Carrera de obstáculos

Madrid, España AGHM

Las personas con discapacidad eligen su formación de acuerdo a las posibilidades de acceso y a los apoyos de que disponen para poder desarrollar su formación, en lugar de elegir ésta en función de sus habilidades, intereses personales, valores, vocación, gustos o salidas laborales. Hay muchos alumnos con necesidades educativas especiales que se ven abocados a abandonar los estudios en la Universidad porque los servicios de transporte o de apoyo en el aula, les son retirados.

JAVIER FONT


Para hablar del acceso de las personas con discapacidad a la universidad hay que repasar la historia de estas personas, desde que se incorporan al sistema educativo, hasta que alcanzan esa difícil meta que es para muchos, su acceso a los estudios universitarios. 

No es entendible, cuando existe un marco legal tan potente como el de nuestro país para apoyar a las personas con discapacidad en su integración que, a mitad del camino, se les eliminen los apoyos que necesitan para poder continuar con su formación. No podemos perder la perspectiva de que la educación es la base fundamental para conseguir la autonomía personal de cualquier ser humano, más aún, si hablamos de personas con necesidades distintas como es el caso de las personas con discapacidad. 

Desde la educación primaria, pasando por la secundaria, existe una importante carencia de recursos tanto humanos como técnicos, que dificultan la participación y la integración de los menores estudiantes y su aprendizaje.

Es importante recordar que los alumnos con discapacidad tienen unas necesidades educativas especiales, fundamentalmente debido a su situación personal. Por ejemplo, mientras que un menor sin discapacidad puede realizar una vida normal en el entorno escolar, un menor que tiene discapacidad necesita de una serie de recursos humanos como el maestro de audición y lenguaje, el fisioterapeuta, el técnico de apoyo e incluso el DUE, que son fundamentales para su aprendizaje, para su participación, su integración y, en consecuencia, para su permanencia en el sistema educativo.

la Convención internacional de los derechos de las personas con discapacidad, avala el derecho de las personas con discapacidad a la educación en igualdad de condiciones con el resto del alumnado

En este sentido, distintas normativas, incluso la Convención internacional de los derechos de las personas con discapacidad, avalan el derecho de las personas con discapacidad a la educación en igualdad de condiciones con el resto del alumnado, sin embargo, esta falta de recursos impide que este derecho sea disfrutado por los discentes con discapacidad de forma plena.

Para entenderlo bien, en muchas ocasiones las necesidades de apoyo son vitales, tanto, como tener a alguien que pueda ayudarles a ir al baño, o de apoyo con la toma de apuntes, e incluso en la interacción con el resto del alumnado con y sin discapacidad. Estas necesidades pueden ser cubiertas a través de la figura del asistente personal, por cierto, una figura reconocida en la ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia pero totalmente desconocida. Una figura que, si se diera a conocer por las distintas administraciones, cambiaría la vida de miles de personas con discapacidad y, especialmente, de los alumnos que quieren terminar su formación.

Las familias sufren un auténtico periplo y se convierten en aventureros, no por elección, para que sus hijos finalicen la educación obligatoria. Incluso cuando los alumnos llegan a acceder a la universidad, las familias tienen que sacrificar su situación laboral y personal para que sus hijos puedan formarse y puedan tener una vida medianamente aceptable y autónoma en el futuro.

Mientras, las distintas administraciones miran para otro lado y, junto con la falta de claridad de sus competencias en las universidades, hacen que la solución a los problemas de las personas con discapacidad en el ámbito universitario sea muy difícil. Como falsa solución, suelen derivar los problemas a servicios sociales para quitarse de en medio y, en realidad, lo que consiguen es marear la “perdiz”. 

la figura del asistente personal reconocida en la ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia cambiaría la vida de miles de personas con discapacidad y, especialmente, de los alumnos que quieren terminar su formación

Especialmente se señala a la Dirección General de Universidades por ser parte de la solución que mira para otro lado cuando se trata de resolver los problemas de estos estudiantes alegando, incompresiblemente, que no tiene competencias para ello. Por otro lado, las ayudas públicas que se destinan a alumnos universitarios con discapacidad, alcanzan cuantías irrisorias que apenas cubren los gastos del primer mes de inicio del curso.

Las ayudas al transporte, como instrumento de acercamiento a las universidades para las personas con serios problemas de movilidad reducida son prácticamente inexistentes, lo que hace imposible que estos alumnos puedan elegir la modalidad presencial. Es decir, las personas con discapacidad eligen su formación en base a las posibilidades de acceso y de los apoyos que se encuentren para poder desarrollar su formación, en lugar de elegir ésta en función de sus habilidades, intereses personales, valores, vocación, gustos o salidas laborales.

En definitiva, muchos alumnos son expulsados del sistema, lo que los llevará a la exclusión o a la pobreza cuando menos y a convertirles en meros perceptores de prestaciones y servicios asistenciales, así como en carne de cañón, para acabar institucionalizados en una residencia.

Mientras tanto, se hacen tibias acciones de cara a la galería como crear oficinas de atención a las personas con discapacidad en el ámbito de la universidad. Muchas de ellas tienen esta oficina, pero se siguen percibiendo quejas de personas con discapacidad que no son atendidas adecuadamente con la celeridad que se requiere para que no se obstaculice su aprendizaje.

se hacen tibias acciones de cara a la galería como crear oficinas de atención a las personas con discapacidad en el ámbito de la universidad

En este sentido, hay que trabajar en la sensibilización del profesorado y de toda la comunidad educativa en el conocimiento de las distintas discapacidades a fin de que puedan tratarlas de la mejor manera posible y facilitar así la finalización de los estudios y en consecuencia, facilitar su acceso al mercado laboral. Será entonces cuando hayamos conseguido que estas personas se sientan realizadas como cualquier otra y puedan producir un retorno positivo a la sostenibilidad del sistema, en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos. 

Son necesarias políticas encaminadas a no eliminar los recursos necesarios que las personas con discapacidad necesitan para poder formarse en todas y cada una de las etapas educativas.

Es necesario un cambio de la normativa autonómica para que los apoyos, tanto humanos como técnicos, no sean retirados al finalizar la etapa obligatoria, ya que hay muchos alumnos con necesidades educativas especiales que se ven abocados a abandonar los estudios porque los servicios de transporte o de apoyo en el aula, les son retirados, al interpretar la propia administración que ya no están obligados a proporcionarlos, cuando existe un marco legal como la Convención nombrada anteriormente, la propia Constitución, el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación o el Decreto 63/2019, de 16 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la ordenación y organización de la formación profesional en la Comunidad de Madrid, que está encaminado a promover la integración de las personas con discapacidad en el ámbito educativo, en todas y cada una de sus etapas por lo que, mirar para otro lado, no es más que la máxima expresión de que no hay ningún compromiso político para que esto cambie.

Nuestras demandas son históricas y siempre están encaminadas a las mismas reivindicaciones: la falta de recursos tanto humanos como técnicos. En consecuencia, existe una necesidad importante de invertir en la educación de todos, especialmente en la de aquellos que más apoyos necesitan para poder vivir en igualdad de condiciones.


JAVIER FONT Presidente de FAMMA Cocemfe Madrid

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