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Posiblemente la amenaza más grave a la que se enfrente la Universidad en las próximas décadas sea la de la irrelevancia.
Cuando más necesario parecería el protagonismo de la Universidad en una sociedad que nos avoca al aprendizaje permanente y a la creación de empleos de calidad desde la innovación tecnológica, su perfil se diluye ante los ciudadanos envuelto en controversias internas que la muestran como un ente distante, sino ensimismado, ajeno a los problemas comunes.
Sin duda en la explicación de la pasividad universitaria ante la globalización y mercantilización de la educación superior tiene mucho que ver el deterioro de las condiciones en las que las universidades han desempeñado su servicio público desde la crisis del 2008. Los recortes se llevaron por delante la legalidad, disparando la precariedad del profesorado, degradándose las infraestructuras y resquebrajándose la idea de un proyecto compartido. El COVID, la aceleración del cambio climático y la guerra, no han hecho más que evidenciar y agudizar la situación anterior.
Sorprendentemente el papel que se asigna a la Universidad en los procesos de transición medioambiental y tecnológica que se promueven desde los poderes públicos es marginal. Cuando no se detecta una pretensión ideológica de control, sino de rechazo, de la libertad académica que se manifiesta en el estrangulamiento económico y la sobrerregulación.
La Universidad necesita a la luz de los informes recogidos en este boletín un plan, que bien podríamos llamar de rescate o PERTE, que implique a todas las administraciones. Un plan que permitiera garantizar la sostenibilidad de las universidades y dotarlas de las plantillas, infraestructuras adecuadas y de un propósito social claro.
La pérdida de legitimidad social, y son muchos los actores interesados en que esto suceda, compromete el futuro de la Universidad, y con él el de una sociedad del aprendizaje democrática. |
