agendas y erosionar la libertad académica”.
Decisiones que no podemos desvincular del hecho de que dos tercios de los estadounidenses piensan que la educación superior va en la dirección equivocada, incluida casi la mitad de los votantes demócratas.
La llegada al poder de Donald Trump ha tenido efectos inmediatos en los ámbitos en los que la ciencia choca con la ideología iliberal por el control del cuerpo y el entorno. Así, han sido eliminadas bases de datos públicas esenciales para la construcción de evidencias científicas y se ha excluido de la financiación allí en donde se hable de diversidad, clima o biodiversidad. Por no hablar de la reducción radical de fondos públicos destinados a la investigación. Nos enfrentamos a un intento de domesticación y precarización de la vida universitaria, a una propuesta que no tiene otro fin que el de acabar con la libertad académica.
Si el neoliberalismo resignifica a las universidades convirtiéndolas en un actor de la economía global del conocimiento, el iliberalismo va más allá y lo que plantea es su cancelación ideológica
Por otra parte, no podemos ignorar las tensiones que están generando la cancelación y la neutralidad política. ¿Cuáles son los límites de la libertad de expresión en la institución de la libertad?
La gran mayoría de los académicos admiten que se autocensuran por temor a ser objeto de críticas por parte de estudiantes o académicos, según sugiere la encuesta de Times Higher Education publicada el viernes pasado. El 77 % declara tener una menor libertad de expresión que hace diez años. Decenas de universidades norteamericanas han elaborado en la última década manuales de resistencia para defender la libertad de expresión como respuesta a las actitudes de carácter identitario que han exacerbado las condiciones de la convivencia e impuesto la censura o autocensura.
Además, la guerra de Gaza ha vuelto a traer al escenario universitario, como en su momento sucedió con la guerra de Vietnam, el debate sobre cuáles son los límites de las universidades en su intervención política en la sociedad. La incriminatoria comparecencia de tres rectoras de la “Ivy League” en el Congreso de EE. UU., y su posterior dimisión, o el cese y la reciente prohibición de asistir a la graduación de los estudiantes a la rectora de la Universidad de St Andrews, dan fe de ello.
La gran mayoría de los académicos admiten que se autocensuran por temor a ser objeto de críticas por parte de estudiantes o académicos
Al margen de los cambios ideológicos, no podemos ignorar que las universidades tradicionales han visto cómo se alteraba su ecosistema por el impacto de las tecnologías, quedando por resolver una cuestión esencial: ¿puede hablarse de una auténtica experiencia universitaria que no tenga una naturaleza híbrida?
En primer lugar, hay que destacar la gran disrupción que supuso el silencioso reconocimiento oficial de las universidades virtuales. Su irrupción ha reconfigurado el mercado de la educación superior, rompiendo fronteras nacionales y abriendo los títulos universitarios a nuevos públicos. Entre los años 2000 y 2020, los estudiantes online crecieron en el mundo un 900 %. Si la orientación de las universidades al mercado está cambiando el software del sistema, las universidades online lo están haciendo con el hardware.
Por otro lado, tenemos la emergencia de las plataformas globales de aprendizaje no formal. Espacios que han convertido el aprendizaje autónomo en una realidad cotidiana posible en cualquier lugar y en cualquier momento.
En una reciente entrevista, el CEO de Coursera, Jeff Maggioncalda, nos recordaba que su empresa tiene tan solo en España 2.400.000 estudiantes, un 30 % más que todo el sistema universitario español a 2024. “Aprender sin límites” parece ser mucho más que un lema comercial. La bondad de facilitar el acceso a la información no puede hacer que dejemos de preguntarnos: ¿hasta qué punto estas plataformas naturalizan un proceso de segregación y de colonización educativa y cultural?
La digitalización de la educación superior y la globalización de los proveedores nos trae un nuevo problema: ¿cómo evitar el fraude en las obtención de los títulos académicos?
Bajo la denominación “Universidad” operan tanto las conocidas como “Mickey Mouse, patito, garaje o de cartón”, como un sinfín de instituciones de aprendizaje no formal de difícil catalogación. Naciones Unidas da una cifra de 24.000 organizaciones en el mundo que operan con la denominación de Universidad.
Por otra parte, como ha denunciado el Consejo de Europa a través del Comité Directivo de Educación (CDEDU), el mercado negro promovido por las fábricas de títulos universitarios se ha convertido en un próspero negocio global de 7.000 millones de dólares al año. Decenas de millones de títulos falsos circulan por el mundo.
Naciones Unidas da una cifra de 24.000 organizaciones en el mundo que operan con la denominación de Universidad
No todas las contradicciones a las que se enfrentan las universidades proceden del exterior. Posiblemente, la tensión de mayor calado a la que se enfrenta la comunidad universitaria sea, ¿cómo reinventar una economía de la reputación que regule la vida académica actual de acuerdo a la realidad tecnológica y a la globalización?
En enero de 2023, la rectora de Harvard se veía obligada a dimitir después de un escándalo vinculado a la falta de integridad académica en algunas de sus publicaciones. La renuncia de Claudine Gay trasciende lo personal para cuestionar los fundamentos que han soportado la vida académica en las últimas cinco décadas.
La cantidad de artículos científicos publicados ha pasado de 300.000 al año en 1975, a un millón a principios de siglo, llegando a los tres millones en el 2020. El 90 % de los artículos publicados no recibe ninguna cita, y el 50 % solo será leído por los editores.
Las fábricas de papers, la manipulación de datos o el mercado negro de citas corroen las carreras profesionales y las prácticas institucionales. La tasa de retractación se ha multiplicado por cuatro entre el año 2000 y el 2020, más de 10.000 artículos se retractaron tan solo en el año 2023.
El 90 % de los artículos publicados no recibe ninguna cita, y el 50 % solo será leído por los editores
Con una perspectiva muy cercana a la anterior pregunta, nos debemos plantear, ¿cómo defendemos la ejemplaridad de las universidades?
Frente a la vulnerabilidad de los valores académicos, la promoción de una cultura de la integridad se ha convertido, como hacía evidente la UNESCO ya en el año 2016, en «un reto contemporáneo para la calidad y credibilidad de la educación superior». No podemos olvidar que actuar desde la ética académica y educar en la honestidad intelectual son el fundamento del pacto social de las universidades y de la especial protección de su autonomía.
Cada vez que una universidad encubre un abuso de poder, un conflicto de intereses, una decisión en beneficio particular, una discriminación, un acto de nepotismo o una falta consciente a la verdad, no solo se amenaza la reputación de la institución afectada, sino que cuestiona a la Universidad como institución.
¿Qué espera la sociedad de un profesor universitario? y, ¿qué puede esperar un profesional de la universidad? son preguntas esenciales pendientes de resolver en el momento actual.
Bajo el hashtag #leavingacademia fueron muchos los investigadores que entre el año 2022 y 2023 publicitaron su salida de la universidad, fundamentalmente para incorporarse en el mundo empresarial.
La “uberización” imparable de las condiciones laborales del profesorado. La amenaza de la reducción de plantillas vinculada a problemas financieros y a los descensos demográficos. Ambientes de trabajo poco saludables con alto nivel de estrés. Hacen cuestionable el atractivo del futuro laboral en las universidades.
El informe de la Asociación Europea de Universidades, “Una universidad sin muros, una visión para el 2030” es contundente a la hora de plantear la necesidad de redefinir la carrera docente universitaria.
El desencanto del profesorado y la falta de compromiso en un proyecto colectivo condena al fracaso cualquier iniciativa sobre el futuro de las universidades. Por más que John Dewey dijera que, “Reformar la Universidad es como reformar los cementerios: no puedes contar con los de dentro”, sin implicar al profesorado no hay transformación posible.
El desencanto del profesorado y la falta de compromiso en un proyecto colectivo condena al fracaso cualquier iniciativa sobre el futuro de las universidades
Cerramos este listado de tensiones a las que están sometidas las universidades con la referencia a la cuestión posiblemente más determinante, y más ignorada, para el futuro de las universidades: ¿cuál es el papel del estudiantado?
Llama la atención que una universidad de referencia como es el MIT se plantee la necesidad urgente de transformarse para sobrevivir. Y llama más todavía la atención el que lo haga, de acuerdo con el informe “Ideas para Diseñar una Nueva Institución Educativa Asequible”, reivindicando una carrera profesional universitaria construida desde la docencia, y proponiendo asignar a esta tarea el 80 % de la dedicación del profesorado.
Esta propuesta reconoce que el estudiantado es el principal activo de que dispone una universidad, de la misma manera que le asigna un papel como creador de conocimiento. Supone asumir con John Dewey que el fracaso en la experiencia universitaria es “no encontrar el verdadero propósito de la vida”.
El aprendizaje para ser universitario debe ofrecer una visión holística, así como ser capaz de integrar las competencias para ser un buen profesional y un buen ciudadano. De la misma manera que debe ser capaz de eludir la trampa ideológica de enfrentar empleabilidad y educación, para convertir esta última en un privilegio.
El aprendizaje para ser universitario debe ofrecer una visión holística, así como ser capaz de integrar las competencias para ser un buen profesional y un buen ciudadano
El exprimer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, señaló antes de las últimas elecciones que el objetivo fijado por el gobierno laborista en 1999, de que el 50 % de los jóvenes tuvieran educación superior, fue “uno de los grandes errores de los últimos 30 años”. Lo que llevó, según sus palabras, a que “miles de jóvenes fueran estafados por carreras que no hicieron nada para aumentar su empleabilidad o potencial de ingresos”.
Detrás de esta propuesta está el desconocimiento interesado de la relación entre el aprendizaje profesional y el estrictamente académico, que ha cambiado profundamente en las últimas décadas, y que las ventajas diferenciales que ofrecen las universidades en la formación de capital humano se soportan en un aprendizaje profundo, así como que la relación entre la educación superior y el trabajo es más eficaz si están débilmente acoplados. Los datos de que el 75 % de los nuevos empleos requieren un título universitario así vendrían a demostrarlo.
Pero lo más importante de estas propuestas es que ocultan que mejorar la accesibilidad a la educación superior sigue siendo un desafío para la justicia social.
La falta de atención a los signos de fatiga del sistema universitario, o su reducción a temas corporativos o financieros, está llevando a las universidades a una pérdida de legitimidad social, de atractivo profesional, de interés para el estudiantado y para las empresas, y todo apunta a una dura reconversión para adaptarse a una realidad ya asumida.
Amenazas que demandan un extenso debate social que oriente la transformación de las universidades para que puedan seguir asumiendo su condición de soporte esencial en la construcción del Estado social y democrático de derecho en el siglo XXI.
Este artículo es la continución de «El propósito de las universidades «
ALFONSO GONZÁLEZ HERMOSO DE MENDOZA
Presidente de Espacios de educación superior
