Durante años, el debate sobre la universidad española ha girado en torno a la financiación de las instituciones, la carrera del profesorado o la gobernanza de los campus. El estudiantado ha ocupado un lugar secundario: un sujeto al que se forma y se evalúa, más que una parte activa con condiciones de vida propias. Esa asignación de rol está cambiando. Los sistemas universitarios que hoy se consideran más avanzados han entendido que conocer al estudiantado no es un ejercicio de diagnóstico, sino la condición previa para implicarlo: construir la universidad con los estudiantes, no solo para ellos.
ALFONSO GONZÁLEZ HERMOS DE MENDOZA
La Fundación CYD acaba de ofrecer esa evidencia. La situación socioeconómica del estudiantado de educación superior en España: una comparación europea recupera, tras más de una década de ausencia, la participación española en EUROSTUDENT, el proyecto que retrata las condiciones de vida del alumnado universitario en veinticinco países. El informe describe una universidad que exige una transformación profunda si aspira a ser, de verdad, un derecho y no un privilegio.
Un sistema que delega
Cinco datos comparativos bastan para situar el problema. España es el segundo país de la muestra en coste medio de tasas universitarias (205,8 € mensuales, solo por detrás de Irlanda), frente a una media europea de apenas 82 €. El apoyo público —becas y préstamos incluidos— llega solo al 6,9 % de los ingresos, la mitad que la media del continente (14 %). Más de la mitad del alumnado (51,2 %) sigue viviendo con sus padres durante la carrera, frente a cifras casi residuales en Finlandia o Dinamarca. Y el sentimiento de no pertenencia a la educación superior alcanza en España el 31,4 %, la tasa más elevada de EUROSTUDENT 8, casi el doble de la media europea (18,3 %).
La combinación de tasas altas y ayuda pública escasa traslada el coste real de estudiar al entorno familiar: la contribución familiar representa el 48,5 % de los ingresos del estudiantado, y más de 112 € del gasto académico mensual proceden de transferencias que la familia asume, no el propio estudiante. El informe lo resume sin rodeos: en España, «la familia desempeña un papel central en el acceso, permanencia y sostenimiento de los estudios». Esa dependencia condiciona el desarrollo personal de quien estudia: vivir en el hogar de origen durante toda la etapa universitaria —no como opción, sino como necesidad— retrasa la autonomía y perpetúa, bien entrada la edad adulta, una relación de dependencia económica que en buena parte de Europa se cierra antes de terminar el bachillerato.
Quien no cuenta con una
familia dispuesta o capaz
de sostener económicamente
sus estudios encuentra…
Esa dependencia se explica también por factores estructurales de vivienda. Como señala el propio informe, «el mercado de alquiler atraviesa una situación de tensión sostenida, caracterizada por una demanda creciente», que empuja al piso compartido a convertirse en la principal vía de emancipación. En ese contexto no sorprende que solo un tercio del alumnado trabaje de forma continuada durante el curso, la tasa más baja de la muestra: una universidad diseñada, salvo excepciones, para quien puede dedicarse a tiempo completo. Compatibilizar estudios, empleo y vida familiar propia sigue siendo, para gran parte del estudiantado, un ejercicio de resistencia más que una opción normalizada, por más que crezca curso tras curso.
El resultado es un sistema que, pese a su vocación pública, opera con una lógica profundamente inequitativa. Quien no cuenta con una familia dispuesta o capaz de sostener económicamente sus estudios encuentra un sistema de becas insuficiente, una oferta de vivienda institucional casi inexistente y un mercado laboral estudiantil poco desarrollado. La universidad española, en la práctica, filtra por capacidad económica familiar a quienes puede acoger con comodidad y disuade a quienes no cumplen ese requisito implícito. Hablar de inclusión exige corregir un diseño institucional que deja fuera a una parte de la población y que trata el acceso a la educación superior más como un mérito familiar que como un derecho.
Un sistema a veces hostil
Los datos de bienestar completan ese diagnóstico. Casi un tercio del estudiantado (31,9 %) declara haber experimentado discriminación, casi diez puntos por encima de la media continental, y el 36,9 % ha vivido algún comportamiento hostil en el último año. Solo el 54 % valora su salud general como buena o muy buena, una de las cifras más bajas del conjunto EUROSTUDENT. Entre quienes declaran alguna discapacidad o limitación funcional, el 43,4 % considera que el apoyo institucional recibido es «nada suficiente», el tercer porcentaje más alto de Europa.
La investigación sobre pertenencia universitaria —el concepto de sense of belonging que el psicólogo educativo Terrell Strayhorn ha desarrollado durante las últimas dos décadas— sitúa este sentimiento como una necesidad básica del estudiante, no como un añadido cosmético. El propio informe confirma que España registra «la tasa más elevada de estudiantado que manifiesta un sentimiento de no pertenencia» de todo EUROSTUDENT 8.
Sorprendentemente, esa fragilidad no se traduce en una mayor intención de abandonar los estudios, que en España se sitúa en niveles similares a la media europea (8,3 %) —un dato que el propio informe señala como llamativo, y que sugiere que el malestar se sostiene y no siempre se traduce en salida del sistema, sino en una permanencia costosa en términos de bienestar.
España registra «la tasa
más elevada de estudiantado
que manifiesta un
sentimiento de no pertenencia»
El recorrido pendiente
Esta situación exige algo más que abrir las puertas de la universidad. España presenta uno de los porcentajes más altos de estudiantes cuyos progenitores no superaron los estudios obligatorios (14,6 %, frente a un 7 % de media europea), y solo el 28,9 % del alumnado tiene padres con estudios universitarios, veinte puntos por debajo de la media continental. Ese acceso relativamente amplio no garantiza, por sí solo, condiciones equivalentes de éxito: sin tutorías específicas, sin apoyo financiero suficiente y sin estructuras que acompañen a quien llega sin referentes familiares previos en la educación superior, la primera generación universitaria corre el riesgo de traducirse en una tasa de abandono o de rendimiento desigual.
Conviene señalar que EUROSTUDENT 8 no desglosa sus datos por titulación, de modo que no permite comprobar si el origen social condiciona también qué se estudia y cómo se estudia. Se trata de una estratificación horizontal ampliamente documentada en la literatura educativa, de enorme impacto potencial en el sistema universitario español dada la falta de interés en pensar un sistema de admisión contextual, como el que ya existe en universidades inglesas de referencia pertenecintes al grupo Russell.
Corregir este modelo no depende solo de las universidades: exige la implicación coordinada del Estado, las comunidades autónomas y las propias instituciones, en un diálogo abierto que incorpore la voz de quienes, en último término, sostienen con su experiencia diaria la universidad española. El propio informe lo plantea como un objetivo compartido: «garantizar una experiencia universitaria más equitativa, inclusiva y de mayor calidad».
ALFONSO GONZÁLEZ HERMOS DE MENDOZA, presidente EsdeES
