«Lo que falla es que la Universidad pública no está ofreciendo plazas suficientes para que los estudiantes puedan acceder a los grados, incluso en aquellos grados que nuestra sociedad necesita, y eso convierte la milésima de la nota en un factor tristemente determinante. Puede parecer sorprendente lo que voy a decir, pero el problema es, en el fondo, un problema de insuficiente financiación del sistema universitario público» señala la presidenta de Crue-Asuntos Estudiantiles y rectora de la Universidad de Huelva
María Antonia Peña Guerrero es rectora de la Universidad de Huelva desde 2017. Catedrática de Historia Contemporánea, posee 5 sexenios de investigación y 1 de transferencia. Ha sido cinco años directora de la Sede Iberoamericana de La Rábida y siete años Vicerrectora de Internacionalización y Cooperación al Desarrollo de la Universidad Internacional de Andalucía. Como investigadora, sus trabajos principales abordan la historia contemporánea de España desde una perspectiva social y política, con especial atención al problema historiográfico del caciquismo y el clientelismo. En este sentido, destacan sus libros El sistema caciquil en la provincia de Huelva. Clase política y partidos (1898-1923), que fue galardonado en el IX Premio de Investigación Díaz del Moral, y Clientelismo político y poderes periféricos durante la Restauración. Su segunda línea de investigación está dedicada al estudio de la representación política en España y América. También ha trabajado sobre la etapa de la Guerra de la Independencia y sobre el impacto de la expansión minera y el mundo empresarial en la España del siglo XIX.
Es evaluadora de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva y ha formado parte, entre otros comités, de la Junta Directiva de la Asociación de Historia Contemporánea, de la International Commision for the History of Representative and Parliamentary Institutions y del Consejo Asesor para la “Segunda Modernización de Andalucía”, dependiente de la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía. También ha sido Investigadora Principal del Proyecto I+D “Historia Cultural de la Corrupción Política en España y América Latina (siglos XIX y XX)”, liderando un equipo de investigadores de seis universidades españolas e iberoamericanas.
1983 LRU, 2001 LOU, 2023 LOSU. Cada generación parecería que tiene su propia ley de universidades. Sin duda la sociedad ha cambiado radicalmente en estos 40 años, pero ¿cómo ha cambiado el papel del estudiantado en la Universidad?
En paralelo a los cambios legislativos que se han producido y a la propia transformación acelerada de nuestra sociedad, también el estudiantado ha experimentado un cambio importantísimo que percibimos en las aulas y en los órganos de gobierno. El estudiante ya no es solo un «alumno». Es una persona que entiende que tiene que formarse, pero que también tiene que iniciarse en la investigación y aprovechar todos los aspectos de la vida universitaria. Eso ha hecho que los servicios universitarios tengan que multiplicarse: cultura, deporte, voluntariado, sostenibilidad…
El estudiante va a clase, pero también hace deporte, reforesta un parque, colabora con ONGs, asiste a un concierto o se marcha en verano a Senegal a hacer cooperación. Quizás lo más importante también sea que el estudiante cada vez tiene más interés por promover actividades y participar en la toma de decisiones. A todo esto, yo añadiría, además, otra cuestión muy interesante. Desde hace ya algunos años, cuando hablamos del estudiantado universitario, no solo estamos refiriéndonos al estudiante «tipo» que termina su EvAU y se incorpora a los campus, sino a todo ese estudiantado heterogéneo, de mayor edad, que viene a la Universidad tardíamente a estudiar un título o a recualificarse. Presumo que en el futuro los veremos aumentar.
La implantación de la LOSU y el debate mediático sobre las universidades están monopolizados por los temas vinculados al profesorado, a la financiación y al lugar de los Consejos Sociales en la gobernanza ¿Puede cambiarse la Universidad sin el estudiantado?
Por supuesto que no. En el fondo, cuando se habla de financiación, de profesorado o de Consejos Sociales, se habla también para poder prestar el servicio público que principalmente nos corresponde y que es el de formar buenos profesionales y buenos ciudadanos. Cuando se habla en la LOSU de inclusión, de igualdad, de la inspección de los servicios o del bienestar… también se piensa en el estudiantado. El estudiante tiene, necesariamente, que ser la pieza central de nuestro trabajo. Y para que pueda ser así, no solo hay que oírle, sino que hay que escucharle.
Esto pasa por incentivar su participación en los órganos de gobierno y representación. Pero, también, más allá de ellos, por generar canales cotidianos de información y comunicación para que su voz se pueda oír y sus necesidades puedan ser atendidas. Por lo normal, nuestros estudiantes van por delante, porque son ya una generación adiestrada en las nuevas herramientas de comunicación y tenemos que hacer un esfuerzo para incorporar su lenguaje y sus formas de relación.
tenemos que seguir defendiendo una Universidad con valores, dirigida a personas y no a clientes, centrada en el saber, la creación y el descubrimiento
Los movimientos estudiantiles han sido un actor social fundamental en la historia de las democracias occidentales. Temas como el «Me too», la cancelación o la guerra de Gaza, les han devuelto a la actualidad en nuestro entorno ¿Cuál es la situación de los movimientos estudiantiles en nuestro país?
En este punto no creo que estemos en el mejor momento. Existen la inquietud y el compromiso, pero la movilización, en el sentido tradicional, no suele ser lo más habitual. Quizás sí en las universidades más grandes, situadas en núcleos de población más potentes, pero en menor medida en las universidades pequeñas y periféricas. La movilización estudiantil no es algo fácil en estos días en los que al estudiantado se les exige cada vez más rendimiento, más competencias, más éxito formativo…
Las delegaciones de estudiantes tienen un cometido fundamental en la articulación de la Universidad. ¿Cómo podemos hacer que el estudiantado se implique de una manera más directa en la vida universitaria?
Es una tarea difícil, pero en la que hay que perseverar. Lo primero es la pedagogía interna: informar al estudiantado de cómo funciona la Universidad, de qué derechos tiene, de cuáles son los servicios a los que puede acudir y de cómo funcionan sus órganos de representación. En este punto, la mejor forma de animar a la participación es demostrarle que esta sirve para algo, que realmente conduce a la solución de los problemas que les afectan. En muchas ocasiones, he oído decir a los estudiantes que no van a un Consejo de Departamento o a un Claustro porque creen que esos organismos no les conciernen y que, en todo caso, no van a abordar sus problemas. Esta forma de ver las cosas hay que desinstalarla, precisamente demostrando que los órganos de participación son efectivos y resolutivos.
Por otra parte, como señalaba el investigador Antonio Lafuente en la reciente Cocina Cívica del Observatorio ESdES «la deriva hacia la condición de cliente (para el estudiantado) es inquietante y contribuye a imaginar la Universidad como un sector más de la sociedad de consumo» ¿Cómo salimos de esta deriva en la que si el cliente siempre tiene la razón, no hay lugar para la educación?
¡Generando un frente de resistencia! El modelo educativo neoliberal es muy peligroso y puede realmente acabar con una Universidad dedicada a una generación y transmisión del conocimiento libre e independiente. Los que creemos en otro modelo de Universidad, capaz de recoger las tradiciones educativas más humanísticas e integrarlas con la innovación y los desafíos propios de nuestro tiempo, tenemos que seguir defendiendo una Universidad con valores, dirigida a personas y no a clientes, centrada en el saber, la creación y el descubrimiento. Una Universidad que sea disruptiva y referencial. En esto el papel de la Universidad pública, que separa la formación de la productividad económica, es esencial.
el tema del bienestar emocional y de la salud mental de las comunidades universitarias es una cuestión importantísima de la que antes ni siquiera se hablaba y que ahora empieza a estar en todas las agendas
El estatuto del estudiante universitario de 2010 colocó a nuestro país en la vanguardia del reconocimiento de los derechos de los estudiantes. Catorce años después los estudiantes a través de la CREUP señalan su incumplimiento y piden la elaboración de un nuevo marco de relación. ¿Cuáles deberían ser las claves de este nuevo Estatuto?
El tiempo pasa muy rápido y catorce años parecen pocos, pero han sido años de muchísimos cambios. No solo el Estatuto del Estudiante Universitario está obsoleto, sino también muchas normativas internas que le afectan. Con el nuevo marco de la LOSU debe iniciarse un proceso de diálogo que nos permita detectar de forma consensuada qué es lo que hay que cambiar y qué es lo que hay que mejorar, pero también qué cosas nuevas han aparecido en nuestras vidas que tienen que ser atendidas. Por ejemplo, el tema del bienestar emocional y de la salud mental de las comunidades universitarias es una cuestión importantísima de la que antes ni siquiera se hablaba y que ahora empieza a estar en todas las agendas.
La condición de estudiante universitario aparece unida a una etapa de la vida a la que vinculábamos el aprendizaje: la juventud. De hecho, el 85% del estudiantado es menor de 26 años ¿Qué tenemos que modificar para que las universidades sean las compañeras en nuestro aprendizaje a lo largo de la vida?
Me temo que esas cifras tienen ya los días contados. La prospectiva demográfica nos habla de una disminución importantísima del alumnado «joven» en nuestros campus y, de hecho, ya nos estamos preparando para lo que puede ser un cambio de perfil en las próximas décadas. Como he mencionado antes, lo más seguro, al menos en Europa, es que nuestras aulas empiecen a recibir a personas mayores que quieran estudiar un nuevo grado o un máster y a personas que, a cualquier edad, quieran actualizar sus conocimientos, aprender nuevas técnicas o desarrollos… En definitiva, el futuro de la Universidad va a estar cada vez más vinculado al LifeLong Learning y a la recualificación. Para abordar este reto, tendremos que flexibilizarlo todo: programas, metodologías y formatos, horarios, relaciones con el tejido empresarial…
¿En qué podríamos cambiar el actual sistema de acceso y admisión a grado de estudiantes para mejorar la equidad y la autonomía universitaria?
Esta es una pregunta demasiado técnica como para contestarla filosóficamente. En un sistema autonómico como el que mandata nuestra Constitución, las pruebas de acceso tienen que ser coherentes con los bachilleratos que ha cursado el estudiante. Eso, aunque desde algún sector se cuestione, es el primer paso de la equidad. La admisión tiene que garantizar que el estudiante se incorpora a un determinado grado con los conocimientos básicos para poder alcanzar un buen rendimiento. En realidad, lo que falla no es el sistema de acceso o de admisión. Cualquier formato puede tener cosas buenas y cosas malas. Seamos realistas: lo que falla es que la Universidad pública no está ofreciendo plazas suficientes para que los estudiantes puedan acceder a los grados, incluso en aquellos grados que nuestra sociedad necesita, y eso convierte la milésima de la nota en un factor tristemente determinante. Puede parecer sorprendente lo que voy a decir, pero el problema es, en el fondo, un problema de insuficiente financiación del sistema universitario público.
Las prácticas externas son un elemento esencial del derecho a la educación, recientemente, la inclusión en el sistema de Seguridad Social de alumnos que realicen prácticas formativas o prácticas académicas externas ha generado importantes tensiones. ¿Están las universidades públicas en condiciones de garantizar prácticas externas adecuadas y suficientes a todos sus estudiantes?
Hasta ahora lo hemos estado y hemos garantizado que las prácticas sean un periodo auténticamente formativo. Pero, si a esto se siguen sumando nuevas exigencias administrativas y económicas puede que no podamos garantizarlo. La mayor parte de las empresas e instituciones se han negado a asumir la gestión y el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social y las universidades, por nuestro firme compromiso con el estudiantado, los hemos asumido. Si las exigencias se continúan multiplicando, me temo que las empresas volverán a mirar hacia otro lado y las universidades ya no podremos garantizar las prácticas. Este es un tema tan importante que lo que siempre pedimos es que, antes de regular, nos escuchen, que comprendan que las universidades solo queremos lo mejor para nuestro estudiantado, que somos las que más sabemos de esto y que tenemos luces largas para poder adelantar las consecuencias de cada medida.
Si las exigencias se continúan multiplicando, me temo que las empresas volverán a mirar hacia otro lado y las universidades ya no podremos garantizar las prácticas
La Universidad de Sevilla acogió este mes de enero las III Jornadas de CRUE-Asuntos Estudiantiles en las que se debatieron sobre el impacto de la Ley de Convivencia universitaria ¿Está aumentando la conflictividad interpersonal en las universidades?
No. Desde la sectorial no tenemos esa percepción. La Universidad no es una burbuja dentro de la sociedad y por eso nos afectan los mismos problemas que a ella, pero no tenemos ahora mismo indicadores para afirmar que se está produciendo un aumento de conflictividad.
¿Cómo podríamos impulsar a las asociaciones de antiguos alumnos para que tuvieran un papel más relevante en la vida de las universidades?
El tema Alumni tiene que ser gestionado y liderado por las universidades porque, en puridad, somos las que tenemos los datos de los antiguos alumnos y el deber de su protección, tenemos los servicios que pueden interesarles y somos las que institucionalmente podemos darles toda la cobertura a sus inquietudes y sus necesidades. Por ejemplo, en lo que he mencionado antes: una recualificación profesional homologada y supervisada por los Sistemas Internos de Garantía de Calidad. Sin duda, hay que hacer todo esto en colaboración con las asociaciones que ellos puedan generar a título privado, pero lo ideal es que se cree una red de oficinas alumni, como un servicio más de las universidades, llevadas por profesionales técnicos y con todas las garantías de legalidad que proporcionamos las instituciones universitarias.
