» Las personas que ocupan el cargo de defensor/a no tienen capacidad ejecutiva y su actuación no se basa en su potestas sino en su auctoritas. Su herramienta es la palabra y su trabajo se apoya en la capacidad de hacer llegar a las partes de un conflicto los argumentos del otro, aportando una mirada distinta sobre el problema planteado, que pueda derivar en la propuesta de una solución adecuada y satisfactoria para las partes» señala la Presidenta de la Conferencia Estatal de Defensores Universitarios(CEDU), Milagros Alario Trigueros
Entrevistamos a Milagros Alario Trigueros, Presidenta de la Conferencia Estatal de Defensores Universitarios (CEDU), reelegida Defensora Universitaria de la Universidad de Valladolid (UVA) en mayo de 2021. Es profesora de Geografía en la Facultad de Filosofia y Letras de la UVA y su ámbito de investigación es la Geografía Rural siendo en los últimos años dentro del Grupo de Investigación Reconocido y de Excelencia «Mundo Rural» dedicado al estudio de los paisajes agrarios, rurales y patrimoniales.
Señala que pese a los esfuerzos de todos los defensores/as todavía son bastante desconocidos, especialmente entre el estudiantado. Aunque sí que han observado que se llega a ellos cuando hay algún problema. Es una tarea pendiente en la mayoría de las universidades: dar a conocer la figura del defensor universitario y sobre todo, las funciones de las defensorías.
En un entorno hiperregulado como es el de las universidades españolas, ¿qué espacio queda para la ética?
La ética es la base del funcionamiento de la sociedad y, por supuesto, de la universidad. De hecho, el desarrollo normativo que regula su funcionamiento se basa en principios éticos básicos (transparencia, honestidad, confidencialidad, respeto…). Ética y universidad van indisolublemente unidas, tanto por lo que ésta supone de base fundamental en la formación de los egresados como por ser la inspiradora de su funcionamiento como ente de educación superior y, en buena parte de los casos, organismo público fundamental.
Siempre ha sido así y, hasta ahora, no parecía necesario escribirlo expresamente pero, en los últimos años, para que estos principios sean más claros y explícitos, la mayoría de las universidades hemos elaborado y publicado nuestros Códigos Éticos, donde se enumeran y explican estos principios y, dando un paso más, se habilitan procedimientos de control para su cumplimiento.
La ética es la base del funcionamiento de la sociedad y, por supuesto, de la universidad. De hecho, el desarrollo normativo que regula su funcionamiento se basa en principios éticos básicos (transparencia, honestidad, confidencialidad, respeto…). Ética y universidad van indisolublemente unidas
Son varias las universidades que en los últimos años se han dotado de códigos éticos específicos. ¿Cuál es su opinión?
Pues, creo que no debería haber sido necesario llegar a tener que explicitar en un documento lo que siempre se ha considerado la forma “normal” que debe regir la vida universitaria, pero no me parece una mala opción dejar claramente expresados estos principios para poder esgrimirlos ante situaciones de conflicto y, sobre todo, para hacer consciente a la comunidad universitaria de la necesidad de respetar al otro y trabajar desde la honestidad y la búsqueda de la eficacia y el respeto hacia lo público y los bienes comunes, promoviendo la aplicación de buenas prácticas que faciliten alcanzar esos principios.
Quizás, habría que explicar esta decisión en la tendencia, generalizada en las últimas décadas, a normativizar cualquier cuestión, mediante, protocolos o reglamentos.
Son documentos donde cada universidad, en función de sus características y compromiso con la sociedad que la ampara, establece los fundamentos del “deber ser” para orientar las actuaciones de todos los miembros de su comunidad universitaria, destacando aquellos principios que se consideran básicos para su funcionamiento correcto.
Aunque la gran mayoría comparten los principios fundamentales de la ética (respeto, honestidad, igualdad, excelencia…) se van incorporando y/o desarrollando algunos ajustados a las nuevas exigencias sociales, como la sostenibilidad. Se desarrollan cauces de denuncia y órganos encargados de velar por su cumplimiento, lo que convierte un compromiso moral en una obligación para todos los miembros de la comunidad universitaria.
Desde su experiencia como Defensora universitaria ¿Qué lugar le corresponde a la mediación y a la conciliación en una institución como la Universidad que encuentra su razón de ser en el diálogo?
Pues entiendo que tiene un papel central en la prevención y resolución de conflictos y en el mantenimiento de un clima de trabajo respetuoso, relajado y cordial. En un universo donde las opciones ideológicas son contrastadas, y todas respetables, y la libertad es la base de las relaciones, debe desarrollarse una cultura del respeto al otro y, en este marco, el diálogo es fundamental para prevenir y atenuar conflictos.
El intercambio de opiniones que facilite la asunción de responsabilidades individuales y el reconocimiento, aunque sea crítico, de otras posturas contrarias, puede ayudar a mejorar el clima de convivencia y desarrollar, además, el espíritu crítico y la responsabilidad, que son objetivos básicos de la universidad.
Por lo que se refiere a las defensorías, hay que partir del hecho de que las personas que ocupan el cargo de defensor/a no tienen capacidad ejecutiva y su actuación no se basa en su potestas sino en su auctoritas. Su herramienta es la palabra y su trabajo se apoya en la capacidad de hacer llegar a las partes de un conflicto los argumentos del otro, aportando una mirada distinta sobre el problema planteado, que pueda derivar en la propuesta de una solución adecuada y satisfactoria para las partes. Como indica nuestro lema, el defensor trabaja con los principios de “Más justicia que derecho”; “Más autoridad que poder” y “Más humanismo que burocracia” (Juncosa, 1996)
el defensor trabaja con los principios de “Más justicia que derecho”; “Más autoridad que poder” y “Más humanismo que burocracia”
Más de 30 años después de constituirse la primera defensoría universitaria en España por la UCM, ¿cree que es una institución conocida y valorada por la comunidad universitaria?
La obligación de contar con una defensoría que estableció la LOU ha hecho que, poco a poco, se haya normalizado e integrado en las universidades españolas la figura de defensor/a de la comunidad universitaria.
Aunque su desarrollo no ha sido igual en todos los casos, desde reconocida y potenciada en unos a simplemente asumida en otros, las defensorías se han ido ganado un sitio en el diagnóstico y la resolución de conflictos dentro de la universidad, siempre con base en el uso de la empatía, el diálogo y el convencimiento por encima de la rigidez normativa y de gestión.
Por lo que se refiere al grado de conocimiento de la defensoría por la comunidad universitaria, creo que, a pesar de los esfuerzos de todos los defensores/as, aún somos bastante desconocidos, especialmente entre el estudiantado. Sin embargo, constatamos que, cada vez más, se va difundiendo este conocimiento y, sobre todo, que se llega a nosotros cuando hay algún problema, pero la difusión de la existencia y, sobre todo, las funciones de las defensorías constituyen aún hoy una de las cuestiones pendientes en la mayor parte de las universidades.
¿Cuáles son los temas más representativos que llegan a los defensores universitarios?
Teniendo en cuenta que en el conjunto de miembros de la comunidad universitaria el mayor peso lo tienen los estudiantes, seguidos del Personal Docente e Investigados y el Personal de Administración y Servicios es comprensible que, cuantitativamente, el mayor peso de casos tratados en las defensorías se corresponda cos cuestiones de carácter académico que afectan al estudiantado, especialmente relevante son las disconformidades con la forma de calificar, los incumplimientos de los criterios establecidos en las guías docentes de las asignaturas, así como quejas por falta de profesorado.
A los temas académicos le siguen los vinculados a problemas administrativos (gestión de expedientes, traslados, reconocimientos académicos, anulaciones de matrículas….). Por lo que respecta al PDI los temas más relevantes están relacionados también con cuestiones académicas y de organización docente (horarios, asignación de docencia…), mientras que en el colectivo del PAS priman problemas de carácter laboral no bien regulados en las normas existentes.
Cualitativamente hay que destacar el papel de los casos relacionados con conflictos generados por malas relaciones personales, destacando, por su gravedad, las faltas de respeto entre miembros de la comunidad universitaria, con todas las variantes imaginables (PDI a PDI; PDI a estudiante; estudiante a PDI; PAS/PDI y viceversa; estudiantes/PAS y viceversa…).
También en cada curso surgen problemas específicos que adquieren importancia de forma generalizada en las defensorías, como está ocurriendo en los últimos años con la gestión del acceso a las titulaciones de ciencias de la salud, las homologaciones de títulos…
¿Qué relación tiene la defensoría universitaria con los “stakeholders” de la universidad?
Pues , como parte de la institución encargada de velar por los derechos de los miembros de la comunidad universitaria y de cualquier persona que se vea afectada por las decisiones de la universidad, obviamente tiene una responsabilidad con los agentes internos y con algunos colectivos sociales. Entre los agentes internos, las autoridades académicas (desde el Rector/a hasta los directores de departamento, los coordinadores/as de título y, por supuesto, todos los responsables de servicios de gestión de las universidades son interlocutores constantes de las defensorías, receptores de sus informes y recomendaciones y partes activas en la resolución de los conflictos que debe resolver.
Con el resto de los agentes no existe relación institucional formalmente establecida pero las defensorías mantienen relaciones basadas en el reconocimiento de la independencia y el respeto con los Consejos Sociales, y otros agentes responsables de la gestión universitaria (administraciones regionales en las públicas y empresas en el caso de las universidades privadas).
Las defensorías de cada universidad tenemos vías propias de recepción de quejas y solicitudes de intervención que pueden solicitarse en cualquier momento procedimental y cuentan con la garantía absoluta de confidencialidad en su tratamiento
¿Cuál es su valoración sobre el impacto del movimiento Mee too en las universidades españolas?
Aunque todavía estamos lejos de una situación en la que se pueda hablar de normalidad en las denuncias y de transparencia en la visibilidad y abordaje de las cuestiones relacionadas con el acoso y discriminación por razón de sexo y con la violencia de género, es indudable que se va avanzando en estas cuestiones. Ha sido notable el despliegue de protocolos y normas para prevenir y abordar el tratamiento de estos problemas en las universidades españolas, así como la puesta en marcha de órganos expresamente orientados a trabajar en este sentido, como las unidades de igualdad, presentes ya en más de dos tercios de las universidades.
Un avance institucional que, sin embargo, no ha conseguido ganar la confianza de las mujeres afectadas por estos problemas, lo que se traduce en un número de denuncias y activación de protocolos muy por debajo de lo que se estima que son los casos reales. La falta de confianza en un sistema complejo y aún lastrado por un fuerte corporativismo, la presión del entorno y el verse señalada por los compañeros del acosador (incluso por sus propios compañeros) y la idea de que no vale la pena porque los procedimientos se alargan, a veces, más tiempo del que la estudiante afectada va a permanecer en la universidad, conducen a esta falta de denuncias.
Este es uno de los grandes retos de las universidades, que incluye a las defensorías: promover la confianza y apoyar a las personas que sufren estas situaciones de acoso por razón de sexo o discriminación de género para que denuncien y permitan a las universidades aplicar medidas de corrección. Sin olvidar, por supuesto, la labor de prevención y formación en igualdad, que debería constituir un pilar básico de toda la formación universitaria.
En una organización regida por el principio de autonomía en el ámbito institucional, y por la libertad de cátedra en el personal. ¿Qué capacidad de dar una respuesta efectiva tiene el defensor universitario?
Hay que partir del principio de que la libertad de cátedra no es absoluta ni ilimitada. Está circunscrita a los objetivos de la universidad y limitada por los derechos reconocidos en nuestras leyes y los principios éticos de cada universidad. En este marco y dado que el papel de las defensorías es velar por la justa aplicación de estos principios y normas a los miembros de la comunidad universitaria, obviamente su capacidad de actuación es importante. Puede detectar incumplimientos, excesos en el principio de libertad de cátedra y su afecciones negativas en los estudiantes o compañeros, con objeto de intervenir para proponer una modificación del comportamiento y recomendar medidas que lo solucionen.
A veces da la sensación de que la Universidad fuera una institución bajo sospecha. ¿Cuál es el espacio que le corresponde al defensor universitario entre la Inspección de Servicios, los delegados de igualdad o la comisión de convivencia?
Pues, obviamente, el papel de las defensorías respecto a estos órganos/unidades es el de colaboración absoluta. Acompañando sus actuaciones bien intentando mediar antes de que surja el conflicto, colaborando en la fase previa a la apertura de expedientes sancionadores (inspección de servicios), trabajando en la sensibilización y vigilancia sobre los principios éticos de igualdad, o participando, generalmente con voz pero sin voto, en la comisión de convivencia.
Este es uno de los grandes retos de las universidades, que incluye a las defensorías: promover la confianza y apoyar a las personas que sufren estas situaciones de acoso por razón de sexo o discriminación de género para que denuncien y permitan a las universidades aplicar medidas de corrección.
¿Cómo deberían funcionar los canales de denuncias impulsados por la UE en el ámbito universitario?
Hace muchos años que todas las universidades tienen establecidos diferentes canales para presentar quejas y denuncias de mala praxis. La normativa nacional y europea abunda en este derecho de las personas a denunciar cualquier incumplimiento conocido y comunicado de buena fe. Sin embargo, la proliferación de normas y órganos responsables de su cumplimiento ha ido complicando las cosas y hoy no es extraño encontrar varios canales de denuncias en cada universidad, lo que, sin duda, complica su gestión y correcta resolución manteniendo la obligada confidencialidad en cada caso.
Esta situación se ha venido a complicar todavía más con la DIRECTIVA (UE) 2019/1937 (Directiva Whistleblowing) que obliga al establecimiento de un canal de denuncias anónimas, relativas al incumplimiento y mala gestión de los fondos públicos (normativas antifraudes en todas las universidades).
En este momento uno de los problemas de las universidades es cómo establecer la recepción y gestión coherente de todas esas vías de denuncia con soluciones aún no generalizadas.
Las defensorías de cada universidad, sin apartarnos de tratar aquellos temas que lleguen por los canales generales establecidos y puedan afectarnos, tenemos, al margen de todo lo indicado, vías propias de recepción de quejas y solicitudes de intervención que pueden solicitarse en cualquier momento procedimental y cuentan con la garantía absoluta de confidencialidad en su tratamiento.
La gestión de la calidad se ha convertido en una actividad muy demandante que tiende a justificarse en sí misma. Sino ajena a los resultados reales de los estudiantes, al menos distante. En este escenario ¿Que puede puede hacer el defensor para promover que la calidad se referencie a la experiencia de los alumnos?
El compromiso con la calidad de las universidades es una manifestación más del cumplimiento de sus principios, entre otros los principios éticos de compromiso, excelencia, honestidad, igualdad y respeto entre personas. En ese sentido, obviamente, el papel de las defensorías es importante ya que, como he indicado antes, son un elemento crucial en el proceso de velar por su correcta aplicación.
La calidad en la universidad es fruto de una labor colectiva y, siempre que haya personas implicadas, allí estará la defensoría.
El compromiso con la calidad de las universidades es una manifestación más del cumplimiento de sus principios, entre otros los principios éticos de compromiso, excelencia, honestidad, igualdad y respeto entre personas
Desde hace diez años está en funcionamiento la Confederación Española de Defensores Universitarios que ahora usted preside. ¿Qué valor aporta al sistema universitario español esta asociación?
En realidad hace ya algo más de 15 años que, en el Encuentro Estatal de 2007 se acordó la puesta en marcha de la denominada entonces Conferencia Estatal de Defensores Universitarios que en 2021 ha modificado su denominación a Conferencia Estatal de Defensorías Universitarias. Con 73 universidades asociadas en 2022 en un espacio de colaboración y coordinación entre las defensorías y todos sus miembros.
La CEDU permite y fomenta el intercambio de opiniones y la formación, mediante el debate, de todos los miembros de las defensorías, a través de sus reuniones sistemáticas que son una jornada técnica y un encuentro anual. Se ha desarrollado, además un sistema de colaboración en red para intercambiar experiencias y pedir asesoramiento a otros compañeros en referencia a algunos casos de difícil abordaje individual o que se producen de forma reiterada en varias universidades.
Su estructura cuenta con una presidencia y una comisión ejecutiva elegidas cada dos años, posibilita la colaboración y la interlocución con otras instituciones y organismos, desde el Ministerio de Universidades, al Defensor del Pueblo, CRUE, o asociaciones de interés como CERMI o CREUP, con quien tenemos colaboraciones establecidas.
¿Qué significado tiene para usted hablar de una universidad de los cuidados?
Desde el momento en que hablar de la labor de las defensorías es hablar del compromiso con las personas que conforman la universidad, es obvio que nuestra prioridad es su bienestar y velar porque sean tratadas justamente.
En el marco de un modelo de universidad orientada fundamentalmente a formar profesionales podría haber un sesgo que priorizara los resultados de eficiencia sobre el cuidado de las personas pero, afortunadamente, hay una conciencia cada vez mayor sobre la importancia del cuidado, especialmente de las personas vulnerables de la comunidad universitaria, lo que se traduce en la preocupación cada vez mayor por atención a la igualdad y la diversidad, los problemas de salud mental…y la puesta en marcha de servicios de atención específicos: unidades de igualdad y diversidad, gabinetes psicológicos, servicios de asuntos sociales. Una línea en la que, desde CEDU, creemos que hay que seguir avanzando porque no solo ayuda a mejorar la universidad sino que contribuye a reducir los conflictos, muchos de los cuales derivan de la existencia de problemas en algunas de estas cuestiones.
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